Guerra contra la inflación: la primera batalla se librará en Córdoba

No hay ningún plan antiinflacionario ni nada cercano. El viernes el Gobierno nacional dilapidó una nueva oportunidad para mostrar que podía reorientar el curso de su gestión. Abrochado el acuerdo con el FMI, a mediados de semana el propio Presidente vociferó que el viernes empezaba la “guerra contra la inflación”. Pero como se vio, todo se limitó a preanuncios de medidas aisladas, inconexas, de bajo impacto y de un intervencionismo que no ha podido mostrar resultados positivos. Si ya se probó con esas medidas en el pasado y no tuvieron efecto, ¿por qué se insiste? ¿Qué elementos novedosos operan para pensar que esta vez sí funcionarán? ¿El Gobierno cree que hay margen para seguir sin aplicar un plan antiinflacionario real que incluya medidas integrales y que ataquen la raíz de este mal crónico? 

Los planes de congelamiento y fijación de precios tienen bajo efecto, están concentrados en grandes urbes y grandes cadenas y solo generan más distorsiones ante precios que luego deben descongelarse. Por las dudas, el Presidente anticipó que activará la Ley de Abastecimiento en caso de incumplimiento. Control y fiscalización, otra vez al ruedo. La herramienta a usar: ampliación del programa de Precios Máximos. Lo haría mañana el ministro de la Producción, Matías Kulfas. 

La Cámara de Comercio de Córdoba fijó posición: ayer señaló que “es muy preocupante que, en lugar de tomar medidas para resolver los problemas estructurales de la economía, pongan énfasis en la aplicación de controles de precios, la Ley de Abastecimiento y en otras medidas represivas de la libertad de comercio, que ya han fracasado en reiteradas oportunidades”.

La intervención en mercados granarios, como el del trigo, difícilmente sea una medida que genere incentivos para aumentar la producción. Y a menor oferta, mayor precio. El resultado puede no solo ser el deseado, sino el opuesto. El incremento del precio del commoditie en las plazas internacionales, envalentonado por la invasión de Rusia a Ucrania, seguirá sintiéndose en las próximas semanas. 

Aquí, y entre lo poco concreto que anunció el presidente el viernes, está la creación del Fondo Estabilizador Temporal del Trigo Argentino para evitar que el aumento internacional del trigo impacte en el precio del pan. El gobierno comunicó que se busca “garantizar un patrimonio de afectación específica que contribuya a mitigar el alza del precio de la tonelada de trigo”. Ayer, con la conferencia del ministro de Agricultura Julián Dominguez se supo cómo se financiará ese fondo.

El martes, en tanto, será el turno de las convocatorias sectoriales. El llamado para que sector privado, productivo, centrales obreras y movimientos sociales avancen en “acuerdos económicos y sociales”. Las experiencias pasadas de formatos similares tampoco son auspiciosas en este punto. 

La primera batalla, en el campo. Antes de los precios máximos, los fondos de estabilización y los acuerdos sociales, el Gobierno tomó la primera medida concreta: la suba en la presión fiscal para el sector agroindustrial. Una medida que quedó en suspenso desde el domingo anterior, cuando se cerraron los registros para la exportación de harina y aceite de soja. 

Esos ítems hoy tributan derechos de exportación del 31% y ayer el ministro Domínguez confirmó un aumento de dos puntos para llevarlas al 33%. Se pierde así el diferencial que pagaba la exportación de poroto de soja –del 33%– y se retroceden unos pasos en la narrativa siempre presente de que “hay que agregar valor a la producción primaria”. 

Se descuento que son esos recursos se financiará el Fondo de Estabilización del Trigo. Otra vez, el sector privado aportando los recursos para estabilizar desequilibrios que tienen mucho que ver con el déficit que crea el sector público.

La medida golpea de lleno al complejo oleaginoso, compuesto por un puñado de multinacionales –entre las que se destaca la cordobesa AGD– y a un lote más importante de grandes y medianos industriales de harina y aceite. Domínguez dijo que no se afectará a los productores. Pero los productores no ven lo mismo. En asamblea en Sinsacate se definió avanzar con dos medidas: “lanzar un paro nacional de comercialización y una marcha de productores. Tenemos que lograr una gran movilización de 10 mil productores, al Obelisco y al Congreso para hablar con los legisladores”, comentó Pablo Martínez, presidente de la Sociedad Rural de Jesús María.  

Con la suba de retenciones el Gobierno podría recaudar unos US$ 450 millones extras. Será clave monitorear el funcionamiento del Fondo Estabilizador, de lo contrario, cuesta pensar que un incremento de dos puntos genere una disminución efectiva en los precios internos. Como marca un informe de los economistas Guido D’Angelo y Emilce Terré, de la Bolsa de Cereales de Rosario, hay dos elementos que explican por qué Argentina es el principal exportador mundial de harina y aceite de soja: “En primer lugar, dispone del complejo oleaginoso más importante del mundo, en el Gran Rosario, y en segundo lugar, el consumo interno de estos dos productos es escaso en relación con la producción total, lo que permite un importante saldo exportable”, señalan. 

La iniciativa no parece ser la más precisa a la hora de elegir las armas para salir a luchar la guerra contra la inflación. Lo concreto es que el dato de febrero de 2022 –4,7%– y las muy malas expectativas respecto de lo que se espera para marzo, no dan más tregua para seguir repitiendo acciones con las que ya se fracasó o articular medidas que siguen esquivando la génesis y la regeneración de la inflación crónica del país.