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CóRDOBA / DENUNCIA DE AFIP
domingo 10 noviembre, 2019

Investigan si el municipio de La Calera pagó facturas apócrifas por $8 millones

La presentación es por evasión agravada. Abarca el período 2014-2016. Bajo la lupa la responsabilidad política del intendente Rufeil y quienes lo reemplazaron.

por María Ester Romero

INTENDENTE RODRIGO RUFEIL. La Afip sostiene que el municipio utilizó facturas truchas entre 2014 y 2016 para justificar erogaciones. Pidió investigarlo, a pesar de que estaba de licencia. Foto: CEDOC PERFIL

¿Es un caso aislado o parte de un engranaje que se dedicaba a perpetrar una evasión impositiva de miles de millones de pesos en todo el país? Hace tres años en el Juzgado Federal de Quilmes se abrió una investigación que apuntó a un mecanismo aceitado para vender facturas truchas que habrían permitido a organismos públicos, sindicatos y hasta pilotos de TC evadir impuestos.

Se calculó, en aquel momento, un monto superior a los $5.000 millones en todo el país. A esa causa estuvo vinculado un contador cercano al presidente de Boca Juniors, Daniel ‘Tano’ Angelici.

PERFIL CORDOBA confirmó que a raíz de la pesquisa abierta años atrás la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) presentó una denuncia por una maniobra similar, a escala menor, contra la Municipalidad de La Calera. Incluso, la sede comunal fue allanada en 2017 porque existía la sospecha de que hasta ahí habrían llegado los contactos con la usina de factureros apócrifos.

La maniobra denunciada consiste en la ‘compra’ de facturas apócrifas pertenecientes a falsos proveedores, con las cuales se habría producido una evasión, que en el caso de La Calera es cercana a los $8 millones. La denuncia fue presentada por la Afip en los tribunales federales de Córdoba en junio pasado. Recayó en la fiscalía de Gustavo Vidal Lascano.

El organismo nacional detectó un listado de 16 “contribuyentes Apoc”, nombre que se les da a titulares de factureros que no tienen solvencia para justificar el pretendido servicio prestado. En este caso el ente recaudador comprobó que eran personas sin capacidad económica. Pero también alertó sobre otro tipo de irregularidades que abonaban la inconsistencia en las operaciones, como órdenes de pago sin firmar y hasta cheques con rúbricas disímiles en los endosos a pesar de que referían a las mismas personas.

Los papeles se justificaban en supuestos servicios publicitarios, asesoramiento en marketing, alquiler de máquinas, obras viales y bacheo, entre otras actividades. La presentación apuntó a los períodos 2014, 2015 y 2016. Ante la sospecha, la Afip intimó a la municipalidad y esta respondió con datos de los proveedores, fotos de las obras y servicios prestados, además de un informe técnico que elaboró la Subsecretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

No obstante ello, la denuncia refirió que a partir del pago contra facturas truchas se habrían evadido $3,1 millones en 2014; $3,6 millones en 2015 y $1,1 millón en 2016. Al tratarse de contribuyentes Apoc, para la Afip son erogaciones sin respaldo documental y constituyen un hecho imponible.
 

Rufeil en la mira. Uno de los dirigentes políticos denunciados es el actuar legislador electo peronista Rodrigo Miguel Rufeil. En el período observado era el intendente de La Calera. Pero cuando asumió como ministro de Desarrollo Social de la provincia, tomó licencia entre el 11 de diciembre de 2013 y el 1 de marzo de 2017. Lo reemplazaron en su función, al frente de la administración comunal, María Esther Figueroa -en el primer período- y Juan Aparicio Sandoval, en el segundo.

Difícilmente pueda sostenerse que los responsables no sabían que los proveedores estaban en la base Apoc, es decir carecían de capacidad económica, financiera y patrimonial para desarrollar las actividades para las que, supuestamente, los habían contratado. De todos modos y a pesar de que gozaba de licencia autorizada por el Concejo Deliberante, Afip solicitó que también se investigue al intendente Rufeil.

Antecedentes. En mayo de 2017, por un exhorto que llegó desde Buenos Aires, el juez federal Ricardo Bustos Fierro ordenó un allanamiento en la Municipalidad de La Calera, que fue llevado adelante por personal de la Policía Federal. Había indicios de que allí podrían encontrarse elementos vinculados a la causa en la que se investigaba a un estudio contable cuyo titular era Ángel Guidoccio, contador y apoderado de empresas del presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.


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