Si bien el punto alto del calendario estará dado por el tratamiento de la legalización del aborto el 29 en el Senado, el año que concluye alteró el mapa de discusiones por los cambios que produjo el confinamiento por la pandemia. A los problemas históricos se sumaron nuevos desafíos y realidades que también tuvieron algunas respuestas.
Así, Analía Barrionuevo de la UNC rescata que se reformó el reglamento de investigaciones administrativas para las denuncias de violencia de género en la Casa de Trejo. Por su parte, Betiana Cabrera Fasolis destaca que las denuncias se multiplicaron por 10, y que las respuestas estatales fueron escasas. Claudia Martínez, ministra de la Mujer, contabiliza los esfuerzos de su cartera al advertir que se recibieron 63.174 llamadas al 0800, 8.462 consultas al WhatsApp y tomaron 7.969 denuncias telefónicas, mientras que inauguraron 56 espacios en toda la provincia para acompañar situaciones de violencia. Liliana Montero centra su intervención en el retroceso que implicó 2020 en materia de derechos, entre otras cosas, al tener que compatibilizar trabajo con tareas no remuneradas. Por último, Paola Zuban, de cara a las Legislativas, critica los obstáculos de las leyes de paridad advirtiendo la violencia política de género que esconden las prácticas de los partidos, que comienzan en la discusión del armado de las listas.
Adaptarse a la virtualidad fue una necesidad
ANALÍA BARRIONUEVO (*)
Este año será inolvidable para todo el mundo, por la particularidad de las herramientas que hemos desenvuelto para adaptarnos y seguir en conexión. No quedó otra que explorar la virtualidad, comunicarnos desde esa pantalla con las otras personas y las diferentes propuestas.
En particular, para el equipo de la Unidad Central de Políticas de Género de la UNC ha sido, sin dudas, uno de los años más intensos, tanto por los desafíos como por los logros. La pandemia y su consecuente aislamiento preventivo, nos obligó a quedarnos en casa; este hecho evidenció la importancia de seguir construyendo vínculos y redes desde la virtualidad, ya que la violencia de género se profundizó en el ámbito intrafamiliar.
En la universidad, los principales tipos de violencias que se manifiestan son la simbólica y la psicológica; estas se mantuvieron aún en este contexto. Nos vimos en la necesidad de adaptar la recepción de las consultas, asesoramientos y la toma de denuncias virtuales. Además, aprovechando la virtualidad, realizamos una encuesta para conocer el uso de métodos anticonceptivos por parte de la comunidad estudiantil y de masculinidades en situaciones de ejercicio de violencia de género en contexto de aislamiento.
Estos diagnósticos de temas que nos preocupan nos serán muy útiles a la hora de mejorar y pensar nuevas políticas públicas en materia de género.
La implementación de la ley Micaela, que implica formación en género a las personas de la comunidad universitaria, continúa por medio del curso virtual disponible en nuestro campus. A su vez, sumamos propuestas de conferencias virtuales, públicas y gratuitas. Ha sido un lujo contar con la participación de especialistas en la temática, como fue el caso de la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos, entre otras.
Sin dudas el mayor logro de los últimos tiempos tiene que ver con la aprobación en el Honorable Consejo Superior de la reforma del reglamento de investigaciones administrativas, que armoniza y actualiza la normativa con leyes nacionales e internacionales en materia de género.
Esto conlleva a una ampliación de derechos y acceso a la justicia por parte de las personas que denuncian una situación de violencia de género dentro del ámbito de la UNC. El proceso fue muy significativo, no solo por incorporar la perspectiva de género en los procesos de investigaciones, sino, en la forma en la que fue construido de manera colectiva involucrando a distintas áreas, espacios y referentes de género, que conforman nuestra comunidad universitaria.
* Coordinadora de la Unidad Central de Políticas de Género de la UNC
Los feminismos en la agenda
BETIANA CABRERA FASOLIS (*)
Un año totalmente distinto que desde el minuto uno fue interpelado por los feminismos. Anticipándonos, sabíamos que nuestro rol iba a ser protagónico para la dignidad y las estrategias de supervivencia, en clave de lucha y de conquista de más derechos.
La primera advertencia fue que nuestros hogares son los lugares más peligrosos para nosotras: las denuncias se multiplicaron por 10 y las respuestas estatales fueron desde lo más irrisorio (proponer un barbijo rojo), la saturación de las casas refugio, a la lenta adaptación del sistema judicial a una burocracia no presencial. Poder que mostró una de sus peores facetas: el 20% de las mujeres asesinadas tenía denuncias previas, algunas múltiples y durante años, pensemos en Paola Tacacho en Tucumán o Lidia Cabrera en Córdoba. Sigue siendo crítica la ruta de acceso a la justicia y lentas sus respuestas. Continúa la ausencia de políticas integrales para llegar antes que estas situaciones sucedan.
