Certificar desde qué fecha el ahora exministro de Salud, Diego Cardozo, conocía que se producían muertes sospechosas de bebés en el Hospital Materno Neonatal, determinará su eventual imputación. Su renuncia, el jueves último, puede leerse como una tácita asunción de responsabilidades.
Aparecen, como probables, dos cuestiones que se le pueden achacar: ocultamiento de la situación e inacción, esto último con consecuencias que podrían ser irreparables en la obtención de parte de la prueba.
Para el abogado querellante Carlos Nayi no hay dudas. El 20 de marzo pasado, dos días después de la primera muerte sospechosa, estaba al tanto de lo sucedido.
El ministerio nunca presentó la denuncia y el caso se judicializó por dos presentaciones de particulares recién durante los primeros días de julio. Y tomó estado público a través de la prensa, cinco meses después. Recién entonces se resolvió desplazar a la directora del nosocomio y a su vice.
Por ahora, el fiscal Raúl Garzón imputó a cuatro personas: la enfermera Brenda Agüero, por homicidio de dos bebés fallecidos entre el 5 y 6 de junio; a la directora, Liliana Asís, y a las jefas de Neonatología, Marta Flores y Adriana Morales, por presunta omisión de los deberes de funcionario público. Todas están apartadas de sus funciones.
El domingo último PERFIL CÓRDOBA aportó el siguiente dato: la omisión de autopsias en los primeros fallecimientos compromete a las directivas imputadas. El techo de la responsabilidad, que se ubica en la conducción del hospital, podría alcanzar al ahora exministro.
¿Dónde radica la importancia de no haber ordenado autopsias aún cuando eran muertes inexplicables? Al efectuarlas se extrae líquido cefalorraquídeo que permite identificar la presencia de sustancias tóxicas. Ese análisis solo es posible hacerlo a pocas horas de la muerte. Por eso no se piensa en pedir la exhumación de los cuerpos de bebés fallecidos en marzo, abril y mayo, ya que no arrojaría ningún resultado. Es decir, es una prueba con la que no se podrá contar.
Esa es la razón por la que a Agüero se le endilgan, hasta el momento, solo los dos decesos de junio: fueron los únicos casos en donde se practicaron autopsias.
Se deduce, entonces, que la fuerza probatoria para determinar quién causó cada una de las muertes provendrá del análisis de las historias clínicas y de los testimonios que brinden las madres y el personal del hospital. Hasta el viernes, el fiscal Garzón todavía no contaba con todos los informes de los médicos forenses sobre los documentos secuestrados en el hospital a principios de julio, cuando se abrió la investigación. Hay una certeza y muchos interrogantes por develar.
El denominador común de las cinco muertes y los ocho bebés que sobrevivieron presentando cuadros similares (lesiones cutáneas, un cuarto pinchazo y descompensación cardíaca) es que los embarazos fueron controlados, las madres eran sanas y los niños, al nacer, tuvieron buena puntuación en la prueba de Apgar. A pesar de todo eso, murieron o se descompensaron.
“Un monstruo”. Con esas palabras Damaris Bustamante, madre de un niño que nació a las 8.15 del 23 de abril y falleció a las 18.15 del mismo día, describió a Brenda Agüero la enfermera detenida. La mujer relató malos tratos y dichos agraviantes por parte de Brenda y de otras enfermeras. Relató con precisión lo que recuerda de aquel día, el momento en que le sacaron a su hijo de los brazos y se lo llevaron. Ella volvió a verlo cuando había ingresado a terapia, donde finalmente falleció. También exhibió imágenes de moretones que le provocaron mientras estuvo internada para el parto.
El jueves pasado también pidió declarar María, madre de una beba que nació el 6 de junio, se descompensó y logró sobrevivir. También recuerda a cada una de las personas que estaba en la sala de partos, entre ellas Brenda.
Pericia trascendente. Mañana terminarán de designarse los peritos oficiales y los que propusieron las partes para realizar la pericia multidisciplinaria a la enfermera Brenda Agüero. El fiscal resolvió que intervengan psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. Se procura conocer si la joven es imputable y qué rasgos presenta su personalidad.
