En el trabajo de monitoreo de derechos que realiza periódicamente la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, el último relevamiento que encaró fue sobre 1.655 familias con el fin de comprobar el impacto que había tenido la crisis del Covid-19. El resultado es una foto dramática de cómo recrudeció la pobreza, cayó el acceso a derechos básicos como la alimentación y la salud y subieron los factores que ponen en riesgo el acceso a la educación. A la par del diagnóstico, hay una serie de recomendaciones para contener y mejorar la situación.
El informe fue presentado por el organismo que encabeza Amelia López. Si bien los datos corresponden a fines del 2020, la estadística de la pobreza infantil y adolescente en Argentina prácticamente no ha variado en el 2021. La realidad indica que más de la mitad de los niños y adolescentes es pobre o indigente.
Según la Encuesta Permanente de Hogares que realiza el Indec, el año pasado representó el 54,3%. En cifras, la pobreza afecta a 5,9 millones de niños menores de 14 años en todo el país. En el 2020, ese porcentaje se había ubicado en el 56,3%, es decir, dos puntos por arriba.
Lo más interesante del informe de la Defensoría, titulado ‘Análisis situacional de hábitos y percepciones de NNyA a ocho meses de la pandemia’ es que refiere datos cuantitativos y cualitativos que describen cómo, en la vida cotidiana, niños y adolescentes perdieron calidad de vida en Córdoba.
No era la población de riesgo para la mirada sanitarista de la pandemia de Covid. Pero, a la larga, todas las medidas adoptadas para combatirla terminaron impactándola de lleno.
El resultado estadístico mostró que más de la mitad de los hogares encuestados, con niños y adolescentes en su integración, pertenece a un nivel socioeconómico bajo. En ese estrato, a partir de la cuarentena empeoró su alimentación y las familias tuvieron que tomar préstamos para poder comer al menos una vez al día. No tuvieron buen acceso a Internet, una porción ni siquiera contó con computadoras y tampoco contaron con ninguna cobertura de salud.
Todos los indicadores empeoraron o resultaron alarmantes. En cuanto a educación, el informe indicó una serie de factores de riesgo que conducen a la deserción escolar.
A quiénes y cómo se relevó. La encuesta se concretó vía online. Para obtener una muestra representativa, la Defensoría articuló el trabajo con las 10 subsedes distribuidas en toda la provincia, con organizaciones gubernamentales, sociales y académicas con las cuales trabaja. Se agruparon los departamentos en cinco grandes regiones y se realizó una ponderación regional, según el lugar de residencia de los adultos que respondieron.
Para establecer el nivel socioeconómico de los hogares encuestados –en todos hay niños y adolescentes, por ser el objetivo del relevamiento– se desarrolló un índice en base a tres variables: recepción de IFE (Ingreso familiar de emergencia), Tarjeta Alimentar y condiciones de hacinamiento. El 54% de las familias se clasificó en el nivel socioeconómico bajo y el 45% en el medio y alto. Del total de hogares, en el 23,6% el cuidado recayó en un solo adulto, en la inmensa mayoría de los casos mujeres.
Cómo salir a flote.
A partir del diagnóstico alcanzado, la Defensoría concluyó el informe con una serie de recomendaciones para contener la situación y mejorarla.
- Asistencia y generación de empleo. “Las dificultades puestas de manifiesto dan cuenta de la necesidad clara de que el Estado continúe acompañando a aquellas familias que se encuentran vulnerables, poniendo en marcha políticas tanto de asistencia, que permitan asegurar acceso y calidad nutricional mientras se transita el ‘formato supervivencia’ al que hoy está expuesto un extenso grupo poblacional, como así también a políticas activas de generación de empleo, que den respuestas al mediano y largo plazo”, es el primer apunte. El 20% de los hogares encuestados son monoparentales, en su mayoría bajo la responsabilidad de mujeres, por lo que las políticas de empleo y reactivación económica deben estar acompañadas de especiales condiciones para el regreso a las aulas y/o revinculación escolar a fin de permitir a las familias monoparentales trabajar.
- Impacto emocional y violencias. En cuanto a la salud, subraya la necesidad de prestar especial atención “a las políticas de salud mental, poniendo énfasis no solo en la patologización, sino sobre todo en el desarrollo emocional de los niños y adolescentes, sobre quienes impactó negativamente el aislamiento y la falta de comunicación real con docentes y pares. Mientras para algunos el encierro permitió un encuentro intrafamiliar, para otros incrementó las violencias.
