Malestar entre los profesionales de la salud por imputaciones a médicos del geriátrico de Saldán

El fiscal Andrés Godoy dispuso la imputación del médico Lucas Figueroa por el delito de “propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas” en calidad de autor, al tiempo que también fue imputado el director Médico de la residencia, Marcelo Santiago Lázaro, por considerar que habría incurrido en la comisión del delito de “propagación culposa de enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”, agravada por el resultado de enfermedad y muerte, en calidad de autor.
El geriátrico de Saldán fue el epicentro del primer gran brote de COVID-19 en la provincia. En la residencia se infectaron 56 personas, 11 de las cuales fallecieron. También se analiza el impacto que implicó el traslado de los residentes al Hospital Italiano.
Por el momento no se conocen de manera oficial los argumentos que llevaron al fiscal Godoy a imputar a los médicos. Pero según pudo conocer este medio, las imputaciones apuntarían, en el caso de Figueroa, a una negligencia en las medidas de seguridad e higiene y en el caso de Lázaro a la falta de controles para la aplicación de los protocolos. En los próximos días serán indagados por el fiscal.

Rechazo e indignación. Rubén Cantero, titular de Médicos Unidos, expresó su solidaridad con los médicos acusados y afirmó que están muy preocupados por las imputaciones. “En toda la comunidad de trabajadores de la salud esto generó rechazo, preocupación e indignación. Pareciera que los médicos somos los responsables de transmitir el virus. Los mismos que le ponemos el cuerpo a la batalla todos los días, ahora resulta que somos los responsables de propagar la enfermedad”, sostuvo. Y añadió: “Abrieron una puerta muy complicada y esto genera mucha preocupación en todo el ámbito médico y de los trabajadores. Hacemos un llamado a la Justicia y al Ministerio de Salud para que entiendan que estas decisiones, lejos de llevar tranquilidad a los médicos, preocupan y mucho”. Desde el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba también rechazaron las imputaciones. “Cuando todos estamos poniendo nuestra energía en esa batalla, debemos desviar la mirada para ver con estupor, indignación e impotencia, cómo un fiscal ha imputado a dos colegas.
“Como Consejo de Médicos, queremos expresar que criminalizar a los profesionales no parece el mecanismo adecuado para encontrar la verdad. La mínima razón nos lleva a estigmatizar a los profesionales de la salud comprometidos en salvar vidas y no en delinquir. Estas situaciones lamentables no solo generan estupor a los médicos, sino que coloca a quienes aman llevar adelante su labor a la defensiva, dañan la confianza y alteran la relación médico paciente. Pasamos del aplauso a pretender encarcelamientos y todo en medio de una pandemia”, precisaron desde la entidad.

Geriátrico. Por su parte, una empleada del geriátrico de nombre Claudia, manifestó que están muy preocupados por lo sucedido. “Sinceramente es muy doloroso todo esto, se nos está juzgando de dejar entrar una pandemia a la institución y yo doy fe que los médicos hicieron diversas reuniones para comunicarnos los nuevos protocolos que debíamos seguir. Los empleados han cumplido a rajatabla cada cosa que se pidió. Sinceramente no sé dónde fue que se inició esto. Pero sí puedo decir cómo se trabaja en el Santa Lucía y la calidad humana de ese lugar no la voy a ver en ningún geriátrico, amamos a los abuelos y nos cuidamos muchísimo para cuidarlos a ellos”.
PERFIL CORDOBA intentó comunicarse con los médicos acusados, aunque por el momento se excusaron de hacer declaraciones. En tanto, el dueño del geriátrico, Rafael López Peña tampoco quiso hablar. En la semana trascendió, y el dato fue confirmado, que el responsable de la residencia es el padre de uno de los vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Sebastián López Peña.