Abogado del niño. El fiscal, además, realizó un llamamiento para que se proponga a un letrado que defenderá los derechos de cada uno de los bebés, en forma autónoma e independiente de la representación que ejercen sus progenitores. Además, ya interviene el asesor letrado Eduardo Caeiro, como representante complementario promiscuo. Y el fiscal debe aún resolver si admite como querellante a la asociación civil Portal de Belén, que también pidió participar del proceso.
DIEZ PREGUNTAS QUE ESPERAN RESPUESTAS
Los testimonios que comienzan a trascender apuntan a la enfermera Brenda Agüero con gran firmeza. Su nombre estaba instalado aún antes de haber sido imputada y detenida, el viernes 19 de este mes. No obstante, desde la fiscalía sostienen que todavía son numerosos los aspectos a determinar y las posibles imputaciones que podrían sumarse.
En declaraciones a PERFIL CÓRDOBA, el fiscal Raúl Garzón, aseguró que su investigación apunta no solo a determinar el o la causante directa de las muertes, sino los responsables de los controles que, evidentemente, no existieron.
A continuación, algunos puntos que esperan respuestas:
1. Las autopsias de los últimos dos fallecidos y la niña que sobrevivió arrojó un alto nivel de potasio. ¿Es posible determinar con certeza que en los tres casos fatales restantes también estuvo presente esa sustancia si no se realizaron las necropsias? Es un elemento central para trazar el vínculo entre todos los casos judicializados. Hasta ahora se los asocia por los síntomas que presentaron los niños.
2. ¿Cómo se determina que la enfermera Brenda Agüero ejecutó todos los homicidios, también aquellos en donde no se hizo autopsia? Por el momento los indicios surgen de los horarios coincidentes entre los que ella cumplía turno y los decesos; y de los testimonios de madres y empleados.
3. ¿Se usa y aplica potasio en ese hospital? Si no es un medicamento de uso habitual, ¿de dónde lo consiguió quien perpetró los crímenes?
4. En el mismo período en que Brenda fue apartada de sus funciones otra enfermera y dos enfermeros también dejaron de ir a trabajar. Fue desde entonces que cesaron las muertes y complicaciones sospechosas de recién nacidos. La sospecha se centra en ella. Cuando se levante el secreto de sumario se podrán conocer las pruebas en su contra.
5. Hay una quinta persona, también enfermera, que tiene problemas de salud mental por lo que le quitaron funciones técnicas. Según datos aportados a este medio, es una profesional que tenía crisis cuando moría algún bebé.
6. ¿Qué rol desempeñaba y desde cuándo estaba en el Neonatal el abogado Alejandro Escudero Salama? Tiene cargo de subdirector de Gestión y Coordinación de Políticas de Acceso e Igualdad en Salud, del Ministerio de Salud. Se había indicado que fue al Neonatal como interventor para abrir el sumario administrativo luego de que comenzaron los fallecimientos sospechosos. Una fuente sostuvo ante este medio que fue antes, a fines del año pasado. Realizada la consulta al área de prensa de la cartera sanitaria, no se obtuvo respuesta. Entre los cambios que anunció la nueva ministra, Gabriela Barbás, no se anunció si continuará con funciones vinculado al Neonatal o no.
7. ¿Pudo actuar una sola persona para procurar la muerte de los 13 bebés, objetivo logrado en cinco casos relevados hasta el momento?
8. ¿Por qué ni las autoridades ni los gremios alertaron sobre lo que estaba sucediendo, si un grupo de 15 trabajadores fueron dispensados de concurrir a cumplir sus tareas desde mediados de junio?
9. ¿Por qué no se comunicó a cada una de las madres y padres que sus bebés eran objeto de investigación?
10. ¿Qué participación tuvo la actual ministra, Gabriela Barbás, en la crisis del Neonatal? Un grupo de madres rechazó la reunión a la cual fueron convocadas. Para ellas, la funcionaria representa la continuidad de las políticas que implementó Cardozo.
