El TSJ incorpora el gobierno de datos para la gestión de todo el Poder Judicial

El Poder Judicial de Córdoba se encamina veloz - mente a la toma de decisiones a partir de datos estadísticos que surgen del Sistema de Administración de Causas (SAC) Multifuero o de otros relevamientos. Permitirá mejorar los procesos de trabajo y diagnósticos para tomar decisiones de gestión. “Lo que no se mide, no se conoce. Lo que no se conoce, no puede mejorarse”, afirmó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña, a PERFIL CÓRDOBA.

La pandemia fue un espaldarazo, aunque no estuvo exenta de controversias y resistencias dentro y fuera del Poder Judicial. Una estructura de casi 9.000 personas –la planta de magistrados, funcionarios y empleados judiciales– será gestionada, a medida que avance el plan, a través de un gobierno de datos, un modelo que pretende ser el primero en Latinoamérica. Se busca modernizar la estructura de gestión del Poder Judicial, hacer más accesible la información, innovar en la atención al público y agilizar los tiempos de respuesta a la ciudadanía, explican.

A tal punto resulta trascendente la decisión política de adoptar este modelo que, en las pruebas de oposición del Consejo de la Magistratura, a los aspirantes a jueces y fiscales se les comenzó a preguntar: “¿Cómo gestionaría usted su despacho?”

El Expediente Electrónico (EE), que comenzó el año pasado en Mediación y se fue extendiendo al resto de los fueros, incluso al Penal este año, permite conocer datos desde un ‘clic’. Además, el Poder Judicial desarrolló y usa su propio software. De todos modos, la provisión de la información requiere desarrollos informáticos que todavía no están listos. La conflictividad social que se vuelca a los tribunales proporcionará información trascendente.

¿Serán datos públicos? En este punto todavía no está claro el modo en que la sociedad toda podrá acceder a ellos. Por ahora, desde el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales (Cepj), se publican informes estadísticos con conclusiones. Antecedentes.

No comenzó de la noche a la mañana. Desde mediados de la década pasada inició un proceso de gestión judicial innovador. En 2018, un Juzgado Civil de Río Cuarto, a cargo del hoy juez jubilado Rolando Guadagna, ganó el Premio Nacional a la Calidad en la Justicia, precisamente bajo los parámetros señalados.

Productividad y gobierno de datos. La abrupta suspensión de la presencialidad durante la pandemia de coronavirus obligó a migrar hacia los trámites digitales. A partir de esa mutación, que generó no pocas controversias internas y externas en los tribunales, se avanzó en la digitalización. El expediente electrónico es la muestra cabal de este golpe de timón.

Consultado por este medio sobre si la decisión política de avanzar hacia un gobierno de datos, obedece a la aplicación de modelos probados en otras jurisdicciones, López Peña aseveró: “Somos autodidactas y este modelo de gestión judicial es el primero en Latinoamérica”. ¿Para qué servirá? Retroalimentará cada espacio para avanzar en un programa de mejoras y permitirá diagnósticos. “Hoy el SAC es un generador de información impresionante. Son miles de funciones por día. Apretando un botón se pueden sacar datos. Todavía falta desarrollo al Expediente Electrónico”, subrayó. Potencialmente, es un proveedor de información, pero aún no es posible obtenerla porque no está compaginado en su totalidad. “Hay un embudo por la escasez de personal técnico especializado, pero se avanza al ritmo que permite”, puntualizó el presidente del máximo tribunal provincial.

Penal Juvenil, a la proa, y Molinos Cañuelas, prueba piloto

Los objetivos del programa plan de gobierno de datos pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

Programa de mejoras: Desde capacitaciones en equipo a herramientas como puede ser un tablero de comando, una especie de sistema paralelo, para monitorear la evolución de un organismo (juzgado, fiscalía, oficina). Ya se activó en Mediación y, en prueba piloto, en el Juzgado Civil Nº 6 de Río Cuarto, a cargo del trascendente concurso preventivo de Molinos Cañuelas. A través de un Excel se muestran los procesos de intervención del tribunal y las partes. “Así puede visualizar aquello que resulta clave, la persona que toma decisiones”, explicó Carolina Granja, coordinadora del Cepj y de la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad; ambos reportan directamente al Tribunal Superior.

La implementación también abarca al Fuero Penal Juvenil. En Capital, a tribunales y fiscalías especializadas, y en el interior a los que, por competencia múltiple, intervienen en estos casos. Obedece a la reciente reforma Penal Juvenil que motiva repensar la estructura de todo el organismo. Ya que hay un compromiso con Unicef de todas las provincias para identificar las decisiones en relación con niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Hay información que salta del SAC, pero otras deben relevarse, como datos pormenorizados de menores en situación de encierro o posible encierro, trabajo, educación, consumos problemáticos, contención familiar. Indicadores que reflejan la situación de cada persona en particular.

Granja explica con relación al programa: “La idea es salir del piloto automático”. Saltan a la luz indicadores de carga de trabajo, cuántos expedientes ingresan, las personas que intervienen; “no es una persecución numérica, sino un estímulo para visualizar” la carga laboral, pondera. La funcionaria también aclara que a veces la sobrecarga de trabajo se podría atenuar simplemente con un proceso de mejoras. Ese es el objetivo de obtener y analizar los datos.

Procesos de trabajo: Permite entender que no todos hacen lo mismo en cada oficina. Hay actividades de ingresos y salidas; atención al público virtual o presencial, y despacho interno (burocracia administrativa necesaria) para garantizar los derechos de las personas que acuden a la Justicia. Y procesos resolutivos de cada juez o jueza. Cuando es posible entenderlos, es posible estandarizarlos. Es otro de los objetivos. Un indicador relevante es la tasa de litigiosidad, que vincula la cantidad de demandas que ingresan por año en cada sede y la población del lugar.

Diagnósticos circunstanciados a necesidades de relevamientos específicos: La obtención de estadísticas aporta elementos para interpretar lo que sucede. Pasó con el trabajo virtual durante la pandemia. Fue posible cruzar datos sobre espacio (metros cuadrados) y cantidad de personas.

LÓPEZ PEÑA DIXIT

Y si decimos mejorar, ¿por dónde empezar? La pandemia nos dio una oportunidad con el avance en la digitalización, que nos permite hoy incorporar un nuevo paradigma en la toma de decisiones: el ‘Gobierno de Datos’. Lo que no se mide, no se conoce. Lo que no se conoce, no puede mejorarse.

No podemos asistir como meros espectadores de la realidad que nos golpea. Observamos cómo año a año crece la litigiosidad, se multiplica el ingreso de expedientes, las leyes asignan nuevas competencias y funciones a nuestros tribunales. La solución, sin embargo, no radica solo en nombrar más personal, sino antes repensar la estrategia para lograr mayor eficiencia.

Para dotar de eficiencia a los organismos judiciales, necesitamos decisiones basadas en evidencias, que gobiernen los datos por sobre los relatos que hablan de una pesada cultura organizacional que estamos empezando a dejar atrás: esa del papel, del escritorio hermético, del juez lejano, del litigio eterno, del opaco idioma abogadil.

No puede darnos lo mismo una institución con sus decisiones al día, que otra dormida en la comodidad del empleo público. Por ello generaremos un ‘Plan de Gobierno de Datos’ que permita visibilizar tanto el esfuerzo como los resultados alcanzados desde cada espacio laboral.