En septiembre de 2008, mientras la Justicia impartía órdenes para buscar al joven Nicolás Sabena, la por entonces cabo de la Policía de Córdoba Nancy Salinas se habría comunicado con José Vargas -a la postre condenado- para anticiparle procedimientos que beneficiarían la situación de su familia. Esta es la principal acusación que deberá afrontar a partir de mañana, cuando la Cámara 1ª del Crimen de Río Cuarto abra la audiencia de debate.
Es la tercera fecha que fija el tribunal. El juicio fue previsto inicialmente para el 25 de marzo, pero la pandemia aplazó el comienzo para el 28 de octubre. Ese día tampoco pudo comenzar. Hace 10 días, Salinas comunicó un cambio en su defensa que quedó a cargo del abogado Gastón Schönfeld, por lo que con nuevo representante legal se amplió el plazo para que el abogado pudiera estudiar el expediente.
El tribunal estará presidido por Daniel Vaudagna e integrado por los vocales Natacha García y Mariano Correa. Actuará como acusador el fiscal Daniel Miralles.
Rosa Sabena, madre de Nicolás y abogada querellante en la causa, se quejó señalando que los sucesivos aplazamientos se deben solo a una estrategia dilatoria.
Extraoficialmente, se sabe que Salinas está próxima a jubilarse de la fuerza. El defensor Schönfeld confirmó a este medio que permanece en actividad y “jamás estuvo en situación pasiva por parte del Tribunal de Conducta Penal y Penitenciario”.
Presunto encubrimiento. Nancy Evangelina Salinas llega al juicio acusada de encubrimiento por favorecimiento personal doblemente agravado. Cuando en septiembre de 2008 se puso en marcha un operativo de búsqueda por la desaparición de Nicolás Sabena, intervino ya que era adscripta a la División Investigaciones de la Unidad Departamental Río Cuarto, a cargo del comisario Gustavo Oyarzábal.
Según testimonios de otros efectivos policiales, cuando José Francisco Vargas (padre) fue aprehendido el 15 de septiembre de 2008 concurrió a la dependencia donde quedó alojado. Luego, habría omitido comunicar a las autoridades sobre esa aprehensión. Además, se habría comunicado el 9 de diciembre a la madrugada con Vargas padre para informarle -es la sospecha que se debe dilucidar- sobre el rumbo de la investigación.
El fiscal instructor había fijado para el 10 de diciembre la realización de un allanamiento en la casa quinta de los Vargas. Por eso se la responsabiliza de encubrimiento. “Existió de su parte, con su ayuda, una clara finalidad para que el núcleo familiar conformado por los Vargas eludiera la tarea investigativa de la autoridad o se sustrajera a su acción”, precisa la acusación firmada por el fiscal Fernando Moine al elevar a juicio el expediente, el 6 de marzo de 2018. “Lejos de mantener el secreto de tan trascendente acto como lo dejara claramente expuesto el Ministerio Público en la directiva que ordenaba preservar dicho aspecto a quienes se solicitaba el apoyo, Salinas optó por quebrar esa confianza en ella dispuesta mediante el llamado telefónico aquí cuestionado, sugestivamente efectuado, reitero, en el transcurso de la madrugada del día anterior al del cumplimiento de la medida probatoria ordenada por el Ministerio Público Fiscal”.
Allanamientos. El procedimiento debía realizarse el 10 de diciembre. El fiscal Walter Guzmán dispuso que participara la División Investigaciones de la Policía. Por razones climáticas no se pudo concretar el día fijado y se pospuso una semana. En las intervenciones telefónicas también se detectó la preocupación reflejada por Salinas para subsanar los problemas que le ocasionaban a la familia Vargas la presencia de ropa de Nicolás que fue secuestrada en el domicilio, último lugar donde estuvo el joven antes de desaparecer.
OYARZABAL, JUZGADO POR ENCUBRIMIENTO
El excomisario Gustavo Osvaldo Oyarzábal también tiene pendiente un juicio en su contra por presunto encubrimiento por favorecimiento agravado, a raíz de su actuación en la Brigada de Investigaciones de la Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba, durante la búsqueda de Nicolás Sabena, quien permanece desaparecido desde hace 12 años.
Oyarzábal está retirado de la Policía desde el 31 de enero de 2019, un mes después de que el fiscal Javier Di Santo firmó el requerimiento de elevación a juicio. Desde el 7 de febrero del mismo año está detenido por orden del Juzgado Federal de Río Cuarto en la causa que estalló tras el asesinato mafioso del narco Claudio Torres y el hallazgo de una red de narcotráfico y lavado de activos de gran alcance.
En el expediente provincial, el excomisario fue acusado de mantener conversaciones con la familia Vargas que fue condenada por la desaparición de Nicolás en un juicio que se realizó en 2014. La sentencia recayó sobre José Vargas (padre), a 17 años de prisión, y sobre José y Lucía Vargas Flores (hijos), a 18 y 16 años de prisión, respectivamente.
El proceso oral por encubrimiento en contra de Oyarzábal recayó en la Cámara 1ª del Crimen -la misma que juzgará desde mañana a la policía Nancy Salinas- que todavía no fijó fecha para el debate.
