La posible responsabilidad por omisión de funcionarios del gabinete de Cristina Fernández de Kirchner durante el motín policial en Córdoba, los primeros días de diciembre de 2013, continuará investigándose en los tribunales porteños. Vencido el plazo para apelar la resolución del juez federal 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, que declaró la incompetencia territorial, la fiscal decidió no apelar esa decisión.
Así lo confirmaron a PERFIL CORDOBA fuentes cercanas a Graciela López de Filoñuk. La funcionaria había imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público a Jorge Capitanich, exjefe de Gabinete, Cecilia Rodríguez y Sergio Berni, exministra y exsecretario de Seguridad de la Nación, respectivamente.
La causa es una derivación del juicio en tribunales provinciales a los agentes que participaron de aquella revuelta que vació las calles de móviles policiales, convirtiendo a la ciudad en zona liberada, y que terminó en 52 condenas. Desde aquel suceso, los funcionarios del Gobierno provincial advirtieron a la opinión pública que habían pedido asistencia pero no la habían conseguido. Durante el juicio a los policías se profundizó la hipótesis de la falta de colaboración y se ordenó abrir una investigación.
A mediados de mayo de este año, López de Filoñuk promovió las imputaciones al analizar las insistentes llamadas telefónicas que realizaron las autoridades de Córdoba y que no fueron atendidas en los despachos del Gobierno nacional. Se pretendía obtener ayuda de fuerzas de seguridad para reemplazar los patrullajes policiales y evitar desbordes como los ocurridos en diferentes puntos de la ciudad donde numerosos comercios fueron saqueados.
Según pudo reconstruir la fiscal, el por entonces jefe de Gabinete de la Provincia, Oscar González intentó comunicarse, sin éxito, con la ministra Cecilia Rodríguez desde las 21 horas del 3 de diciembre. Hizo lo propio con Capitanich y su secretaria privada.
También la exministra Alejandra Monteoliva y el secretario privado del exgobernador José Manuel de la Sota -ausente de Córdoballamaron a diferentes despachos pero nadie ni siquiera los atendió. Al analizar la competencia del tribunal, el juez Vaca Narvaja precisó que el lugar donde se cometió el delito no debe confundirse con el ámbito “donde se produjeron los efectos extratípicos del hecho ilícito”.
En este caso, de haber existido incumplimiento de los deberes de funcionarios, los señalados desempeñaban sus tareas en la ciudad de Buenos Aires y es allí donde debe continuar la investigación. Por esa razón, el expediente es girado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal a fin de que asigne al Juzgado Federal que corresponda por turno.
