Con los datos estadísticos aportados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que se realiza de manera trimestral en todo el país, se puede determinar cómo se distribuyó la asistencia social en el Conglomerado Córdoba.
“La metodología de medición de la EPH incluye solamente a 20 ciudades de Córdoba y sólo tiene en cuenta las ayudas monetarias directas de los gobiernos. Sin embargo, permite estudiar el impacto de los planes sociales en los niveles de pobreza por ingresos”, advirtió el economista, docente e investigador Juan Pablo Carranza.
Entre el segundo semestre de 2019 y el mismo período de 2020, la pobreza en Córdoba pasó del 37% al 44%. Eso significa que hubo 584.000 personas bajo la línea de la pobreza en 2019 y un año después, la cifra se elevó a 687.000.
“Si no hubiese habido subsidios del Estado la cantidad de personas pobres se habría elevado a 612.000 y 785.000 respectivamente. Esto significa que el impacto de la asistencia monetaria logró bajar el nivel de pobreza por ingresos del 39% al 37% en 2019 y del 50% al 44% en 2020”, explicó Carranza.
El impacto en los hogares
Llevado a nivel de los hogares relevados por la EPH, un análisis similar indica que en 2019 había 82.000 hogares que recibían algún tipo de asistencia social directa, de los cuales 60.500 eran pobres (el 73,7%), y un año después fueron 181.000 los que recibieron ayuda estatal, de los cuáles 98.000 eran pobres (54,1%).
“En este punto se puede poner en discusión la eficacia de la ayuda social, ya que de los 181.000 hogares que recibieron asistencias durante la pandemia, 52.000 podrían no haber percibido subsidios y sin embargo no habrían caído en la pobreza”, aseguró Carranza.
Según indicó el especialista, este ejercicio teórico no significa que las familias asistidas no hayan necesitado la ayuda social en medio de la crisis generada por la pandemia. Pero advierte que “si se redistribuyeran los montos de dinero asignados a hogares que, presuntamente no los necesitaban para no ser considerados pobres, y se los repartiera entre aquellos que sí los requerían, se hubieran sacado de la pobreza a unas 8.800 familias”.
En ese sentido, Carranza admite que “las entregas de las ayudas se rigen por criterios y parámetros específicos para evitar una eventual discrecionalidad y clientelismo político en la asistencia”.
“Entre otras cosas, el problema de la eficiencia en Argentina está ligado al nivel de informalidad de la economía, que ronda el 40%, y a la falta de datos certeros respecto de ingresos. Esto genera distorsiones en las estadísticas que conspiran contra la eficiencia del Estado a la hora de llegar de la mejor manera posible a los sectores más necesitados. Algo que podría ser tenido en cuenta por quienes diseñan los planes sociales para evitar incongruencias”, concluyó Carranza.
