El miércoles pasado, el juicio por el crimen policial de Valentino Blas Correas concitaba gran atención periodística porque declararían como testigos ante la Cámara 8ª del Crimen el excomisario, jefe de Seguridad Capital de la Policía de Córdoba, Gonzalo Cumplido (55), y el exministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera. Finalmente solo declaró el primero.
La testimonial de Cumplido se extendió más de lo previsto y la exposición de Mosquera se postergó para el 24 de noviembre.
El exjefe policial habló más de cuatro horas. Cuando el tribunal le consultó sobre sus condiciones personales, se quejó porque su pase a retiro de la fuerza fue como comisario mayor, cuando en realidad cumplía funciones de un rango superior. Dijo que eso lo afectaba en la merma de sus haberes.
La primera consulta que le hizo la Fiscalía fue sobre el organigrama. Dibujó en un pizarrón y explicó la cadena de mandos y de comunicación de la Policía de Córdoba que reportaba, directamente, al Ministerio de Seguridad.
El 6 de agosto de 2020, cuando ocurrió el crimen de Blas, en ese cargo estaba Alfonso Mosquera y lo secundaba, como secretario, Lucas Mezzano.
Inmediatamente después, ante los jurados, abogados, familiares de Blas y los jóvenes que sobrevivieron al ataque de aquella madrugada, Cumplido se declaró “víctima de un complot policial, político y judicial”. Y dijo, sin dudar, que “la inseguridad estaba y está incontrolable”. Dos frases impactantes.
Defensa sin sustento. Cumplido defendió a ultranza y en reiteradas ocasiones a los comisarios Jorge Ariel Galleguillo y Walter Eduardo Soria, los subalternos más directos acusados y detenidos por encubrimiento del crimen de Blas. Dijo que habían cumplido todas las directivas que él, como superior, les dio; pero también señaló que “hubo irregularidades”. En varios pasajes de su testimonio le pidieron precisiones de ambas opiniones que aparecen contradictorias. ¿Ejecutaron sus órdenes pero hubo irregularidades?
Sobre las directivas que dio a Galleguillo enumeró las siguientes: conservar la escena del lugar donde los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón descargaron la balacera mortal; identificar a todos los efectivos partícipes y entregarlos a la Justicia; resguardar el equipo de los móviles; ver el registro de video de las cámaras de los autos policiales, y contener a la familia.
Después de horas de hablar, se llegó a la conclusión –y él mismo terminó reconociéndolo– que nada de eso se había cumplido: los móviles siguieron operativos y la familia deambuló horas sin obtener una respuesta. ¿Se desmoronó la defensa a Galleguillo y Soria? Quedará para el análisis de los alegatos y la conclusión del jurado.
Agregó, como “irregularidades”, la mala praxis en el uso de las armas; el hecho de plantar un “mamotreto”, como se llama a un arma limada y no operativa –por lo que fueron imputados en la Justicia Federal los policías Javier Alarcón y Wanda Esquivel–; no haber contenido a la familia, y no brindar asistencia médica inmediata mientras Blas agonizaba, hecho por lo que el Tribunal de Conducta Policial pasó a retiro a una decena de efectivos y remitió la causa también a sede penal para ser investigada, la semana pasada.
Solo contra el mundo. Según el relato de Cumplido, él no tenía vínculos aceitados con la plana mayor porque “decía las cosas como son”, como por ejemplo que “había una debilidad insalvable del recurso humano”, o que “faltaban móviles y elementos para trabajar”. “Tuve destratos”, acusó.
Cuando los jueces le preguntaron si había dejado constancia escrita de esas irregularidades, dijo que siempre se las había dicho verbalmente “en charlas formales e informales” directamente al exministro Mosquera y que por eso él lo quería y valoraba: “porque no le mentía”.
En las horas posteriores al crimen de Blas Correas –narró– “el jefe (Gustavo Vélez) y el subjefe (Pablo Arregues) nunca se presentaron en sus despachos, me dejaron solo. Se quedaron escondidos y llegaron cuando los periodistas y familiares de Blas se habían ido”.
Sobre el complot. Promediando la declaración, Soledad Laciar, madre de Blas, le pidió que relatara el diálogo con el exministro Mosquera que le había referido a ella.
Ahí comenzó a desmenuzar el capítulo del “complot político, policial y judicial”. En síntesis, la secuencia incluye diálogos e intercambio de mensajes con Mosquera a partir de su decisión de pedir el retiro de la Policía de Córdoba, después de analizar que había sido el último en enterarse del crimen de Blas –una hora después del hecho– y de que lo habían dejado solo para enfrentar a la prensa.
Según su relato, el ministro en persona y a través de su segundo –Lucas Mezzano– le imploró que no se retirara, le ofreció un cargo de coordinador entre la Policía y el Ministerio –dijo tener el decreto firmado por el gobernador Juan Schiaretti, con la designación–, con un despacho en la cartera de seguridad. Le dieron un auto Toyota Corolla que aún está usando. Pero, que antes de asumir debía tomar una licencia por varios meses. “Me arrepiento de haber ido a esa reunión, me mintieron”, alegó.