Las tareas de cuidado se pusieron en el centro de la escena al no haber clases, ni guarderías, ni clubes, ni colaboraciones de otras personas y se visibilizó el tiempo y energía invertido por nosotras: 10 horas diarias más, que únicamente son compartidas en el 40% de los hogares por varones. Y la OMS en abril dijo algo que aquí en Córdoba ya veníamos denunciando: a la pandemia se le suman millones de embarazos no intencionales, por falta de provisión a métodos anticonceptivos y acceso a servicios de salud sexual.
Todo agudizado en un contexto de crisis económica. Acompañando, problematizando, confrontando, llegamos casi al final. Pero como a las prioridades y las oportunidades también las escribimos nosotras, vamos a estar hasta el último minuto del 2020 empujando la historia para conquistar otro derecho. Lo vamos a lograr, va a ser ley.
* Médica especialista en medicina familiar y general. Profesora UNC. Coordinadora MuMaLa Córdoba. Integrante de la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito regional Córdoba.
La otra pandemia
CLAUDIA MARTÍNEZ (*)
La violencia de género es, como indican organismos internacionales, la otra pandemia de nuestra era. Se produce de manera sistemática, en casi todos los lugares del planeta, no distingue edad ni sectores sociales y se cobra la vida de millones de mujeres y niñas/os.
Combinada con la emergencia sanitaria Covid-19, sus efectos son devastadores porque, debemos decirlo, la casa no es el lugar más seguro para todas las personas. Para muchas, sobre todo mujeres, la casa es un lugar de riesgo y violencia. Lo vemos en las cifras de femicidios y en los hechos denunciados.
En alerta de esta situación, el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba puso en marcha un Plan de Emergencia Humanitaria en Género, refuncionalizando todos sus servicios para cuidar al personal y fortaleciendo sus líneas de atención telefónica gratuita para dar respuesta a todas las mujeres.
Mientras muchos servicios públicos y privados cerraban y se abría un abismo entre las personas y las instituciones, más de 120 profesionales conformaron turnos rotativos para atender permanentemente las líneas telefónicas. En estos meses, el ministerio asumió los servicios y competencias de otras instituciones del Estado, con las limitaciones que eso pudiera tener.
Así, en todos estos meses de pandemia, nuestras profesionales recibieron 63.174 llamadas al 0800, 8.462 consultas al WhatsApp y tomaron 7.969 denuncias telefónicas. Por su parte, el Centro Integral de Varones realizó 33.699 intervenciones con hombres denunciados por violencia.
Asimismo, la circulación restringida puso en evidencia aún más la necesidad de la descentralización territorial de las acciones del ministerio. Con el programa PUNTO MUJER, inauguramos 56 espacios estratégicos en los municipios provinciales, cuyos equipos sirven de referencia y acompañamiento ante situaciones de violencia de género.
A la vez, estamos fortaleciendo redes de acompañantes comunitarias, brindando herramientas de actuación y la cercanía de recursos claves. Para finalizar, queremos destacar que durante todo el 2020, el Ministerio de la Mujer realizó un enorme trabajo para mitigar el impacto de la crisis, no solo en materia de violencias sino también frente a la profundización de las desigualdades estructurales de género.
Para ello se brindaron propuestas de formaciones virtuales, programas para propiciar la autonomía económica de las mujeres y se articuló con los organismos de salud para cuidar de manera integral a las cordobesas.
La otra pandemia, profundizada por el Covid-19, nos exige un trabajo constante para transformar privilegios en derechos, lo que demanda a la sociedad en su conjunto, para avanzar en la construcción de comunidades más justas e igualitarias.
Nuestro gobernador afirma que el siglo 21 es el siglo de las mujeres, el siglo donde las mujeres tendrán un gran protagonismo. Donde la igualdad sea prioridad y no haya más lugar para las violencias. Que la nueva humanidad nos encuentre del mismo lado de la historia.
* Ministra de la Mujer del Gobierno de la Provincia de Córdoba
¿Quién soporta el peso?
LILIANA MONTERO (*)
Prohibido tocarse, besarse y abrazarse. No hubo escuela ni centros de día para personas mayores, no hubo clubes ni espacios de entretenimiento, los bares cerraron y las oficinas también. Entender que aquello que nos une de pronto se convertía en lo que nos podía enfermar, es al menos complejo.
En ese contexto, en algunas franjas etarias, este distanciamiento no sólo hizo estragos porque nos impidió la demostración de nuestro afecto, sino porque nuestras infancias y nuestras personas mayores fueron más perjudicadas que otras, sin lugar a dudas; pero, desde el punto de vista del género, las mujeres, una vez más, hemos salido perdiendo: el cuidado infantil, el trabajo no remunerado y las labores de cuidado, han recaído sobre todo en las mujeres.
