La suspensión que realizó el gobierno esta semana de la aplicación de la Ley de Economía del Conocimiento desató uno de los debates más necesarios de la agenda nacional.
Dictada en 2019 y con importante consenso social, la norma fue de los primeros aspectos de política pública rescatados por el presidente cuando aún se encontraba en campaña, todavía como candidato opositor.
La ley 27.506, aprobada en unanimidad en el Senado y con amplia mayoría en Diputados, vino a reemplazar y ampliar la promoción de la industria del software.
Aquel programa también brindaba importantes exenciones impositivas y había contado con la participación del gobierno y la industria en su diseño con indudables resultados: Según Cessi, en los primeros 13 años de la promoción del sector, el software creó empleos tres veces más rápido que el promedio del resto del sector privado.
La nueva ley busca ampliar la lista de actividades comprendidas por el beneficio con la promesa de dinamizar a mayores sectores de la economía y con el riesgo asociado de contribuir al desfinanciamiento del Estado.
Este argumento fue esbozado en el dictamen de minoría de Diputados por parte del actual oficialismo. La preocupación por el impacto en las cuentas públicas creció luego de conocerse la reglamentación con cierta laxitud en requisitos que el Poder Ejecutivo realizó en octubre, 45 días antes de finalizar el mandato.
Incertidumbre. Si bien resulta lógico, en un contexto macroeconómico como el actual, que el Ejecutivo redefina objetivos e implicancias fiscales, no conocer detalles de la nueva reglamentación impide analizar la pertinencia de las medidas.
La suspensión de la anterior reglamentación tiene impacto diferente en el sector software, respecto de las nuevas áreas de beneficio. En servicios informáticos, el régimen debía ser continuado en 2020 y la falta de certezas no contribuye. La performance a la baja de los ¨unicornios argentinos¨ en Wall Street es ilustrativa tanto del efecto de dicha incertidumbre como del éxito de aquellas políticas de promoción. Despegar, Globant y Mercado Libre perdieron entre 1,5% y 2,2% su valor accionario en dólares en medio de trascendidos respecto de un nuevo proyecto.
El caso de Mercado Libre, cuya capitalización era en 2019 superior a la de la totalidad del Merval Argentino, merece atención especial. Dedicada al comercio electrónico y al Fintech, había sido beneficiaria en la promoción original entre 2004 y 2019 con dudosa pertinencia.
En la reglamentación de octubre, hoy suspendida, fue incluida expresamente con un ¨artículo 6¨ que prevé el autodesarrollo de exportación. Es decir, producir software para exportarlo a otras sucursales de la propia firma destinados a brindar servicios financieros.
Promoción sustentable. Con independencia de las intenciones de enviar un nuevo proyecto en extraordinarias o de reformular la reglamentación, es claro que el ejecutivo tiene la mirada atenta en la evolución de este proceso.
La creación de una secretaría específica en el Ministerio de Producción da cuenta de ello. Los rumores respeto del foco en equidad de género y desarrollo federal son importantes, aunque no decisivos.
El objetivo de contar con mayores empleos de calidad, divisas y contribuyentes en los rubros emergentes de la Industria del Conocimiento, que comprende “biotecnología, nanotecnología, agrotecnología, servicios profesionales exportables, servicios geológicos y de prospección, ingeniería satelital y nuclear, industrias del entretenimiento y creativas” puede cambiar la matriz productiva Argentina para siempre.
Hace falta una nueva reglamentación rápida, que disipe dudas y que esté, a su vez, dotada de legitimidad, haciéndose cargo de la paradoja de un sector al que se intenta promover con políticas dedicadas pero que recibe impactos por las políticas de restricciones generales.
Los desafíos actuales revisten importantes proporciones. La “revolución 4.0” es el último tren al desarrollo que pasará para Argentina. Interpelan al Estado y a privados, ya que se requieren políticas públicas con participación de los actores involucrados, al observar objetivos generales además de los sectoriales.
Las actuales startups no pueden consolidarse y atraer divisas sin financiamiento estable. Los freelancers no podrán convertirse en empresarios si ocupan la mitad de su tiempo entre la tentación de emigrar y los malabares propios de la incertidumbre.
Y los nuevos unicornios que el Estado ayude a crear tendrían que modificar su ADN, programado para obtener beneficios fiscales, y permanecer comprometidos con financiar la sustentabilidad del salto de calidad de nuestro país.
Andrés Piazza es consultor, dirige la Asociación Desarrollo Digital e integró el Directorio de la Agenda Digital de América Latina (eLAC) en Naciones Unidas representando a organismos internacionales del ecosistema digital.
