Según datos de la Procuración Penitenciaria Nacional(PPN), seis de cada 10 presos federales en la Argentina no tiene condena firme. De los presos federales detenidos en Bouwer el cálculo asciende a ocho de cada 10, según un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).
El Servicio Penitenciario de Córdoba representa el tercero más poblado del país. Actualmente, en la provincia hay casi 10 mil presos alojados en las diferentes cárceles, mientras que en 2015 la cifra era de 6.400 presos. Un crecimiento exponencial. Solo en Bouwer, la cifra de internos es de 4.500.
Hasta el momento, desde los canales oficiales no se dieron a conocer datos sobre cuántos detenidos hay sin condena firme en el sistema provincial, aunque algunas fuentes revelaron que la mitad de los presos están condenados y la otra mitad procesados, es decir sin condena.
Un grupo de abogados presentó hace 10 días un pedido de información pública al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para saber cuál es la cifra concreta de presos con dictado de prisiones preventivas en Córdoba. Además, pretenden saber cuál es el porcentaje de imputados a los cuales se les ha otorgado el beneficio de cese de la prisión preventiva, y cuántos de esos se dieron a la fuga una vez otorgada la interrupción de la prisión preventiva. Ese pedido aún no fue respondido por los integrantes del Tribunal.
Rodrigo López Tais, uno delos abogados firmantes en la presentación, aseguró que “la prisión preventiva debe ser una medida excepcional. La cárcel debería estar reducida a casos gravísimos o aberrantes. La presión social y mediática hoy impone lo que nosotros llamamos la prisión por las dudas. El encierro produce un daño irreparable”.
En ámbitos de la Justicia provincial admitieron que luego de la publicación en el Boletín Oficial de la Nación, donde se ponen límites a las prisiones preventivas, recibieron una catarata de pedidos de libertad y que casi todos fueron rechazados. Un influyente integrante del poder judicial de Córdoba aseguró: “En diciembre generalmente aumentan los pedidos pero ahora con todos estos movimientos a nivel nacional nos llovieron las solicitudes. Nos estamos comiendo (sic) el efecto Comodoro Py, pero acá somos un poder independiente y no vamos a modificar el criterio”.
La huelga de hambre de un grupo de presos en Bouwer puso en alerta a todos los integrantes del sistema penitenciario. Los reclamos ponen el foco en las condiciones de alojamiento, el hacinamiento en las celdas, la falta de agua potable, pero principalmente el reclamo está centrado en todos los detenidos sin sentencia firme.
Causas. La superpoblación, evidente y admitida por las autoridades del Ministerio de Justicia de la Provincia y por varios informes oficiales, se debe a varios factores, entre ellos el crecimiento de los casos de violencia familiar y de género, una mayor persecución policial, las causas por narcomenudeo, el avance de las causas por estafas y delitos económicos y el exceso en las prisiones preventivas. Un dato no menor es que en Córdoba no hay cárceles federales, por lo que los presos tanto de la justicia provincial como de la federal son alojados en las mismas penitenciarias.
Marcelo Hidalgo, fiscal de Cámara, brindó su opinión sobre el uso de las prisiones preventivas: “No es la primera vez que las modificaciones legislativas exigen un re examen del modo y el tiempo en que se toman decisiones en el sistema judicial. En el proceso penal las privaciones cautelares de la libertad (prisiones preventivas) constituyen un incidente, un episodio, pero no la decisión final”. Y agrega: “Deben ser utilizadas de manera estrictamente necesarias para asegurar los fines del proceso. Es que no podemos dejar de advertir que privar de la libertad a una persona constituye, quizás, el episodio más dramático en un estado de derecho. Por ello resulta tan relevante racionalizar el uso de la privación de la libertad durante el proceso y concluirlos en tiempos razonables”.
Hidalgo destaca que “no hay posibilidad del cierre de heridas sin que se desarrollen los debidos procesos penales. Las grietas no se cierran sin aplicar el Código Penal vigente”.
Alertas. En la Justicia federal siguen bien de cerca la protesta de presos en Bouwer y allí también tuvieron en estas semanas una gran cantidad de pedidos de excarcelaciones, que dependiendo de las causas y los juzgados, tuvieron mayor o menor suerte. Por ejemplo, esta semana recuperó la libertad el empresario Gustavo Arce (propietario de Agustino Cueros), mientras que los líderes del Surrbac, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, siguen detenidos y su situación recién podría resolverse en marzo del 2020.
En tanto, en el Tribunal Oral Federal 2 en los últimos días se rechazaron al menos tres pedidos de libertad. Eduardo Rodrigo, condenado por la causa CBI, es uno de los pocos que pudo obtener una tobillera electrónica.
Jorge Perano, defensor oficial en la Justicia federal, sostuvo que la situación en las cárceles de Córdoba es “preocupante, grave y riesgosa”. Además, asegura que la superpoblación se debe a la cantidad de prisiones preventivas que dictan los jueces, pero también por una ley del 2017 que reformó varios aspectos de la ley de ejecución penal”.
Según el defensor, eso generó que haya cada vez más gente detenida. Perano afirma que se tienen que buscar medidas alternativas a la cárcel. “La privación de la libertad no significa justicia, no se es más justo por meter más gente presa”, expresa Perano, quien también criticó la política criminal de los cuatro años del gobierno de Cambiemos: “Hubo un claro retroceso. En los últimos cuatro años aumentó la cantidad de gente que fue presa”.
Para dictar una prisión preventiva sin condena firme se deben verificar dos peligros evidentes: el de fuga o el de entorpecimiento de la causa. Según la legislación vigente, la prisión preventiva es una medida cautelar que debe ser utilizada como una excepción y no como una regla.
Un importante magistrado del ámbito provincial fue contundente: “Nosotros no somos Comodoro Py, acá no vamos a largar presos por largar y menos por presiones políticas”.
