Ley Blas: nuevos delitos, más penas y beneficios para arrepentidos de las fuerzas de seguridad

El proyecto de Ley Blas se gestó a partir de la lectura de la sentencia de la Cámara 8ª del Crimen que condenó a 11 policías por el crimen y el encubrimiento posterior del homicidio de Valentino Blas Correas. Fue su madre, Soledad Laciar, quien le fue poniendo palabras a las dudas, incoherencias y ‘sabor a poco’ en algunas de las sanciones aplicadas a los efectivos, en especial aquellos a quienes se condenó por encubrir el crimen plantando un arma para justificar el procedimiento delictivo que terminó con la vida de su hijo.

Ella también fue quien, en la etapa conclusiva del juicio, pidió al jurado tener presente la situación de la policía Wanda Esquivel. La mujer confesó que plantó el arma y colaboró con el esclarecimiento del hecho.

La iniciativa legislativa que se presentará en el Congreso de la Nación responde a ambos aspectos: crear nuevas figuras delictivas para lo que hoy, genéricamente, se aplica el “encubrimiento”, con penas más altas, y establecer mayores beneficios a quienes confiesan y contribuyen a la investigación de la Justicia.

Existe un proyecto desde hace más de una década para generar capacitación y control estatal de los aparatos represivos de policías y fuerzas de seguridad. Con la Ley Blas se optó por un camino punitivo con el objetivo de “parar la máquina de matar” que pervive en muchas de ellas.

Una sentencia con fuerte resonancia. Las penas a prisión perpetua a Lucas Gómez y Javier Alarcón por haber disparado y asesinado a Blas fueron las máximas posibles. El primero podría beneficiarse con la prisión domiciliaria, posiblemente en 2053, cuando cumpla 70 años. Alarcón, en cambio, debería cumplirla íntegramente en la cárcel hasta 2055, cuando tenga 69 años.

Sin embargo, el resto de efectivos sentenciados, que plantaron un arma y modificaron la escena del crimen, recibieron penas que van desde los tres años hasta los cuatro años y 10 meses. Dejaron sabor a poco.

El encubrimiento –figura que se aplicó a esos policías– es un delito de carácter genérico que puede ser aplicado a un abanico de situaciones. El máximo de pena que fija el Código Penal son seis años.

Con sanciones relativamente bajas, quedó flotando la pregunta: ¿Se normaliza en las fuerzas de seguridad y policiales el uso de armas ilegales para plantarlas?

En Córdoba sólo basta recordar tres casos. El crimen de Blas; el de Isaías Luna, un delincuente que entró a robar desarmado y fue ejecutado por un policía para abortar el asalto, en cuyo cuerpo apareció un arma que él no tenía, y el de Guere Pellico, un joven asesinado por la espalda por policías que fueron condenados. En este último caso los efectivos también buscaron un arma para plantar.

Al mismo tiempo, surgió otra duda: ¿Por qué hay tan poca diferencia en la pena para la persona que colaboró y confesó? Wanda Esquivel fue sentenciada a tres años de prisión condicional.

De ahí que el proyecto prevé tres puntos centrales:

1. Modificar el Código Penal con el fin de agravar los delitos de tenencia ilegal y portación ilegal de armas de fuego cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias, con penas que van desde los ocho años hasta los 12 años de prisión.

2. Incorporar como nuevo tipo penal la utilización de armas con el fin de desviar o entorpecer una investigación, asegurar impunidad, alterar pruebas, modificar la escena de un crimen o el lugar del hecho o perjudicar la situación procesal de una persona, con penas desde los 10 años hasta los 20 años de prisión.

3. Incorporar a este nuevo tipo penal como habilitante para aplicar la Ley del Arrepentido.

Quiénes participaron. A lo largo de todo el proceso judicial, el especialista en seguridad Miguel Robles estuvo cerca de Laciar y fue un interlocutor con quien intercambió sus reflexiones y pedidos. Se acercó luego la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, con un equipo integrado en su mayoría por jóvenes universitarios que comulgan ideas y trabajos con la dirigente radical Brenda Austin, entre los que se cuenta al abogado Daniel Sosa González.

