“En un momento hubo una decisión política que fue la construcción de un sistema de policiamiento comunitario con la creación de una División de Policía Comunitaria y, después de unos años de funcionamiento, la policía volvió a funcionar sobre su modelo tradicional y lo arrolló”, recuerda el director de la Diplomatura de Seguridad Ciudadana (Universidad Blas Pascal).
Jofré, también abogado quien ha ejercido cargos públicos —fue presidente del Tribunal de Conducta Policial— agrega: “Luego, ante el error y la consecución de conflictos producto de esa retracción en esa decisión, volvió a establecerse hace unos meses este sistema comunitario con un poco más de fuerza”.
En consecuencia, reflexiona: “no puede establecerse una emplasto a través de una división específica de una institución policial que no incorpora la filosofía y la doctrina de una policía comunitaria, porque la conciencia institucional castrense luego arrolla con ese nuevo modelo. Y hoy no tenemos la certeza de que no vuelva a pasar”.
— Esa es la perspectiva de la configuración de la fuerza, ¿qué pasa con el delito, que advierte se agudizó?
—La situación es seria, y me refiero a las manifestaciones públicas del secretario de seguridad, que habla de un incremento del 14% en robos y hurtos. Representan 100.000 personas más que han sido robadas respecto del año anterior, y no es un tema menor. Decir 14% es minimizar la realidad: es el Barrio Primero de Mayo completo. Y esto se verifica anualmente.
Esto se da en un contexto de una tradición política que considera la gestión de la seguridad desde un lugar que debiera ser el residual, las instituciones públicas de seguridad: policía y poder judicial, que son la barrera que se activa cuando los ciudadanos rompen el gran acuerdo que suscribimos con la Constitución y las leyes, cuando nos salimos del sistema.
En realidad, el enfoque —así como hemos evolucionado en el apego democrático en nuestra cultura desde el 83 a la fecha— en esta cuestión no hemos tenido la evolución que merece. Porque seguimos hablando en los mismos términos de construcción de seguridad a partir de la creación de dispositivos de control cuando deberían funcionar al final del sistema, poniendo el freno cuando se rompe. La política de seguridad justamente es el diseño de dispositivos que le facilite a la ciudadanía un sistema de convivencia pacífica y civilizada.
El resultado de todo este error de enfoque genera esta tensión en la cual los instrumentos que debieron ser residuales están absolutamente sobrepasados. Sabemos que gran parte de los fenómenos de violencia se producen por una incapacidad para gestionar frustraciones. Debemos darle herramientas a la ciudadanía para que se gestione dentro del sistema y no terminen actuando la policía y la justicia apagando el incendio de una comunidad quebrada por el uso de la violencia.
Para que estos sistemas funcionen, deben rediseñar sus estructuras para que estén a la altura de ese nuevo modelo de intervención. La policía tampoco puede, en un sistema tradicional castrense pensado para una sociedad de 1870, dar respuesta a estas nuevas exigencias.
—¿Qué tienen en mano ahora las autoridades? Porque decía el ministro López que a finales de año llega la nueva camada de cadetes que daría lugar a otro escenario, mientras se realizan una serie de anuncios para dar respuesta.
— Lamentablemente, estamos en la puerta de un laberinto que fue construido por estos mismos actores políticos. Se necesitan respuestas tácticas en el territorio ante la ocupación de sujetos dispuestos a cometer delitos. No podemos tener esos policías porque nadie atendió a la problemática de una institución que tiene ese modelo tradicional castrense en la que, por ejemplo, sus agentes se jubilan a los 40 años e indica que a los 15 años de antigüedad un policía tiene 30 días hábiles de licencia anual, y cómo será la situación crítica que les han autorizado sólo 10 días hábiles. Entonces, o miente la ley respecto a la necesidad de preservarlos dándoles esa licencia, o nos miente el sistema porque les dan 10.
Otra mentira es que se pueden jubilar con 15 años de antigüedad en algunos casos, y después la jefa de policía convoca a jubilados para que vuelvan a trabajar. Así, seguimos mintiendo al tratar de preservar una policía que no funciona. Debe discutirse.
