La difusión de la noticia sobre un encuentro entre Martín Llaryora y Mauricio Macri ha provocado un terremoto político en el peronismo cordobés, pero especialmente en Juntos por el Cambio, donde ya temen que Macri pueda llegar a reunirse en los próximos días con Axel Kiciloff, el Muñeco Gallardo o el Oso Arturo, este último en representación de Marcelo Tinelli. Una psicoanalista amiga me dijo que esta actitud del expresidente podría estar vinculada con una nueva patología definida como “pulsión de selfie”, que lleva a quien la padece a sacarse una foto abrazado con el primero que se le cruce, ya sea un recolector de basura, una estatua viviente o el médico que lo está auscultando en la terapia intensiva.
De todas maneras, ninguna de estas explicaciones podría tranquilizar a Luis Juez, a quien después de tratar a los argentinos de “pueblo de mierda” le habrían ofrecido tramitar la ciudadanía en la República de San Vicente. Según versiones de su círculo íntimo, tras enterarse del diálogo del intendente cordobés con el jefe del PRO, Juez habría iniciado una cadena de puteadas que se habría extendido a lo largo de 50 minutos, luego de lo cual se habría mantenido varias horas en posición de loto, sosteniendo una respiración profunda. Recién entonces logró contener su furia y salió a decir a la prensa que “no es normal reunirse con el enemigo”, una frase indigna de su repertorio de exabruptos.
Mientras tanto, el resto de los socios de la coalición opositora no sabe si Macri acordó un pacto con Hacemos por Córdoba, si tan solo recibió a Llaryora por una cuestión protocolar o si le pidió consejos sobre el tema de la economía circular, para ver si consigue reciclar en las próximas elecciones algunos candidatos que ya habían quedado descartados. Desde el Palacio Municipal no hubo declaraciones sobre esta insólita incursión del titular del Departamento Ejecutivo, porque allí están muy ocupados recibiendo la visita de los precandidatos del PJ a la intendencia: ahora también se postuló el Pichi Campana, que basaría su campaña en enseñarle a los cordobeses a embocar la basura en los cestos.
En la Legislatura, se aprobó con rapidez inusitada la suspensión de Oscar González, de un modo tan expeditivo que muchos se ilusionaron con que al fin había habido acuerdo entre los bloques para que no se recurriera a golpes bajos en el debate. En realidad, hubo coincidencia… en terminar la sesión antes del partido de Argentina con Polonia. Tuvieron tiempo además para renovar las licencias de los legisladores que están ocupando cargos en el gobierno provincial y en el Congreso nacional. Algunos de los cuales no han llegado a sentarse jamás en su banca y quizás, si tuviesen que volver a esa función, deberían ser informados de que el cuerpo legislativo sesiona en el Centro Cívico y no en Deán Funes y Rivera Indarte.
A la par de poner paños fríos en el frente abierto por el accidente que protagonizó González, desde El Panal enviaron a la ministra de Salud, Gabriela Barbás, a apaciguar los ánimos de los trabajadores de esa área que estaban más calientes que Edinson Cavani. Que la funcionaria negociara con un sector no alineado con la conducción del SEP, puso en alerta al titular de ese sindicato, José Pihen, quien pidió la reapertura de paritarias, aunque evitó hablar de ‘cláusula gatillo’, tal vez para no herir la sensibilidad de la policía provincial. También la Uepc aprovecharía esa brecha para presionar por el aumento; o al menos para que el financiamiento oficial les permita comprar los trajes y vestidos que los docentes deben usar en las fiestas de egresados.
Pese a que Barbás informó a los representantes del personal de salud que se les iba a otorgar un incremento de sueldos, no todos están satisfechos con la oferta y hay muchos que persisten con las medidas de fuerza por tiempo indeterminado. Se habría dado el caso de una paciente a que para sacarse un tapón de cera del oído deberá esperar hasta diciembre de 2025, en tanto que un hombre al que le vienen postergando desde hace meses el turno para una vasectomía, ya habría tenido que solicitar otro para la cesárea de su esposa. Facultativos y enfermeros reclaman que, así como los aplaudían durante la pandemia, no los obliguen ahora a pasar la gorra.
(*) Sommelier de la política
