En los últimos años, América latina ha mantenido su condición de región más desigual del planeta. Desde 2015 se ha agravado la pobreza extrema y las condiciones de vida, que habían experimentado una mejora en la región desde 2005, se están deteriorando preocupantemente. Un reciente informe de la CEPAL describe el panorama social, resaltando el incremento del desempleo, alto nivel de informalidad, caída de los ingresos y dificultades en el acceso a servicios. Los datos que presenta este organismo de las Naciones Unidas despiertan una serie de interrogantes. El primero tiene que ver con cuán vulnerables son las condiciones sociales a los ciclos económicos y por qué. En contextos recesivos como el que atraviesa la región, la pobreza sube vertiginosamente, mostrando cuán frágil es la estructura de contención de los sectores excluidos. Un elemento clave, en este sentido, es el nivel de gasto que el Estado destina a hacer frente a esta situación. De allí se deriva una segunda -y más sustancial- incógnita ¿cuán efectivo es el gasto social que realizan los gobiernos? La evidencia muestra que los niveles de pobreza en la región persisten a pesar de etapas de crecimiento económico, o con independencia de los volúmenes de gasto público que el Estado destina a afrontar sus causas o -más comúnmente- sus consecuencias. Ante esto, Martín Maldonado, investigador del CONICET-UNC y especialista en la materia afirma que “en América Latina se gasta más y aún así las condiciones de vida no mejoran” y explica que “esto sucede porque el Estado está organizado con estructuras burocráticas weberianas inflexibles que no se adaptan a los nuevos problemas sociales”.
Para graficar su argumento sostiene: “Hay tres niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, organizados en estructuras ministeriales iguales: salud, educación, desarrollo social, por ejemplo, se repiten como espejos en los tres niveles. Es una matriz bien rígida. Pero los problemas que deben resolver son cómo una mancha sin forma que atraviesa todos los ministerios de todos los niveles de gobierno”.
Podría decirse que el estado se ha departamentalizado en busca de especialización, pero ha perdido integralidad en su abordaje. Maldonado resume esta obsolescencia afirmando que “en materia de pobreza tenemos problemas del siglo veintiuno, un estado del siglo veinte y una mentalidad del siglo diecinueve”.
¿Y en Córdoba? El panorama latinoamericano tiene su correlato en nuestro país en general y en la provincia de Córdoba en particular. El interrogante por la efectividad del gasto surge apenas se analizan los datos de la cantidad de dinero público que se destina a la cuestión social. El gasto en servicios sociales comprende las erogaciones del Estado nacional para seguridad social, educación, salud, asistencia social, vivienda, agua, y ciencia y técnica, principalmente. En el caso del nivel provincial, este rubro se compone del dinero asignado a educación, salud, asistencia social, vivienda, trabajo y ciencia y técnica.
Si se comparan los gastos ejecutados por la Nación y la Provincia con esta finalidad durante los últimos diez años, se observan algunos aspectos llamativos. En Córdoba, el indicador mostró un promedio de 48% en la última década, con una marcada tendencia a la baja desde 2012. El período analizado comprende la actual gestión de Juan Schiaretti, el tercer mandato de José Manuel de la Sota y parte del primer gobierno de schiarettista. En el último trimestre de 2018 la provincia reforzó las partidas destinadas a afrontar los efectos de la crisis y el gobernador en persona asumió tal compromiso. Pero incluso con este incremento de emergencia, el año pasado cerró con el menor nivel de gasto social de la última década, con un 42,5% del total de las erogaciones públicas.
Nación, otra realidad. La contracara de la tendencia provincial es el caso del gobierno nacional. El período analizado abarca tanto la actual gestión de Mauricio Macri como las de Cristina Fernández de Kirchner. En promedio para el período el gasto social acapara el 58,5% del total de las erogaciones. Pero luego del recorte en 2016, en los dos últimos años creció considerablemente, superando la línea del 60%, incluso por encima del monto máximo de la gestión anterior.
Para explicar el crecimiento simultáneo de pobreza y gasto social, el diputado nacional Daniel Arroyo apunta al tipo de transferencia que realiza el Estado y el impacto de la inflación. “El gasto creció, pero muy dirigido a lo alimentario. Tiene sentido, pero corre detrás de los precios de la canasta básica impulsados por la inflación. Hay más recursos pero también hay más problemas alimentarios, porque las políticas no apuntan a generar empleo.” Sobre esto último, agrega: “Se quebró la economía social. El plan social y la changa mantienen a los pobres. Las changas murieron por efecto de la recesión, y esto agrava la pobreza.”
Arroyo, quien también fue viceministro de Desarrollo social de la Nación, atribuye la dificultad para mejorar las condiciones de vida a aspectos esenciales del entramado económico y social. “El problema de la pobreza es intergeneracional, hay jóvenes que están fuera del mercado laboral y que tampoco vieron trabajar a sus padres. Incluso en un hipotético despegue de la economía y con crecimiento, persistiría alrededor del 25% de pobreza, que es estructural”.
Entre los factores que afectan la efectividad del gasto estatal, señala la desarticulación de políticas: “Hay un desenganche muy fuerte entre lo económico y lo social”. Y para revertirlo postula “un nuevo ciclo de la política social” que, por ejemplo, implemente “sistemas de crédito no usurarios que impulsen cadenas productivas, porque el crédito es política social”. Y concluye: “Tenemos un déficit muy grande de vivienda, pero eso mismo, que es un factor determinante de la pobreza, puede ser una posible solución si se implementan programas de construcción que generen empleo”.
Otra mirada. Está claro que la complejidad del problema demanda abordajes innovadores e integrales, tanto en el diagnóstico como en las soluciones. Incrementar los niveles de ingreso mediante transferencias monetarias o garantizar cuatro raciones de alimentos pueden revertir indicadores estadísticos, pero no resuelve condiciones materiales fundamentales, como la vivienda, el empleo o la salud. Ni mucho menos permite reconstruir tejidos sociales de integración e inclusión simbólica. La urgencia, magnitud y progresividad del problema social son tan desafiantes como la inefectividad evidente del gasto público.
