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IMPACTO COVID-19

Nación estudia plan de empleo inspirado en el PPP cordobés

Lo adelantó el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Aún no tienen estimación de incremento de pobreza, pero preparan proyecto de ingreso universal básico postpandemia.

26-06-20ARROYO
POBREZA EN ALZA. El titular de Desarrollo Social no dio cifras, pero reconoce que esperan un incremento de la pobreza y la pobreza infantil. | Cedoc

El viernes por la tarde el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo participó como orador en el ciclo “Desafíos post pandemia. El trabajo como la mejor política social”, que organizó la Fundación Mediterránea. Lo escucharon unos 120 empresarios, la mayoría de Córdoba que se llevaron algunas definiciones sobre cómo la Nación viene encarando el impacto de la pandemia y sobre lo que viene para los próximos meses.

Arroyo reconoció que aún no tienen números finos sobre el impacto que la pandemia generará en términos de incremento de pobreza, aunque sí que esperan un aumento importante: “a fines del año pasado la pobreza estaba cerca del 40%, es claro que la pobreza va a aumentar y que va a aumentar la pobreza infantil. El contexto social es crítico. Habíamos calculado dar el IFE a 5 millones de personas y hoy lo reciben 9 millones. son $90.000 millones que inyectamos para ese programa todos los meses”. Y repasó que la política central de contención para por tres ejes: sostener los ingresos de las familias, la asistencia alimentaria y el trabajo en los barrios vulnerables.

En concreto, Arroyo detalló que la política social implica los $90.000 millones mensuales del IFE, $14.000 millones de asistencia alimentaria más otros $20.000 millones de diversos programas, lo que genera un compromiso mensual de más de $124 mil millones mensuales, sólo para la cartera que está a su cargo. Con vías alternativas de financiación cerradas, gran parte de ese paquete se está financiando con emisión monetaria, lo que está sumando cada vez más voces de preocupación y alerta entre economistas y analistas.

Postpandemia. “Hoy la política social se basa en esos ejes de contención, para la postpandemia el desafío es articular la asistencia con el trabajo. Apostamos a que el trabajo sea la política social principal desde mediados de año. Para eso vamos a apuntar a vincular los planes sociales de 4 horas con otras 4 horas de trabajo en el sector privado para completar un salario mínimo, también estamos trabajando en planes para potenciar el trabajo desde el desarrollo local, estamos implementando el registro de trabajadores de economía popular y vamos a lanzar créditos no bancarios para sectores que no tienen acceso a los bancos”, detalló Arroyo. Sobre ese último punto afirmó que en las próximas semanas se firmará un acuerdo con la Provincia para que esos créditos lleguen a Córdoba. Aunque no especifico montos adelantó que serán microcréditos destinados a la compra de maquinarias y herramientas y que podrán devolverse en 36 cuotas con una tasa anual del 3%.

PPP y salario. Arroyo también adelantó que están definiendo la implementación de dos políticas concretas en términos de ingreso y trabajo. Por un lado, la implementación de un “salario universal base”, mirando la experiencia que ya gestaron países europeos que están otorgando salarios de 1200 euros a familias afectadas por la pandemia. “De los 9 millones que hoy cobran el IFE hay unos 3 millones que tienen alta vulnerabilidad. Para ellos hay que pensar un ingreso universal base. Definir un ingreso universal base para ese sector tiene que ser una política de Estado que trascienda a este gobierno”, remarcó.

En relación a nuevos planes de trabajo tiró un guiño a las gestiones del peronismo cordobés: “hacen falta reformas para mejorar el empalme entre estudio y trabajo. La Provincia de Córdoba fue pionera con su PPP para generar estímulos a los jóvenes. Hay que hacer algo similar a lo que tiene Córdoba. hay que encarar transformaciones como se hicieron acá”, remarcó.

Urbanización. Finalmente, Arroyo también comentó que están definiendo los lineamientos para avanzar en un plan generalizado de urbanización, que debe apuntar a universalizar los servicios básicos y que se apoyará en la información que vienen recabando a través del Registro Nacional de Barrios Populares.