La Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos de Córdoba, integrada por María Ángeles Ramos, Alberto Lozada y Facundo Trotta, pidió la semana pasada que se cite a indagatoria a 154 integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, a quienes acusaron por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Tercer Cuerpo del Ejército.
Se trata de 300 casos que involucran los delitos padecidos por 520 víctimas. La pieza elevada por los fiscales contiene 759 páginas y es el resultado de un trabajo de reformulación y reorganización de las presentaciones previas de la fiscalía, producto de un nuevo análisis del cuadro probatorio y de los expedientes en trámite. El escrito fue presentado en el Juzgado Federal N°1 de Córdoba, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro, secretaría de Mirta Rubín.
El fiscal Trotta destacó que se trata de una mega causa de dimensión similar o aún mayor a las ya juzgadas, La Perla y Esma. Sus aspectos sobresalientes radican en que abarca hechos en unidades militares y comisarías policiales de la ciudad de Córdoba y también del interior de la provincia. Además, se incorporaron varios hechos con víctimas mujeres que padecieron delitos contra la integridad sexual en los centros de detención clandestinos.
Como muchos imputados sindicados como ejecutores o partícipes han fallecido, la fiscalía requirió que se los investigue en el marco del derecho a la averiguación de la verdad. L
as imputaciones formuladas fueron encuadradas en los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, abuso deshonesto agravado, violación agravada, homicidio agravado, desaparición forzada de personas seguida de muerte, robo agravado, lesiones graves, aborto y encubrimiento.
Como en otros casos de lesa humanidad, el planteo de los acusadores es que no se trata de hechos aislados sino de un “ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
Organismos señalados. Los fiscales subrayaron que, durante 1975, el plan fue encabezado por el Departamento de Informaciones de la Policía de la provincia de Córdoba (D2), que para tal fin operaba con una doble modalidad: por aplicación de la ley 20.840, que incluía “penalidades para las actividades subversivas en todas sus manifestaciones”, con intervención del Poder Judicial de la Nación, y de manera clandestina.
En el primer caso, el D2 realizaba investigaciones que daban origen a sumarios, con intervención de jueces federales, que “en su mayoría fueron ilegales”, pues “en algunos casos no contaban con orden de detención y/o allanamiento; en otros, esas órdenes tenían como origen información extraída previamente bajo tortura”, puntualizó la representación del Ministerio Público Fiscal (MPF). En la modalidad clandestina, quienes actuaban lo hacían de civil y, “una vez ubicada la víctima, sin ningún tipo de explicación, era vendada, esposada y conducida en vehículos a las dependencias del D2”, agregó.
En la etapa previa al golpe de Estado, los centros clandestinos de detención utilizados para la represión ilegal fueron fundamentalmente el mismo D2 y el Campo La Ribera, sede oficial de una cárcel militar. La fiscalía refirió que existieron otros lugares que funcionaron de la misma manera, como el ‘Destacamento Pilar’, el ‘Chalet o Casa de Hidráulica’, y las comisarías de Río Cuarto, Bell Ville y Villa María.
La secretaria del juzgado, Mirta Rubín, aseguró a este medio que “la intención es concluir con la ronda de indagatorias lo más pronto que se pueda”.
