El Ministerio de Salud y el Servicio Penitenciario comenzaron a levantar carpas sanitarias en el Complejo de Bouwer y en las cárceles de Río Cuarto y San Francisco. En Cruz del Eje, en tanto, se dispuso acondicionar un ala del hospital regional que tiene comunicación con el penal.
En los dos penales más grandes se dispondrán 150 camas: 100 en Bouwer y 50 en Río Cuarto. En el resto de establecimientos penitenciarios, se adecuaron espacios dentro de la infraestructura ya existente, con medidas de profilaxis especiales.
El objetivo es que los hospitales de campaña de las penitenciarías puedan albergar inicialmente a los internos que presenten síntomas de COVID-19.
Por el momento no se registró ningún caso positivo en los testeos que se hicieron a internos con algún síntoma compatible con la enfermedad. Diariamente, el Servicio Penitenciario informa a las autoridades judiciales y sanitarias la situación.
En un comunicado conjunto del Ministerio de Salud y el Servicio Penitenciario se precisó que los espacios solo serán para tratar pacientes que puedan dar positivo al test de detección pero que presenten cuadros leves. Si llegan a producirse contagios, los pacientes serán derivados al Hospital Rawson, en el caso de la ciudad de Córdoba, y a los hospitales de referencia, en el interior provincial.
Las carpas contarán con recursos humanos, infraestructura y equipamiento indicados por el Centro Operativo de Emergencia (COE). Las autoridades también informaron que se han incorporado termómetros clínicos infrarrojos digitales que permiten medir la temperatura corporal a todas las personas que ingresan a las cárceles, sin contacto físico. Las personas con temperatura alta tienen prohibido el ingreso.
La semana pasada, además, se realizó el testeo al equipo de salud que trabaja en las instalaciones carcelarias. Como se sabe, mientras dure la emergencia sanitaria no ingresan nuevos internos y todas las personas que son detenidas en la ciudad de Córdoba son alojadas en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA).
NO A LOS CELULARES
La semana pasada, la jueza de Control Celeste Ferreyra y la Cámara integrada para actuar durante el receso extraordinario rechazaron habeas corpus que pedían el uso de telefonía celular en la cárcel de Bouwer para permitir videollamadas entre los internos y sus familias. Las presentaciones fueron patrocinadas por el abogado Iván Adolfo Mochkofsky. Sintéticamente, los argumentos fueron:
◆ La alteración en la vida cotidiana a raíz de la pandemia y las medidas preventivas adoptadas para contrarrestarla afectan no solo a la población carcelaria sino a todas las personas. Se han debido modificar pautas de acercamiento social y familiar en pos de proteger la salud de los habitantes.
◆ Las autoridades penitenciarias entregaron tarjetas telefónicas a los internos para permitirles la comunicación.
◆ La utilización de celulares en poder de los internos, sin control, genera un problema mayor del que podría solucionar, atentando contra la posibilidad de un daño inminente hacia la sociedad, y eventualmente, al trato igualitario, en virtud de que no podría acceder toda la población carcelaria, al uso de un celular particular. En este último aspecto recordaron la denuncia de la diputada Carolina Píparo, quien recibió amenazas desde un celular dentro de una cárcel bonaerense, donde el Tribunal de Casación Penal permitió la entrega de teléfonos móviles a los internos para salvar la prohibición de visitas.
CRITERIO CORDOBA
El Tribunal Superior de Justicia expresó en una resolución de la semana pasada que las medidas sanitarias adoptadas para la cárcel de Bouwer garantizan a los internos la protección ante el coronavirus. Lo hizo la Sala Penal al rechazar el pedido de prisión domiciliaria de un interno que adujo ser paciente de riesgo por padecer diabetes II, ser insulinodependiente, tener obesidad, hipertensión y retinopatía.
Al analizar las condiciones de encierro y las posibilidades de contagio en el penal de Bouwer donde está alojado, los jueces consideraron que “se respetan plenamente los lineamientos seguidos por la Resolución n° 1/2020 titulada ´Pandemia y Derechos Humanos en las Américas´, adoptado por la CIDH el 10 de abril de 2020”, en cuanto protocolos y medidas que garanticen la atención médica y limitan los contactos para evitar contagios.
También pusieron de relieve el Protocolo de Atención–Covid-19 para Establecimientos Penitenciarios dictado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y agregaron que la atención que el Servicio Penitenciario de Córdoba brinda -a través de los centros médicos- a los internos alojados en los diferentes establecimientos de la Provincia, se encuentra integrada con la asistencia especializada que se pueda requerir a nosocomios públicos y privados.
