Once ministros de Finanzas provinciales coincidieron en que han cambiado las condiciones bajo las cuales se firmó el Consenso Fiscal. “Todos los escenarios trazados eran sobre la base de una economía que crecía alrededor del 3%, con una inflación menor del 15%”, informó el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, quien actuó como uno de los voceros del grupo ministerial, tras la reunión que sostuvieron en la Casa de Entre Ríos.
A partir de nuevas proyecciones que prevén una inflación del 30% y un crecimiento de apenas el 0,5% para 2018, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas del Mercado que publica el BCRA, las provincias evalúan dar marcha atrás en materia de Consenso.
Jurisdicciones como el Chaco plantean postergar la agenda completa de desgravaciones impositivas por un año; otras provincias -entre las que está Córdoba- hablan de retrasar algunos compromisos, como las deducciones de Sellos.
Si se llegara a consensuar un congelamiento total del Pacto hasta después de las elecciones de 2019, las empresas de Córdoba perderían un alivio tributario que estaba calculado en unos $13.100 millones, por rebajas en Ingresos Brutos y Sellos ($3.239,02 millones en 2018 y $9.871,29 millones en 2019).
Pelea peso a peso. ¿Qué posibilidades reales hay de que el Consenso Fiscal se congele? Desde la Casa de Entre Ríos -donde esta última semana empezó a diseñarse una estrategia federal común- se dejó trascender que las provincias “usarían” un virtual apoyo al Presupuesto 2019 en el Congreso como “moneda de cambio” para congelar la aplicación del Pacto. Sin embargo, la negociación no resultaría así de lineal y sencilla. Hay varios puntos que están en juego.
La estrategia de la Casa Rosada es defender la aplicación del Consenso a rajatabla. Lo dijo públicamente el jefe de Gabinete Marcos Peña: “Es el camino para que las provincias alcancen equilibrio fiscal en el 2020”. Además, la Nación quiere que la Secretaría de Hacienda (a cargo de Rodrigo Pena) asuma el control de la ejecución del Pacto, que se encuentra próximo a una primera revisión de cumplimiento.
Las provincias, por su parte, pretenden que el monitoreo quede a cargo de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que está integrada por los titulares de las carteras de Economía de las provincias.
Sobre la mesa hay dos grandes números que definirán las negociaciones: $84.500 millones en concepto de obra pública y de transferencias corrientes que la Nación pretende recortar a las provincias y unos $110.000 millones de gastos que la Casa Rosada busca transferir a CABA y provincia de Buenos Aires. Ambos objetivos le permitirían al ministro Nicolás Dujovne tener un Presupuesto 2019 alineado al acuerdo cerrado con el FMI.
En esta instancia del debate, las provincias están presionando para que se avance en la cesión de gastos a las órbitas de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, porque esto descomprime la presión sobre el presupuesto nacional. De ahí en más, buscarán negociar el recorte de transferencias a la par del congelamiento o la gradualidad en la aplicación del Consenso Fiscal.
Los gobernadores no quieren enfrentar mayores responsabilidades en la generación de bienes públicos cuando, paralelamente, están recortando impuestos.
Hay una cuestión de timing y de política que involucra a todos los actores. “Buenos Aires y Capital sostienen que no pueden asumir todo el gasto si no es en un lapso de cinco años. En las provincias, los gobernadores no están dispuestos a hacer recortes, menos los que tienen planes de reelección”, explicaba a PERFIL Córdoba una fuente del Ministerio del Interior.
Competitividad en riesgo. “Pasarle gastos a provincias (como se habla de subsidios por tarifas) o transferirles menos plata es una manera (trucha) de cumplir con el FMI. Por eso es que se dice que se suspendería la baja de Ingresos Brutos provinciales”, disparó desde su cuenta de Twitter el economista José Luis Espert, cuando se fueron transparentando las estrategias de Nación y provincias.