- Educación y tecnología. En cuanto a la educación, se sugiere que “más allá del dato estadístico, será importante hacia el futuro revisar el modo en que se abordará la multicausalidad del riesgo escolar”. En relación al acceso a la conectividad y a las tecnologías, calificado como derecho de cuarta generación, capaz de provocar nuevas desigualdades, se indicó: “Es inevitable en este contexto de pandemia la correlación entre el riesgo de abandono escolar y la falta de conectividad y PC como variables de vulnerabilidad que están íntimamente relacionadas”. Esto evidencia la necesaria presencia del Estado aportando recursos.
ALIMENTACIÓN
El 50% de los hogares pobres se endeudó para comer
La cuarentena impactó negativamente en el sustento diario de quienes tienen que salir a trabajar para solventar los gastos de la vida cotidiana y no pudieron hacerlo por las restricciones a la circulación que existieron en el primer año de la pandemia por Covid.
Un 45,6% de los hogares encuestados expresó estar alimentándose en forma menos saludable que antes de la cuarentena. En el corte socio económico bajo, este porcentaje ascendió a un 52%. En relación a datos arrojados en una encuesta anterior (de mayo 2020), se observó un incremento de 10 puntos porcentuales en esta realidad.
Pero, quizás, lo más elocuente del empeoramiento de la situación es que cinco de cada 10 hogares pobres debieron recurrir al endeudamiento para comprar alimentos.
Otro dato descriptivo es que siete de cada 10 hogares del sector socioeconómico bajo en esta muestra, tuvieron que dejar de comprar algún alimento por no tener dinero.
Comieron menos veces. El 20,5% del total de hogares que respondieron la encuesta en la provincia dijo que no pudo garantizar las cuatro comidas diarias para todos sus integrantes. El cuatro por ciento dijo que, en realidad, nunca llegaba a cubrirlas incluso fuera del período de cuarentena. Y cuatro de cada 10 familias expresó que recurrió a ollas populares, comedores o copas de leche como ayuda externa.
SALUD
El 53% de las familias abandonó controles de rutina
Seis de cada 10 hogares pobres respondieron que no tienen cobertura médica. Según las respuestas obtenidas en la encuesta, un 30% de los casos tuvieron inconvenientes para acceder a medicamentos mientras duró la cuarentena.
Mientras en los sectores medio y alto la mayoría realizó consultas con profesionales de la salud por videollamada, en el sector bajo la forma predominante de las consultas médicas fue por turnos presenciales programados (39,2%) en dispensarios y guardias médicas de hospitales públicos, primordialmente.
El tipo de consulta médica que más dejó de realizarse fueron los controles de rutina. Así respondió el 53% de los hogares.
EDUCACIÓN
Uno de cada cuatro niños está en riesgo de deserción escolar
Si cada una de las variables analizadas es preocupante, la realidad hallada sobre la educación lo es aún más porque es la herramienta capaz de proporcionar conocimiento y habilidades para garantizarle socialización en el presente y capacidad de sustento en el futuro. Sin embargo, el 26,3% de las respuestas reveló que los niños y adolescentes estuvieron fuera del sistema formal educativo, o en grave riesgo de abandonarlo. Entre los más pobres, tres de cada 10 hogares discontinuaron la escolarización.
Las restricciones sanitarias mantuvieron por varios meses a los edificios escolares cerrados y cuando se abrieron se implementaron burbujas dividiendo los grupos, por lo que la carga horaria presencial fue mínima a lo largo del 2020.
Las clases virtuales fueron la alternativa desplegada. La encuesta demostró que cuatro de cada 10 hogares pobres no tuvieron conexión a Internet o la conexión era de muy baja calidad. Es decir que no pudieron o tuvieron muchísimas dificultades para asistir a clases. Además, el 60% de los hogares dijo que no tenían ni siquiera una computadora. Si se piensa que son familias con más de un niño o adolescente que dependían de un teléfono celular para mantener contacto con sus docentes, las condiciones en que se dictaron las clases fueron paupérrimas.
Sobre la motivación para realizar las tareas consignadas por maestros y profesores, los padres describieron el ánimo de sus hijos como: “desmotivado/a” (45,53%) y “agobiado/a” (47,63%), y en menores proporciones “entusiasmado/a” (24,03%), “indiferente” (17,55%) y “curioso/a” (8,33%). Hay que aclarar que en esta pregunta, podían señalar más de una opción.
INSEGURIDAD
Especialmente en Capital, restringen actividades
Sobre la seguridad en espacios públicos, la sensación de carencia es mayor en la ciudad de Córdoba. Según la encuesta de la Defensoría, ocho de cada 10 hogares respondieron que se sienten inseguros en los espacios públicos o no salen a los mismos por la inseguridad. La realidad provocó que restringieran al menos una actividad por los hechos de inseguridad en el barrio donde viven.
