No pasaron décadas. Ni siquiera un lustro. Hace menos de 5 años gobernadores e intendentes habían llegado a una conclusión lógica: fijar las pautas generales para una a una reducción gradual de la carga impositiva que soportan individuos, consumidores y empresas. A través de topes y de forma escalonada se instaba a los administradores de jurisdicciones sub soberanas que articularan acciones para aliviar el tamaño de los impuestos.
Para las provincias el mensaje era claro: había que bajar algunos puntos los valores que se pagan sobre el principal suministro tributario para sus arcas: Ingresos Brutos.
Algo similar para las intendencias y comunas con las tasas de Industria y Comercio. Aunque más difícil en ese ámbito porque pocos se animan a mirar en el intríngulis de tasas que supieron elaborar los municipios.
Se fijaron entonces, escalas y nuevos topes. Que muchos cumplieron. Y en contrapartida, no faltaron las avivadas. Si el tope era 1.5 para IIBB y había administraciones provinciales con tasas al 1 la tentación no se quedó solo en eso. Hubo "pasaje al acto" y retoque hacia arriba. Pero al margen de esos oportunismos fiscales el espíritu del Pacto Fiscal era claro y marco una senda prometedora.
Pero pasaron cosas. El descalabro financiero del 2018, con tasas al 100% generó una enorme contracción en la actividad privada, las fichas comenzaron a caerse y el cimbronazo sobre la economía real no tardó en llegar. El consumo se desplomó y la recaudación impositiva de las provincias acusaron el golpe. El entusiasmo por seguir la senda de la disminución de la presión tributaria perdió vigor. Para algunas provincias, entre las que estaba Córdoba, había otras urgencias y prioridades: por caso, definir cómo iban a renegociar los vencimientos de capital e intereses de créditos internacionales que comenzaron a asfixiarlos y amenazaban el flujo de caja para atender sus gastos corrientes.
Cuando ya nadie quería seguir hablando de ese Pacto Fiscal llegó el pandémico 2020. Cómo en todo el mundo, aunque aquí sin tanto ahínco, Nación, Provincia y municipio tuvieron que sacar el pie de la cabeza de los golpeados contribuyentes. El alivio llegó en forma de postergación de vencimientos. No fue mucho, pero las arcas de los Estados lo sintieron principalmente hacia el segundo trimestre de 2020. Ante ese crítico contexto hubo un Pacto sobre el Pacto: "lo dejemos en suspenso".
Antes de irse, el 2021 le terminó dando su golpe de gracia al compromiso rubricado en 2017. Fue el lunes pasado, cuando todos los gobernadores (a excepción de Caba que mantiene su litigio con la Nación por la coparticipación) estuvieron de acuerdo en firmar un nuevo Pacto Fiscal. Mucho mejor. Para ellos. Para el sector público. Deja el camino vallado e iluminado para que los administradores de lo que genera el sector privado le agreguen otro peso a la mochila de impuestos que ya viene soportando esa mitad de la actividad económica que no puede irse de vacaciones a Disney a 10 días de haber ingresado a un nuevo trabajo.
