Como en general ha pasado con todos los sectores, hasta abril la obra pública venía con muy buen ritmo, pero la inestabilidad cambiaria metió la cola. La consecuencia fue una disparada de los precios que hizo mucho daño en las finanzas de las empresas que pactan contratos con el Estado, pero cuyos ingresos son percibidos varios meses después. A ese combo se sumó un microclima particular para el sector como fueron los casos de decenas de empresas vinculadas al pago de coimas durante la administración kirchnerista y que se investiga en el llamado caso de los “cuadernos”. La actividad se resintió y promete seguir muy fría por varios meses más, según las perspectivas que elaboran los referentes del sector. Parte de esto se advirtió en la quinta edición de la Jornada de la Cámara de la Construcción que se realizó el jueves en Córdoba. Las autoridades de la filial local de la entidad reiteraron el pedido de que se declare la emergencia económica del sector, con la expectativa de discutir algunas medidas para aplacar la caída que constatan.
Entre otros frentes abiertos, los empresarios remarcan que las obras que hoy están certificando y ejecutando quedaron atadas a un marco de precios que corresponde a fines del año pasado o, en el mejor de los casos, a abril de este año. “Se llegó a una situación muy difícil porque la actualización de muchas obras no está reflejando ni de cerca el aumento de los costos y los pagos vienen con mucha demora. Eso hace muy dificultoso seguir adelante con muchos contratos. Lo hemos planteado a las autoridades del Gobierno, tanto de la Provincia como de la Municipalidad, hemos solicitado una declaración de emergencia sectorial para que permita abrir un paraguas de revisión extraordinaria de los contratos”, apunta Marcos Barembaum, presidente de la delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción.
Paraguas. El pedido de declaración de emergencia, según los empresarios, permitiría sentarse a discutir algunas salidas para enfrentar el nuevo cuadro de costos y la caída de la actividad. Entre otras acciones se piensa en medidas como la revisión de contratos, el diferimiento de algunas obras, la reprogramación de plazos de pago y de trabajos o no ejecutar ítems comprometidos. “Lo que buscamos es que los que gestionan la obra pública tengan convencimiento de que este es un problema serio que si no se resuelve muchas obras van a colapsar”, dicen desde la Cámara.
Aunque el diferimiento de una obra puede sonar contraproducente para la salud de la actividad, las empresas hablan de que hoy encaran contratos a pérdida y, por ello, un diferimiento en los trabajos puede ayudar a sanear las finanzas hasta que se estabilicen los costos. Mientras tanto, un efecto colateral que no se pudo evitar es el de los despidos. Al menos por goteo, muchas empresas empezaron a despedir personal.
En diálogo con PERFIL CORDOBA, Marcos Barembaum dio las siguientes precisiones de lo que ven y esperan.
-El Presupuesto 2019 prevé disminuir la obra pública pese a ser un año electoral. ¿Qué escenario ven?
-Posiblemente no sea como uno está acostumbrado a ver, que en los años impares se incentivaba la actividad. En el plano nacional los niveles de inversión son muy bajos, no hay mucho que esperar. El Gobierno nacional tiene casi todas las fichas puestas en los PPP (Participación Público Privada), pero la situación financiera del país no ayuda en nada. La Provincia tiene un programa de obra pública importante, que se ha sostenido, pero muchas están bajando el ritmo, por lo tanto, es probable que se matice. Si no se consigue financiamiento va a ser complicado.
-¿Qué nivel de actividad prevén?
-Creo que la actividad va a seguir cayendo, no la veo recuperándose hasta bien entrado el año que viene. Por lo menos hasta segundo semestre. Esta actividad demora en frenar, pero también en arrancar.
“La obra pública no es sinónimo de bolsos”
-Mencionó en su discurso que la obra pública no es sinónimo de bolsos, algo difícil de sostener este año.
-No, no. Estamos convencidos. Se ha instalado eso, pero la obra pública no es sinónimo de corrupción ni de bolsos. Que hubo, hubo, obviamente. Pasó. Creemos que hay que separar a los empresarios que han tenido esa conducta, proteger a las empresas que son unidades productivas para llevar adelante toda la infraestructura que necesitamos, pero las empresas que pueden haber tenido algún involucramiento son un puñado frente a decenas de miles que conforman un sector y que no están involucradas. Esa asociación mediática que vemos todos los días es injusta para la gran mayoría de las empresas.
-¿Ve un momento bisagra con la judicialización de estos casos?
-Sin dudas. El sector ha hecho un análisis, un mea culpa y los empresarios se presentaron a la Justicia para asumir sus responsabilidades y colaborar. Sin dudas que es un momento bisagra, lamentable. Hay que entender el contexto en que se dio, donde había una presión muy fuerte por parte de autoridades del Gobierno anterior a los cuales no era fácil enfrentar, pero es un antes y un después y el sector va a salir fortalecido hacia adelante.
