El impacto generado a partir del descubrimiento, por parte de la Justicia Federal, del funcionamiento de financieras ilegales en Villa Belgrano sigue sumando capítulos. En las últimas horas se conoció que el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano negó los pedidos de eximisión de prisión a los imputados por la causa y se espera que entre mañana y pasado el juez Alejandro Sánchez Freytes decida sobre la posibilidad de nuevas detenciones. Cabe recordar que el 12 de febrero pasado se realizaron 13 allanamientos en oficinas del complejo Vistalba, sobre calle Laplace, además de en domicilios particulares que concluyeron en el secuestro de más de $150 millones (entre dólares y pesos), vehículos alta gama, armas, documentos, cheques y pagarés. Por la causa hay 9 imputados, 4 de ellos detenidos (dos hombres en Bower y dos mujeres con prisión domiciliaria).
Fuentes judiciales confirmaron a PERFIL CORDOBA que habrá más imputados por esta causa. Mientras tanto, en la semana se conoció el texto del requerimiento de acción penal que elevó el fiscal Vidal Lascano contra las 9 personas que hoy están imputadas. Allí, se describen y ejemplifican las distintas actividades que realizaban las “cuevas” que habrían dirigido Martín Azar y Diego Sánchez, por un lado, y Pablo Rueda y Joaquín Becerra por el otro. También se menciona a algunos “fondeadores”, es decir personas que aportaban capital para el funcionamiento y operación de las financieras y el accionar de las personas a cargo de la administración, los pagos y los cobros y entregas de dinero y documentos.
Off shore. Las operaciones de transferencia de dinero, el servicio de “cable financiero”, era la especialidad de la sociedad Azar-Sánchez. Para esto, según se describe en el requerimiento de la fiscalía, se usaron “cuentas abiertas a su nombre o a nombres de familiares directos como así también cuentas que lo vinculan a sus familiares tal como la cuenta denominada “Ángel USA, Corp.”, en la cual figura como único agente registrado de la firma, otra cuenta denominada “Silvestre” cuya titularidad estaría vinculada a Silvestre Azar, D.N.I n° 56.xxx.xxx, otra denominada “Agustina”, que sería de Agustina Cherro de Miguel, D.N.I n° 36.120.566, esposa de Martín AZAR, como así también sociedades comerciales en EEUU que tendrían cuentas bancarias operativas en el exterior”. Es decir, según se describe en el requerimiento de la Justicia habría una cuenta off shore vinculada a Silvestre Azar, un bebé de menos de dos años de edad. La Justicia aún sigue investigando este punto para determinar si la cuenta se llama así o si efectivamente está a nombre del menor. Sobre este accionar, el texto de la fiscalía explica: “de tratarse las transferencias de montos bajos o de no poseer “margen” en las mencionadas cuentas anteriores, se optaba por cuentas personales de familiares que eran administradas por Martín Azar pero que pertenecían a personas conectadas a los miembros de la asociación como las ya mencionadas anteriormente”.
Según se describe, las operaciones principales eran:
A Préstamos de dinero en efectivo con fondos de terceros sin autorización, los cuales se realizaban previa captación de dinero de terceras personas. Para hacer frente a tales operaciones, los encartados utilizarían para ello el dinero en efectivo de terceros que ingresaba a través de la celebración de contratos de mutuo.
B- Transacciones de dinero en moneda nacional o extranjera mediante transferencias consistentes en compensación o conciliación de cuentas posiblemente por fuera del circuito legal utilizando para ello diversas cuentas bancarias extranjeras abiertas ya sean de empresas, como así también por cuentas abiertas a su nombre o a nombres de familiares directos como así también cuentas que lo vinculan a sus familiares.
C- Descuento de cheques con fondos de terceros sin autorización por parte del organismo controlador. Los imputados se proveían de cheques para llevar adelante el descuento de dos fuentes distintas: 1) con “operadores” - conforme surge de la investigación -, quienes acercarían habitualmente cheques ya sea al día o a plazo a la financiera; o 2) Con clientes particulares como personas físicas como así también firmas comerciales que colocaban cheques de terceros con alguno de los encartados. Para descontar estos valores, los encartados cobraban como contraprestación un porcentaje que rondaba generalmente entre un 3.3% o 5.5% variable, dependiendo de los plazos y circunstancias del mercado de que se traten.
D- La compraventa de moneda extranjera, con fondos en efectivo por fuera del sistema legal y sin la previa autorización del Banco Central para actuar como casa, agencia u oficina de cambio, fijando a tales efectos una cotización propia que era comunicada en el momento a los potenciales clientes. Para tales fines, los mismos concertaban acuerdos por teléfono con particulares que ya tenían un vínculo de conocimiento con alguno de los miembros
