En un país que presenta un tercio de su población bajo la línea de pobreza y en algunos casos incluso con pobreza estructural, que se encuentra en el puesto 73 de innovación según el ranking de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (octavo en Latinoamérica por debajo de Chile, Costa Rica, México, Uruguay, Brasil, Colombia y Perú) o en el puesto número 126 del ranking del doing business elaborado por el Banco Mundial (se trata del ranking de los países según facilidades que ofrecen para iniciar un negocio), no debiéramos darnos el lujo de eliminar o restringir herramientas como las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) que viabilizan negocios de sectores de crecimiento exponencial basados en una matriz de conocimiento e incluso de la economía tradicional.
Casualmente, esos sectores, son los sostenes alentados por todo proyecto de país próspero en las circunstancias universales actuales (lo fue el caso de la Start up Nation, el milagro económico de Israel, publicación de Dan Senor & Saul Singer, por ejemplo).
Por su parte, Córdoba ha intentado mantenerse como economía de vanguardia nacional a este respecto y ha invertido en ello, por lo que espero que lo valoremos y en su caso la podamos proteger. Nótese que más del 20% de las SAS que se crearon en todo el país, se crearon en Córdoba, como vehículo de su fuerza productiva.
No se trata solo de la SAS como debate dogmático jurídico, sino de un nuevo revés al sector productivo mediante una nueva reforma pendular que se propone sin un fundamento claro y que puede desatar consecuencias negativas. Ante ello, debemos alzar la voz, pues nuestra provincia con sus universidades y factor genuino creativo se verá afectada fuertemente.
Nuestros legisladores deben bregar por proteger nuestros emprendimientos, lo que descuento harán y ojalá contagien a sus pares de provincias vecinas ya que, de lo contrario, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, México, etc., serán anfitriones de nuestros emprendedores. El emprendedor está acostumbrado a caerse y levantarse, a ir en contra del viento, por lo que, si le quitamos el apoyo, simplemente se irá.
Asimismo, aquí quedarán todas las pymes que se han fundado usando la SAS, las que deberán transformarse a un costo altísimo que postpandemia será muy difícil de afrontar y sumamente perjudicial para sus finanzas. Se suma así otro peso a la crisis. En otro orden, vivimos desde hace tiempo buscando chivos expiatorios a quienes adjudicar nuestro fracaso, nuestro estancamiento, nuestra asimetría con el mundo, etc., cuando quizás debiéramos mirarnos un poco al espejo y ver que somos nosotros quienes conspiramos contra nosotros mismos.
Un ejemplo de ello es este debate sobre las SAS y la iniciativa que se intenta instalar en el congreso para que, bajo la apariencia de una reforma que acabe con nuestros problemas (supuestas sociedades creadas para el fraude), directamente ese tipo societario se convierta en letra muerta.
Desde hace unos meses se dictan resoluciones por la Inspección General de Justicia en donde se intenta acorralar a las Sociedades por Acciones Simplificadas, herramienta para la organización jurídica de la empresa de uso masivo en los últimos tiempos, quitándole toda característica propia (objeto múltiple, digitalización de libros, trámite de constitución expeditivo, libertad para establecer el contenido del instrumento fundacional o para luego modificarlo, alternativas inagotables de financiamiento, etc), bajo la premisa de que estas sociedades potenciaron los fantasmas del abuso en el país.
Si bien quienes apoyan estas medidas citan ejemplos disvaliosos (sociedades vehículos para propiciar el daño, fraude, etc), lo cierto es que hay una larga lista superadora de empresas que se crearon a través de las SAS y han generado riqueza, puestos de trabajo, mejorado la calidad de vida del entorno, etc. Córdoba, particularmente, es testigo, por cuanto las SAS ha tenido una recepción voluminosa y las han constituido no solo residentes en la provincia, sino también aquellos que residen en otras.
Es así que, ante la falta de adhesión por las provincias a las medidas de la IGJ, manteniendo la autonomía y facultades no delegadas de estas (entre ellas Córdoba mantuvo su sistema independiente, seguro, práctico, aggiornado, de avanzada y transparente -aunque nobleza obliga podría plantearse algún debate menor en torno a libros alojados en plataformas del Estado-), como también por el riesgo que significa la posibilidad de un fallo judicial desfavorable (amparo presentado por la Asociación Argentina de Emprendedores -ASEA- pendiente de resolución), el único camino seguro para quienes desean derribar estas herramientas legales a nivel nacional es la modificación de la ley 27349.
No es casualidad que Córdoba no se haya alineado con los vientos que soplan desde el puerto, pues nuestra provincia presenta un aire productivo emprendedor muy singular y destacable que ha dado muchos frutos en este último tiempo. Basta con informarse de cómo funciona el ecosistema emprendedor provincial para saber que se trata de un diamante de los mejores.
Así las cosas, y sin entrar en un tratamiento jurídico que confunda al lector respecto estas cuestiones (contractualismo, objeto múltiple, libros digitales, capital adecuado, etc.,), corresponde alertar de que si prospera la iniciativa de reforma ello producirá a Córdoba un daño mayúsculo.
Basta con acercarse a los sectores tecnológicos, esto es: incubadoras, clusters, aceleradoras, polos, etc., como también a otros sectores de los más diversos perfiles pero que se han valido de las bondades de las SAS para organizar las actividades (empresas de familia de tipo pymes, agropecuarias, turísticas, industriales, de salud, farmacéuticas, de profesionales, asistenciales, de transporte, etc).
Por su parte, es indiscutible que las SAS per se no es un instrumento para el fraude ni un vehículo dañoso, máxime en un país que padece inconductas a lo largo y a lo ancho desde antaño antes que estos tipos societarios existieran. También es cierto que las SAS en nada merman la batería represiva del derecho para sancionar las conductas reprochables, sino al contrario, dan la suficiente libertad como para considerar al individuo maduro, responsable y artífice de su destino. Ahí, entiendo, reside el planteo, es decidir respecto a qué país queremos.
Queremos un país de ciudadanos con iniciativa, responsables, a los que se los dote de herramientas para maximizar la productividad, la innovación, el desarrollo, la riqueza, generar puestos de trabajo, mejorar la calidad de vida del entorno, etc., o queremos un país paternalista que considere al individuo inexperto, ingenuo, necesitado de la supervisión de cada uno de sus actos, sin libertad, sin responsabilidades, sin horizontes soñados, amesetado y esperanzado solo de que el Estado le solucione sus problemas para no vivir, sino simplemente perdurar.
De eso se trata este debate, visto que las SAS no ofrecen ningún reproche en su letra, no permiten por sí mismas delitos que ya se cometen desde siempre con cualquier otra figura (SRL, SA, fideicomisos, etc), la cuestión radica en si queremos ir hacia el presente (ni siquiera el futuro) donde los documentos son digitales y los registros utilizan la tecnología blockchain, hash, etc., y las reuniones de las cúpulas directivas se realizan mediante teleconferencias, todas libertades que entreguen a las o los usuarios y operadores como también agraven su responsabilidad (a mayor libertad, mayor responsabilidad, ello surge evidente), o si queremos vivir detenidos en el siglo 20 y, sobre todo, en nuestro caso, como cordobeses, quitar a nuestra provincia uno de sus sectores de crecimiento exponencial más importante de los últimos tiempos y en el que mucho se ha invertido.
Cuidemos lo que nos ha costado construir y apoyemos al conocimiento como activo de mayor valor provincial como lo venimos haciendo. Que nuestros jóvenes no busquen futuro en otras tierras.