Se sumaron docentes e investigadores de la carrera de Criminología de la Universidad Siglo 21, entre ellos la psicóloga Belén Gauna, quien además tiene una fundación que trabaja sobre violencias y abusos.

La antropóloga María José Martínez fue otra voz que aportó desde su experiencia con el mundo carcelario. Y el Museo de Antropología también se constituyó en un ámbito físico y conceptual que sirve de escenario para el abordaje de la problemática. Aunque no formalizó su incorporación al equipo, por allí también pasó el sacerdote Mariano Oberlin, quien relató su experiencia en barrio Maldonado, donde jóvenes compran armas ilegales, incluso a policías, y terminan muertos por esas mismas armas.

La centralidad de Soledad Laciar. En los últimos años seimpusieron movimientos que impulsaron leyes para dar prioridad a lo que demandan las víctimas. Un ejemplo es el movimiento ‘Ni una menos’, que logró avances legislativos sobre los derechos de las mujeres.

En los casos de violencia institucional, Laciar se convirtió en la voz de las víctimas. Y desde esa fuerza expansiva se instaló el debate para una nueva ley que contemple delitos específicos cuando son cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad nacionales (Gendarmería y Prefectura Naval), policías nacionales (Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria), policías provinciales y servicios penitenciarios.

Se discutió mucho sobre caminar hacia un mayor punitivismo, aunque finalmente se eligió esa opción como un modo de reparación a las víctimas y para frenar las estructuras que actúan y apañan los sesgos violentos.

La figura de Soledad atrae. Lo demostró la masiva convocatoria del jueves pasado en el Museo de Antropología. Estuvieron presentes la ministra de Justicia de Córdoba, Laura Echenique, legisladores provinciales, concejales, diputados y senadores, entre los cuales se destacó el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Luis Juez. Y también numerosos colectivos de víctimas invisibilizadas, de diferentes delitos, no sólo de Córdoba Capital sino también del interior.

Mañana, 8 de mayo, día de la Lucha contra la violencia institucional, Soledad Laciar estará en el estreno del documental ‘Un pueblo sin Joaquín’ sobre el asesinato policial del adolescente Joaquín Paredes (15) en Paso Viejo, en el 2020.

EL FISCAL MONDINO ANALIZA SI TOMA O DEVUELVE EL CASO BLAS CORREAS 2

El caso Blas Correas 2, que contiene los antecedentes remitidos por la Cámara 8ª del Crimen al finalizar el primer juicio, todavía no tiene un fiscal definitivo a cargo. Por sorteo se determinó que recayera en José Mana, el primero que instruyó la causa, aunque éste la remitió íntegramente por “la unidad de la prueba” al fuero Anticorrupción por tratarse, en su mayoría, de funcionarios públicos. Lo recibió Franco Mondino, quien analiza si debe ser tramitado ahí o debe volver a la fiscalía común.

Según lo dispuesto, deben ser investigados el exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera; su segundo, Lucas Mezzano; el excomisario Gonzalo Cumplido; la jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti; los policías condenados, aunque por otros delitos, y los que no asistieron a Blas mientras agonizaba.

Para la madre de Blas, Soledad Laciar, la noticia de la remisión a Anticorrupción fue un balde de agua fría. Hizo notar su profundo descontento sabiendo la pésima fama del fuero en su década de existencia.

Desde 2019, cuando asumió como fiscal Anticorrupción, Mondino tiene luces y sombras. Por caso, archivó la investigación a exfuncionarios provinciales por omisiones frente a incumplimientos de la empresa Taym, de cuya planta fueron arrastrados materiales altamente contaminantes hasta el canal Los Molinos tras una lluvia torrencial en marzo del 2017. Por reacción de vecinos del sector, el expediente se reabrió y continúa investigándose.

Además, investigó a intendentes o funcionarios de segunda línea, imputó al jefe comunal de Colonia Tirolesa, Remigio Oscar Lauret; al subsecretario de obras públicas de Villa Allende, Fernando Copertari; elevó a juicio al exintendente de Unquillo, Germán Jalil, e instruye la causa por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de lavandería para los hospitales provinciales, en la que está imputado el jefe de Compras del Ministerio de Salud, José María Cittadini.