El viernes 14, la firma Meade radicó una denuncia penal en la fiscalía 1 turno 2 a cargo de Guillermo González contra funcionarios de la municipalidad de Villa Carlos Paz y las autoridades de la Administración Provincial de Recursos Hídricos que depende del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. La denuncia es por usurpación, daño, daño ambiental, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa procesal luego de que se constatará que empleados del municipio de Villa Carlos Paz ingresaron a un predio privado que colinda con el lago San Roque, abrieron una calle de un kilómetro y medio e hicieron trabajos de desmonte a los fines de parquizar e instalar un parador para eventos. Para los abogados de la empresa se trata de un caso grave en que funcionarios de la municipalidad, a instancias del ente provincial que administra y planifica los recursos hídricos, gestaron una serie de maniobras para tomar posesión y permitir la explotación comercial del predio de un privado, de forma intempestiva y sin un proceso legal pertinente, como podría ser la aplicación de un mecanismo de expropiación de los terrenos.
Según los abogados de la empresa las tierras sobre las que las autoridades municipales intentaron montar un parador para eventos y fiestas electrónicas son las cotas 35 y 36 sobre la costa del Lago, las mismas en las que durante muchos años funcionó el parador Bahía Los Mimbres y que atraía a buena parte del ‘jet set’ de Punilla. Pero que hoy son parte, afirman, del terreno de 25 hectáreas propiedad de la empresa, al igual que el terreno por donde se avanzó para habilitar una calle. “A fines de diciembre los dueños de la tierra, una empresa desarrollista, son avisados por los vecinos, de que habían ingresado maquinarias de la municipalidad para abrir una calle y armar un parador. Cuando llegamos constatamos y certificamos con escribano público que se rompieron cercos perimetrales y candados, se ingresó con maquinaria y se desmontó el predio de un privado. Todo sin autorización de los dueños y con un permiso provisorio que otorgó el Aprhi”, señalaron.
“Por lo que pudimos reconstruir el 10 de diciembre del año pasado se creó la Asociación Civil el Biguá del Lago, que no sabemos quiénes son, pero que tres días después lograron un permiso precario del Aprhi para que puedan hacer uso de las cotas del lago. Y el brazo ejecutor fue la municipalidad de Villa Carlos Paz. En su resolución, el Aprhi se apoya en un decreto del año 1969 que señala que las cotas 35 y 36 son susceptibles de expropiación. Pero que sean susceptibles de expropiación no habilita a que el Estado ingrese, todo el proceso que implica una expropiación acá no se hizo”, afirman desde la empresa.
Un error. Sin respuestas oficiales, un funcionario de la municipalidad envió un WhatsApp a uno de los dueños señalaron que todo había sido un error del maquinista. Para los demandantes suena poco creíble, a la vista que se valieron de un permiso precario para ingresar y coloc a ron car teles con la leyenda “espacio de dominio público”, en el terreno del privado. “La expropiación es una herramienta del derecho administrativo perfectamente delimitada, una restricción que se hace al dominio privado. Debe tener un objeto público, un beneficio para el bien público y una retribución según una tasación pública. Es muy bizarro. En la denuncia penal pedimos al fiscal que investigue cómo, por qué y quienes tomaron estas decisiones. Ahora estamos con guardias privados en el predio porque creemos que van a querer volver a ingresar”, remarcan los abogados.La denuncia que estaba en manos de González fue remitida a Carlos Paz.
En controversia municipal
El terreno del privado tiene varias controversias atravesadas. Primero porque estuvo muchos años usurpado, pero también porque está emplazado en una superficie total de 8.000 hectáreas que la Provincia definió anexar a Villa Carlos Paz, ampliando el ejido de ese municipio, pese a que durante muchos años prestó servicios la comuna de Villa Santa Cruz del Lago. Esa disputa jurisdiccional entre los dos municipios está en el Tribunal Superior de Justicia y hoy se mantiene con una medida de no innovar.