Ese es el punto medular en el que el debate político por los recursos termina impactando en la actividad económica. Si las estrategias presupuestarias no son consistentes con un alivio impositivo efectivo, se reducen a un simple traslado del mismo volumen de gasto entre diferentes niveles de estado.
La actividad privada termina reflejando las consecuencias de ese juego. En Córdoba, particularmente,“el 16% del costo total de la construcción de un edificio implica el pago de impuestos, tasas y demás permisos”, señala el economista Gastón Utrera, de Economics Trends; en tanto, “la carga tributaria en el sector del expendio de combustibles equivale al 38,9% del precio final”, agrega.
A su vez, un estudio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) muestra que las provincias que hoy buscan congelar el Consenso “han aumentado Ingresos Brutos en 131% y Sellos en 136%”, durante la última década. A su vez, “los impuestos a la propiedad inmobiliaria rural de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos es el doble que el total de dicho impuesto (rural y urbano) en las 19 provincias restantes”, dice la SRA.
En este contexto impositivo, las empresas de Córdoba sufren una presión del 30,4% considerando la tributación nacional y provincial, e incluso después de la reforma impositiva nacional del año pasado. Frente a esa realidad, empresas uruguayas operan con una presión fiscal del 27,9%; chilenas 20,4%; colombianas 19,8% o mexicanas 17,6%.
SPOTORNO: "EVITAR LA TENTACIÓN DE AUMENTAR IMPUESTOS"
“La medición de la actividad de mayo de 2018 contra igual mes del año pasado nos dio una caída del 2,8%”, indicó a PERFIL Córdoba Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora OJF.
Según el economista, lo significativo del proceso que inició la economía lo marca “la caída del 5% que se registró en abril respecto de marzo”. Esto anticipa “un segundo semestre seguramente negativo, con un tercer trimestre en el fondo del pozo y una posible recuperación recién a fin de año”, sostiene.
Aunque “la sequía fue una de las principales responsables del inicio del proceso recesivo, la suba de la tasa de interés terminó por afectar a todos los demás sectores que no había impactado al agro”, señala Spotorno. La corrida cambiaria en tanto, dejó un dólar que “perjudica a muchos sectores en lo inmediato, eso explica también parte de la recesión; y ayuda a otros que podrán tomar los beneficios recién el año próximo, razón por lo que se está previendo un repunte para entonces”, explica el especialista.
Aunque reconoce que un escenario de caída de actividad con inflación genera una coyuntura estanflacionaria, “no estamos en un proceso de estanflación propiamente dicho –asegura–, porque no hay una tendencia a la destrucción del producto bruto. La inversión está aumentando y hay sectores con potencial de crecimiento”, señala Sportorno.
¿Qué debiera hacer, entonces, el Gobierno nacional para aprovechar ese margen de oportunidad? “Bajar la tasa de interés, desregular la economía y seguir trabajando en la simplificación impositiva. Eso ayudaría mucho a que se recupere la actividad económica”, apunta el economista de OJF.
Finalmente, Spotorno advierte que “las provincias deben tener mucho cuidado” en la actual coyuntura. “Deben evitar la tentación de subir impuestos porque a la larga terminan perdiendo recaudación”.
LA LECCION NO APRENDIDA DE LAS POLÍTICAS ANTICÍCLICAS
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), el crecimiento registrado de Coparticipación y Leyes Especiales que asignan fondos a las provincias, durante los cinco primeros meses del año, fue de 44,8% en términos nominales y de 15% en términos reales.
Para Córdoba, en particular, el aumento de estos ingresos en mayo de 2018 fue del 45,4% respecto de mayo de 2017.
La política económica anticíclica tiene como objetivo una ejecución prudente del gasto cuando el ciclo es ascendente para que las épocas de crisis o recesión sean lo menos severas posibles, y permitan la reducción de impuestos. Para ello, el gasto no se puede expandir al ritmo que crece la recaudación.
Según un estudio del Cippes, el gasto público en personal por habitante en términos reales, en Córdoba, se incrementó en una mayor proporción que el PBI real durante toda la última década.
