Habla el abogado cordobés acusado de traición a la Patria por el caso Maldonado

Carlos María González Quintana fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) antes de lo sucedido con Santiago Maldonado. Lo hizo cuando, en enero del año pasado, Gendarmería Nacional realizó un operativo en el pul of Cushamen donde mapuches defendían la propiedad de tierras.

Como abogado no inició juicios por esa causa ni tampoco cuando desapareció Maldonado, donde son querellantes la familia del joven y otros organismos de derechos humanos. Pero sí afronta en la actualidad una denuncia iniciada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, junto a su colega Fernando Cabaleiro, por cinco delitos. Uno de ellos es por traición a la Patria, figura del Código Penal vigente desde 1951 que nunca fue aplicada en la Argentina. El resto de las acusaciones son por asociación ilícita, falsedad ideológica, estafa procesal (presentar testigos falsos) y usurpación de título y honores (por invocar representatividad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH). Esa causa se tramita desde hace varios meses.

Los argumentos de la querella derivan de datos conocidos por escuchas telefónicas a testigos y familiares de Maldonado ordenadas por el apartado juez de Esquel, Guido Otranto, que obran en el expediente por la muerte de Santiago. Luego su sucesor, Gustavo Lleral, ordenó destruir todo ese material.

PERFIL CORDOBA entrevistó al abogado González Quintana que enfrenta la acusación de traición a la Patria por pedir intervención a la CIDH en la causa mapuche y en la de Santiago Maldonado, cuando todavía estaba desaparecido.

—¿En calidad de qué fueron a la CIDH?

—Para acudir no es necesario acreditar representación, poder especial ni general de nadie. En la presentación que hicimos no actué como abogado sino como ciudadano integrante de la APDH Córdoba, de la cual fui miembro fundador. La denuncia fue el 13 de enero de 2017, mucho antes de lo que sucedió con Santiago Maldonado, por la situación de desamparo de la comunidad mapuche luego de la violenta represión del 10 de enero, cuando más de 300 gendarmes fuertemente armados entraron al territorio en proceso de recuperación.

—¿Existe el testigo E?

—El testigo E existe, su nombre es Lucas Naiman Pillquiman, tiene 21 años y declaró en el expediente “Santiago Andrés Maldonado S/ desaparición forzada de persona” el 19 de diciembre de 2017. Es un joven mapuche integrante de la comunidad en resistencia de Cushamen. Estuvo en el corte de media calzada en la ruta 40 el 31 de julio último y el 1 de agosto, día en que se desató un nuevo procedimiento represivo e ilegal sobre pul of, cuando desapareció Maldonado. Brindó testimonio ante la CIDH en septiembre. Hicimos lo humana y materialmente posible para que, de manera rápida y eficaz ese testimonio ingresara a la causa judicial. No fue posible por la falta de garantías de su integridad psicofísica por parte del juez Otranto, quien a esa fecha dirigía la investigación. Su testimonio coincide con el vertido en el documento elevado a la CIDH. Si bien es cierto que cambia en torno a si Gendarmería se cargó el cuerpo de la víctima o no, esto obedece a varios factores. Matías Santana, Claudina Pilquiman y Soraya Maicoño, entre otros, fueron señalados por el Gobierno como testigos falsos del caso y ya se los amenazaba con procesamientos y cárcel. La Justicia, lejos de investigar a la fuerza de seguridad que participó de la represión esa mañana, dirigió todo su aparato persecutorio contra las víctimas y los testigos.

—¿Qué sanciones pidieron contra el Estado argentino?

—Las medidas cautelares no son en contra de, sino a favor de. No tienen carácter sancionatorio sino preventivo y protectorio en favor de quien se las solicita. Jamás pedimos sanciones para Argentina.

—A la luz de la investigación actual, ¿que piensa qué pasó con Santiago Maldonado?

—Maldonado fue víctima de un hecho represivo donde perdió su vida. Su cuerpo permaneció desaparecido durante 78 días. La autopsia arrojó solo dos certezas de la infinidad de preguntas que aún no consigue responder. Que Maldonado murió por asfixia por inmersión coadyudado por hipotermia, que estuvo entre 54 y 73 días bajo agua. No dijo en qué momento perdió la vida Maldonado y si el cuerpo estuvo los 78 días en el lugar donde apareció. Maldonado no estaba descansando a la orilla del río cuando cayó al agua. Su muerte no fue un accidente. El Estado desde el día uno desplegó un accionar encubridor. Desde la famosa frase de la ministra (Patricia) Bullrich en el Senado de la Nación afirmando que “no iban a tirar un gendarme por la ventana”, luego al decir en los medios que Maldonado había sido herido por un puestero de Benetton en la localidad del Hoyo junto a dos integrantes del RAM una semana antes del 1 de agosto. No hay dudas de la gravísima responsabilidad estatal en este lamentable hecho.

—¿Qué opina de las escuchas telefónicas que los incriminan?

—Esa labor desplegada por la Justicia en septiembre es ilegal, es espionaje porque se dirigió a la familia de la víctima y testigos del caso. Por eso son nulas. Más allá de que sean o no destruidas, se debe investigar quién rompió la cadena de custodia y por qué razón las filtraron a los medios.

SOTO: "OCULTARON LA VERDAD"

Para el Ministerio de Seguridad, González Quintana y su colega Cabaleiro participaron de un “entramado de ocultamiento de la verdad y presentación de pruebas falsas”. Así lo sostuvo ante este diario el abogado Fernando Soto, representante en causas penales de la cartera que comanda Patricia Bullrich, querellante en la causa por traición a la Patria.

Sostuvo que debieron presentar todas las pruebas que llevaron a la CIDH a la Justicia argentina y dijo que la fiscal Avila pidió a la Cancillería que envíe las presentaciones que hicieron los letrados. Cuestionó que invocaran representación de la APDH y subrayó que “aunque no fuera un pedido material de sanciones al país, presentaron testimonios que fueron desmentidos. Según ellos, el testigo les habría dicho que Gendarmería disparó mientras cruzaban el río con Maldonado, que lo golpearon, lo detuvieron y lo cargaron en un camión. Y eso no sucedió. El cuerpo fue encontrado en el agua, fue peritado por 55 personas entre ellos de la familia Maldonado, no tiene heridas ni siquiera raspaduras”.

Subrayó que “hemos presentado la querella en estos términos explicando que hay una contradicción enorme entre lo que presentaron ante la CIDH, en los tribunales argentinos, en la opinión pública y en la realidad”.