Dado el contexto social resquebrajado, no podemos estar trabajando únicamente con este esa policía tradicional —independientemente de que no tengamos el número de policías necesarios—, es necesario incorporar otro tipo de actores como, por ejemplo, trabajadores sociales.
El Estado tiene que hacer una fuerte apuesta en el trabajo social, así como psicólogos sociales, que tengan habilidades para interpretar los fenómenos violentos. Y luego de esa interpretación, diseñen los dispositivos para la resolución de estos conflictos.
—Sin embargo, el pedido de más policía aparece como la única solución posible.
—Es entendible porque es la única opción terapéutica que se le presenta. Creo que hay que tener la ductilidad para interpretar la necesidad de la respuesta táctica, y esta debe ser puntual, focalizada y temporal, porque cuando hay un problema de delito en un lugar, cuando se aplica una respuesta táctica automáticamente se produce en poco tiempo el desplazamiento.
—Entonces, ¿hay un problema de idoneidad? ¿Las cúpulas no están a la altura de las circunstancias?
— En realidad, el problema sigue siendo el modelo mental de quienes conducen la policía. Están seteados para no salir del mismo tipo de respuestas tradicionales. Ese modelo policial requiere del ingreso de gente muy joven, se los aísla en un centro de capacitación y ni siquiera les permiten interpretar la realidad social. A diferencia de otros espacios de formación donde se discute la realidad para construir dinámicas que les permitan alcanzar sus objetivos, conocer las diferencias sociales, entre otras cuestiones, acá no, se lo setea y las respuestas siempre son las tradicionales.
De la misma manera, dicen, por ejemplo, “nos hacen falta policías”. Y llaman a los retirados. ¿Por qué no hacer un concurso público para atraer gente que esté formada en otras policías con todos los filtros que hagan falta? No se hace porque el sistema necesita a los seteados en esa estructura convencional donde todos tienen que tributar al mismo modelo, al jefe.
En 2013 presentamos un proyecto de modificación del régimen de ascensos para que no sean más a dedo porque de oficial ayudante a principal, se visualiza la antigüedad calificada, pero para arriba es absolutamente arbitrario. Lo que proponíamos es que rindieran concursos, como en el poder judicial. ¿Por qué tengo que tener de comisario al tipo elegido a dedo por su jefe porque tributó a ese sistema jerárquico y no al que fue seleccionado de acuerdo a los más altos estándares que nuestro sistema está requiriendo, con un concurso abierto inclusive?
— En síntesis, ¿cuál sería la propuesta de ese cambio de modelo?
—El eje es la modernización de la discusión en estos términos: convertir al sistema policial en un sistema en que se garantice la más elevada calidad profesional de sus miembros, y los sistemas de selección tienen que pasar los mismos filtros que se requieren en otras áreas del estado.
Ahora bien, entre otras modificaciones concretas: si falta gente, hay que abrir la convocatoria a otros profesionales ya formados. Y, además, tenemos que pensar no sólo en la última cadena de contención, como decía, que representan el Ministerio Público y la policía, sino en el rediseño de una política de seguridad, pero que se baje en la intervención en las comunidades para aportarles herramientas que les garanticen la convivencia pacífica. Por ejemplo, no abran una comisaría —siguiendo el modelo tradicional— en el lugar más violento de Córdoba, dejala para que garantice que no se tome el espacio público, pero sumá una andanada de trabajadores sociales y de psicólogos sociales que le den otras respuestas a la gente. Porque lo peor es que en esas comunidades vulnerables, surgen la mayor cantidad de sujetos vulnerabilizados por el delito, a quienes hay que contener.
—Además, hay una creencia de que las personas más desfavorecidas no sufren la inseguridad como las clases medias o altas, y sucede lo contrario.
—Lo subrayo, la sufren más. El informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo del año pasado analiza el impacto de la desigualdad en las manifestaciones de la violencia social. A más desigualdad, más violencia.
