A partir de la obtención de datos en allanamientos realizados semanas atrás, el fiscal federal Carlos Casas Nóblega imputó al empleado de tribunales Nicolás Aramayo Sánchez por los delitos de hurto y estafa. También resultaron acusadas como partícipes necesarias otras tres personas, a quienes el escribiente transfirió el dinero del cual desapoderó a su compañera de trabajo.
Tal como publicó PERFIL CÓRDOBA, Aramayo Sánchez confesó haber perpetrado el robo el 1 de junio, cuando el personal de tribunales cobró los haberes de mayo. Ese día, se apoderó del celular de la funcionaria sin que ella lo advirtiera, ingresó a las aplicaciones bancarias del dispositivo con las claves que había logrado obtener tiempo antes. Es decir, había planificado el hecho.
Permitido el acceso, con el mismo dispositivo telefónico realizó transferencias a cuentas de terceros. Hasta hoy no se sabe por qué motivo las realizó y, si bien se pudieron identificar a los titulares y datos de esas cuentas porque quedaron grabados en el historial de movimientos financieros de la víctima, se desconoce por qué envió la mayor parte de esos fondos. En su confesión, Aramayo Sánchez no dio explicaciones.
Un dato que abona la premeditación es que una de las personas ahora imputadas como partícipes necesarios es un vecino de Valle Escondido al cual Aramayo Sánchez le compró un monitor que llegaría desde un negocio de Rosario por $ 125.000. La operación se concretó el 28 de mayo. No lo pagó ese día pero prometió realizar la transferencia para cancelar el monto el 1 de junio. Es una de las cuentas bancarias donde envió parte del dinero.
El destino de las otras transferencias serían financieras de Corrientes y San Luis, cuyos titulares son ahora investigados y deberán venir a Córdoba para ser indagados.
Quienes conocen el expediente penal no descartan una posible detención. Hubo un dato que no pasó inadvertido. Sin que mediara pedido expreso de la víctima, apenas él confesó el robo, hizo un depósito para restituirle el dinero, por el monto exacto que le había sustraído: $ 445.000. Con el comprobante de la operación y el patrocinio letrado de Diego Sánchez, su primo, presentó un escrito en la Fiscalía. Con sus datos aportó un domicilio, pero cuando fueron a allanar la vivienda declarada se dieron con la sorpresa de que no era la casa de Aramayo Sánchez sino de sus suegros. La información falseada o tergiversada no ayuda a mejorar su situación procesal.
Suspensión y orden de restricción. El jueves último, la Cámara Federal de Apelaciones resolvió suspenderlo por 30 días. La decisión fue adoptada en virtud del poder de superintendencia que tiene el tribunal y el sumario administrativo que se abrió tras el escandaloso hecho que protagonizó y confesó el trabajador. La sanción preventiva podría ser prorrogada hasta que culmine el trabajo del instructor, Manuel Malbrán.
Durante ese período, Aramayo Sánchez no percibirá sus haberes.
La semana pasada se produjo una situación de extrema tensión para la víctima. Según pudo conocer este medio, después de una licencia que tomó tras el robo, Aramayo Sánchez se presentó el lunes último en su lugar de trabajo. Su superior, el juez federal Hugo Vaca Narvaja había resuelto su traslado a una oficina diferente a la que habitualmente se desempeñaba con el objetivo de que no tuviera contacto con la funcionaria víctima del robo. Sin embargo, el empleado fue hasta la oficina donde se encontraba ella, en el piso 8 del edificio de tribunales federales, la saludó y frente a quienes estaban presentes le pidió perdón por lo sucedido. Para la mujer fue una situación muy violenta, que le provocó gran angustia.
Inmediatamente, con patrocinio letrado, elevó una nota y el magistrado que lleva adelante la investigación penal, Ricardo Bustos Fierro, dictó una orden de restricción. Aramayo Sánchez no puede acercarse a ella, no puede estar a menos de 100 metros ni tomar contacto de ningún otro modo. Le han prohibido que le envíe mensajes o la llame a ella y a su esposo, a quien hostigaba con comunicaciones y saludos.
NO ERA TAN SENCILLO
Diferentes fuentes consultadas por PERFIL CÓRDOBA sostienen que a esta altura de los acontecimientos, la situación de Aramayo Sánchez no es sencilla. Sobrevuela el entramado de vínculos familiares que rodean el caso. El confeso autor del robo es sobrino de Alejandro Sánchez Freytes, juez federal Nº 2. La cercanía con el magistrado pesa y fue uno de los elementos que obró para el cerrado hermetismo inicial sobre el suceso. H
asta el momento, la víctima no quiere allanarse a un acuerdo poniendo su firma a pesar de que es la primera interesada en dar vuelta la página del episodio que le tocó vivir. Fuentes cercanas al caso dejaron trascender que le angustia seguir trabajando en el mismo espacio con quien le causó el despojo de modo planificado. Por el momento, la suspensión aliviará esa situación.