Para toda la población este año ha sido el más difícil de lo que va del siglo. Para las mujeres será el año en que retrocedimos muchísimo en relación con las conquistas de nuestros derechos y en el que volvimos a un tiempo en el que sobre nosotras recayeron muchas de las tareas no remuneradas, debiendo cumplir además con nuestros trabajos poco o mal remunerados; será el año en el que muchas debieron abandonar su trabajo porque no había quien las reemplace en el cuidado de hijos e hijas, muchas pasaron a la informalidad, otras tuvieron que hacerse cargo de cuidar a los adultos y hubo miles de mujeres que debieron transitar esta pandemia conviviendo con quienes las violentan.
En definitiva, debemos entender que sobre nosotras no solo ha caído lo más duro de la pandemia, sino que van a recaer las consecuencias más pesadas de la misma y es, por lo tanto, responsabilidad del conjunto social, pensar acciones que de algún modo restituyan derechos y equilibren semejante desigualdad en el peso soportado.
* Licenciada en Psicología y subsecretaria de Planificación y Gestión para una Ciudad Inclusiva de la Municipalidad de Córdoba
¿Es democrático un sistema que excluye al 51%?
PAOLA ZUBAN (*)
Las democracias latinoamericanas y del mundo tienen serios problemas y no es producto de la pandemia. Cuando el coronavirus llegó, el hartazgo y la bronca contra el sistema político ya estaban ahí. Hoy, las protestas sociales que desencadenaron fuertes y, en ocasiones, violentas protestas en la región, volvieron en casi todos los países de la misma manera y el coronavirus, en todo caso, solo potenció los efectos.
Esto es motivo de debates en la academia, pero también hacia el interior de los partidos políticos a nivel mundial. La ‘fatiga democrática', esa famosa crisis de representación, no es nada más ni nada menos que la falta de confianza en las instituciones políticas y en los propios partidos políticos.
Hay que decir que los partidos han hecho méritos para que esto ocurra. Por un lado, son poderosas maquinarias electorales dueñas de facultades políticas decisivas y exclusivas, consagradas por la constitución. Pero, por otro, las decisiones en los partidos no son transparentes, se toman en una mesa chica elitista y cerrada, las fuentes de financiamiento no son manejadas con transparencia, no forman nuevos cuadros políticos y han perdido la conexión con la gente.
Con todo, los partidos son los ‘porteros’ de la democracia. Custodian esa puerta de entrada a la política con siete llaves. Especialmente cuando son las mujeres las que quieren hacer política, en igualdad de condiciones con los varones.
En Córdoba, la ley 8.901 de Participación Equivalente de Géneros, que tiene ya 20 años, estipula que “toda lista de candidatos a cargos electivos provinciales, municipales, (…) deberá contener porcentajes equivalentes de candidatos de ambos géneros”. Pero la ley tiene aquí una ‘trampa’ o ‘candado’ para las mujeres cordobesas que desean acceder a la Legislatura Uninominal de la Provincia de Córdoba. Veamos. Para la Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba se eligen 70 parlamentarios: 26 legisladores, uno (generalmente varón) por cada distrito de la provincia y 44 legisladores en forma proporcional a la población (sistema D´hont) tomando a la provincia como un distrito único, por lo cual, si el primer cargo es ocupado por un varón y el siguiente por una mujer, ese partido deberá tener una representación amplia para que ella ingrese.
Si la proporción de votos alcanza para cubrir tres cargos, y el orden de la lista es varón, mujer, varón, la representación sigue siendo desigual, es decir, no paritaria. Resultado: en los últimos 17 años, de 130 legisladores departamentales que fueron electos, solo nueve mujeres ingresaron en calidad de titulares frente a 121 varones.
La constante es que, sobre 26 legisladores uninominales electos en distintos períodos, sólo se eligen entre una y tres mujeres. La paridad numérica es muy importante, pero no es suficiente. En la práctica, quedan fuertes obstáculos. Y estos son temas tabúes para las mujeres que habitualmente no pueden plantearlos en sus partidos políticos, porque su palabra es minimizada, ninguneada o desjerarquizada. Es violencia política de género.
¿Puede considerarse democrático un sistema que excluye con excusas históricamente, al 51% de la población? ¿Frente a esta responsabilidad que hacen los partidos políticos? Miran para otro lado y siguen practicando una ‘forma de hacer política’ que supone la existencia de un entramado complejo de creencias, actitudes y prácticas que impactan de manera diferente a hombres y mujeres.
Para las mujeres se trata de ganar espacios, pero también de cuestionar el modo en que se ejerce el poder. Es necesario normalizar la idea de que a las mujeres les gusta ejercer el poder y que ese poder construye más y mejor democracia. La democracia se debe a estos debates. No hay democracia posible sin equidad de género.
* Politóloga y directora de Zuban - Córdoba