Al cabo de unos meses y cuando veía que el ofrecimiento no se hacía efectivo pretendió comunicarse y el epílogo fue una charla con Mezzano cuando este le habría dicho que no podían sostenerlo. En ese mismo encuentro, el funcionario – actualmente Mezzano tiene un cargo en el nuevo tribunal de conducta policial– le advirtió indirectamente que si no se retiraba el fiscal podría imputarlo y le reflotarían causas disciplinarias pendientes (una por uso personal del auto policial y otra por un acoso laboral a un subordinado). Al tiempo fue imputado por el fiscal de Instrucción, José Mana. La causa pasó a Anticorrupción y se archivó al dictarse su sobreseimiento.
QUÉ TENDRÁ EL TELÉFONO DE CUMPLIDO
La exposición de Cumplido dejó, provisoriamente, conclusiones preocupantes. Si su relato coincide con cada uno de los hechos que denunció o describió, demuestra una trama de internas, aprietes, carpetazos y roscas en un área de trascendente importancia. La Policía de Córdoba es la fuerza armada, con control político, encargada de prevenir y hacer cesar el delito.
Que un exjefe con el rango de Cumplido advierta sobre un complot que incluiría a un ministro, jefes policiales y a un fiscal, muestra funcionarios presionables y sumergidos en internas feroces que neutralizan el cumplimiento del servicio.
Después de su testimonial, la Cámara solicitó que entregue su celular para analizar su contenido. Los fiscales pidieron, también, que ceda la tarjeta verde del Toyota Corolla que le dieron en la transición, nunca efectivizada, hacia el nuevo cargo en el ámbito ministerial. Y, además, pidieron por oficio que el Tribunal de Conducta Policial informe en qué estado se cerraron los expedientes administrativos por las presuntas faltas disciplinarias por peculado y acoso laboral.
Del análisis del teléfono móvil que usó Cumplido en los últimos dos años podrían surgir constataciones de lo que dijo al jurado. Si eso no sucede, estaremos frente a una persona que salió a decir todo lo que dijo por despecho.
El dato no es menor: ante la madre del adolescente asesinado él se definió “víctima”. Si, por el contrario, surgen elementos significativos tendremos una foto o película de quienes dirigieron en los últimos años la política de seguridad en la Provincia de Córdoba. El caso Blas Correas no fue el único. Hubo varios más, con la misma mancha: homicidios con balas policiales y encubrimiento.
Los fiscales añadieron la expresión “maquinaria tropera”. Y se podría decir también la falta alarmante de profesionalismo y temple moral de los mandos intermedios y superiores de una fuerza armada. En manos de todos estos funcionarios estuvo la seguridad de las y los ciudadanos de la Provincia de Córdoba en los últimos años. ¿Habrá cambios sustanciales en ese manejo espurio? El tiempo lo dirá.
INCONSISTENCIAS
◆ No quedó claro aún qué causó el supuesto complot al que aludió y que hasta ahora no denunció en la Justicia, a pesar de su gravedad.
◆ El registro de llamadas con Galleguillo y su relato sobre esas conversaciones no coinciden en los horarios con los videos del hallazgo del arma plantada.
◆ Aseguró que en la Policía de Córdoba no hay violencia institucional, desconociendo las numerosas condenas a jefes y subalternos por hechos en el ejercicio de su función.
◆ Se colocó como víctima ante las verdaderas víctimas: la familia de Blas Correas y los amigos del joven que sobrevivieron.
MOSQUERA, EN CAPILLA
Por un viaje programado, el exministro de Seguridad no pudo declarar el jueves pasado. Su testimonial se reprogramó para el 24 de este mes. No obstante, se subió rápido a la polémica. Y su publicación en Twitter presagia un posicionamiento crítico a Gonzalo Cumplido –a quien definió como “infame difamador”– cuando vaya a declarar al juicio.
“Expreso mi repudio ante las declaraciones de carácter falsas, misóginas, del infame difamador que tuviera a su cargo la jurisdicción y a los responsables que acribillaron a Valentino Blas Correas, que afectan la honorabilidad de las personas y del Poder Judicial. La Calumnia, la Injuria, la Difamación (sic). Son como la moneda falsa, las acuñan los delincuentes y las hacen circular los honestos. El insigne dirigente socialista, Nicolás Repetto, inmortalizó una frase que hago mía: ´Para hacer política he debido de echar mi honra a los perros´”, escribió el jueves por la mañana, horas después de la declaración de Cumplido.
El comentario tiene que ver con lo que Cumplido dijo sobre la declaración en el juicio de la jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, la semana anterior. Ella expresó “vergüenza” mirando a los ojos a los policías acusados y admitió que había “violencia institucional”. Cumplido la acusó de haber sido una de las que se había complotado en su contra y remarcó que ella era la jefa de Recursos Humanos cuando asesinaron a Blas. Y señaló: “No voy a aceptar que alguien diga que hay violencia institucional” en la fuerza y la atacó al señalar su escasa experiencia en la calle. “Nunca llevó ni siquiera un borracho a una comisaría”, sostuvo.
