En el marco de la investigación por la presunta vacunación VIP en Córdoba, el fiscal federal Carlos Casas Nóblega tomó declaración como testigos a dos importantes funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia: por un lado, a la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, y por otro al secretario de Coordinación, Alejandro Gauto.
El fiscal quiere tener un panorama concreto de cómo se controló el plan de vacunación en la Provincia y quiénes autorizaron los primeros lotes de vacunados en Córdoba.
De la lista inicial entregada por la Provincia, el fiscal llegó a la conclusión que existen 148 vacunados de manera irregular, de los cuales no hay hasta ahora ninguna explicación de por qué fueron vacunados en su momento. Es decir, por qué se saltearon el orden de prioridades que existía.
De todos modos, fuentes de la investigación confiaron que todo apunta a identificar a las personas que autorizaron esas vacunaciones: “No vamos a perseguir a los vacunados, pero sí queremos saber quiénes concedieron esas vacunaciones”. Aquí no se descarta que podrían surgir los nombres de funcionarios provinciales y municipales.
En el interior se han registrado muchos casos de irregularidades en la primera etapa del plan de vacunación. De hecho, entre diciembre del 2020 y febrero del 2021 es el período donde se concentra la investigación.
Antes de la declaración ante el fiscal Casas Nóblega, Barbás afirmó que “en Córdoba no hubo vacunación VIP bajo ningún concepto. Tampoco hubo irregularidades. Se dijo en su momento, y en cada una de las instancias, que se pidieron nóminas o explicaciones que se otorgaron oportunamente. Había una población estratégica prioritaria pensada desde el Ministerio de Salud de la Nación y también en el Plan de Vacunación provincial. Desde el comienzo estaban autorizadas y priorizadas las poblaciones objetivo a vacunar”.
Ahora, Casas Nóblega deberá analizar y corroborar la declaración de los funcionarios de Salud y establecer si se pueden explicar las vacunaciones que aparecen de manera dudosa y eventualmente determinar si corresponden imputaciones.
Línea de investigación. El fiscal federal N°2 Carlos Casas Nóblega puso en marcha la investigación luego de una presentación del diputado Luis Juez y el senador Ernesto Martínez. En ese momento, los denunciantes aseguraron que la intención era que la Justicia pudiera esclarecer las sospechas y rumores de posibles vacunados VIP en Córdoba.
El primer paso del fiscal fue exigir a las autoridades del Ministerio de Salud que presenten de manera detallada el desarrollo del plan de vacunación, al tiempo que solicitó la lista completa y registrada de todos los vacunados. En ese registro debían figurar el nombre, DNI, ocupación y edad de los vacunados y si estaban contemplados dentro del orden de prioridades.
La fecha de inoculación es una de las claves que evalúa el fiscal, quien se propuso establecer a quiénes fueron destinadas las primeras vacunas que llegaron, los criterios que se utilizaron, qué cargos tenían y por qué se decidió que sean esas personas las que recibieran las dosis. Es decir que se trató de establecer si se respetó el orden de prioridades o si hubo privilegios a la hora de vacunarse.
La investigación también está poniendo el foco en la distribución de las vacunas en el interior: lo que está investigando Casas Nóblega es cómo actuaron intendentes, jefes comunales y directores de hospitales.
