El camino judicial de Martín Llaryora, candidato a intendente del espacio Hacemos Por Córdoba, que empezó en la Junta Electoral Municipal puede llegar al máximo órgano judicial de la Nación. Hasta el momento, tres instancias se manifestaron sobre si Llaryora está o no habilitado para ser candidato en la ciudad. Desde la Junta Electoral Municipal se expidieron en contra de su candidatura al asegurar que Llaryora no pudo acreditar residencia en la ciudad de Córdoba entre mayo y diciembre del 2015.
Según la carta Orgánica Municipal para estar habilitado tiene que asegurar residencia continua e ininterrumpida durante los cuatro años anteriores a la fecha de elección. Luego, la jueza electoral Marta Vidal habilitó al candidato al entender que “posee residencia continua e inmediata a la elección desde el año 2014 en que alquiló por primera vez en Córdoba hasta la fecha, la que no se encuentra interrumpida”.
En las últimas horas, en un dictamen no vinculante -pero para algunos que va inclinando ‘la cancha’ a favor de Llaryora- la fiscal de Cámara María Soledad Puigdellibol se pronunció a favor de habilitar al ex intendente de San Francisco.
En su dictamen detalla: “En definitiva, estimo que no es razonable sostener, tras la valoración integral de la prueba producida, que el Sr. Llaryora, de extensa carrera y trayectoria política en toda nuestra Provincia, carezca de residencia en la ciudad de Córdoba y no tenga conocimiento de las necesidades reales, condiciones políticas, sociales y económicas imperantes en la misma, aún cuando por breves lapsos temporales se hubiese ausentado para prestar otros servicios, pues esta circunstancia no le quita la residencia que ha logrado acreditar en esta ciudad”.
Los caminos a seguir. En los próximos días, la Cámara Contencioso de 2ª Nominación tendrá que emitir su propia resolución a la impugnación. Esa Cámara hoy tiene una integrante menos, la jueza Cecilia María de Guernica, quien se apartó luego de comprobarse que fue aportante al PJ en las elecciones del 2013. También fue recusada sin causa otra integrante de esta cámara, la jueza María Inés del Carmen Ortiz de Gallardo, aunque es poco probable que ese recurso prospere.
Es posible que antes de Semana Santa, Ortiz de Gallardo y Humberto Sánchez Gavier estén en condiciones de expedirse. Sin importar el contenido del fallo de la Cámara, todos los caminos conducen al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que, de antemano, ya tiene su primer apartado.
Se trata del vocal Sebastián López Peña, quien según pudo establecer PERFIL CORDOBA ya se excusó de intervenir en un eventual fallo sobre Llaryora, al menos por dos motivos: también aparece como aportante al PJ en las elecciones del 2013, y por haber compartido estudio jurídico con Justo Casado, uno de los abogados de Llaryora.
Para quienes están impulsando la impugnación, los tiempos del TSJ serán clave para poder llevar el caso a la Corte Suprema. El Tribunal Superior tiene un plazo de hasta 7 días antes de la elección para expedirse, y aunque confían en que la justicia de Córdoba los habilite, desde el entorno de Llaryora aseguran “una semana antes de las elecciones vamos a estar en ascuas”.
Desde Córdoba Cambia si bien admiten que todo depende de la celeridad de los vocales del TSJ, reafirman que la intención es llevar el recorrido judicial de la impugnación lo más lejos posible. Aunque también son escépticos respecto a los tiempos de la justicia de Córdoba: “Si todo se dilata, pasado el 12 de mayo, ya no habrá nada que hacer”.
En la judicialización de la candidatura de Llaryora los tiempos políticos son clave, no solo para que el peronismo recupere la Capital, sino también por el “efecto arrastre” que puede lograr el gobernador Schiaretti en este distrito el próximo 12 de mayo. Si, tal como indican las encuestas más serias que circulan, Llaryora logra un 30% de los votos (o un número aproximado), el peronismo estaría más cerca de lograr un triunfo a nivel provincial.
