El fracaso del rumoreado acuerdo entre los empresarios Antonio Mariano y Juan Carlos Barrera quedó plasmado en la causa judicial por estafas que se tramita en la Justicia Provincial. El jueves último, el abogado de Mariano, José Fernández, presentó un escrito en la Fiscalía donde se tramita el expediente para pedir que sea elevado a juicio.
Hasta el día anterior corría una versión que daba cuenta de que Barrera había ofrecido una cifra muy importante, cercana a los 18 millones de pesos, y que solo había una diferencia sobre la forma de pago. Pero el pedido para que el fiscal cierre la investigación y envíe a juicio a Barrera echa por tierra el mentado acuerdo.
La denuncia data del mes de mayo 2014 cuando, tras un fin de semana largo, Mariano Max acusó a la firma Bacar de haber levantado la recaudación de las diferentes sucursales y hacer desaparecer una cifra superior a los 11 millones de pesos, incumpliendo el contrato que vinculaba a ambas firmas en ese momento. Ese convenio consistía en que la empresa de caudales recogiera el líquido, depositara una parte en cajas de seguridad y con otra realizara algunos pagos. Cuando Mariano quiso disponer del dinero constató que solo quedaba una cifra cercana a los 600 mil pesos.
La presentación quedó radicada en la Fiscalía de Instrucción a cargo de Guillermo González. En septiembre del mismo año, Juan Carlos Barrera fue imputado por defraudación por retención indebida, figura penal que prevé una condena de un mes a 6 años de prisión. Cuando fue indagado, Barrera negó la apropiación del dinero y señaló que no podía corroborar los registros por el secuestro de documentación efectuado por la Justicia Federal.
Socios enfrentados. Un dato no menor era que los titulares de ambas empresas, a su vez, integraban otra sociedad: Blicen, que explotaba el negocio Blinbox (cajas de seguridad) con sede en el Patio Olmos. Contemporáneamente, ambos fueron imputados por el juez federal Ricardo Bustos Fierro en la causa Bacar/Blicen por presunta intermediación financiera ilegal además de asociación ilícita ante la sospecha de que las cajas de seguridad servían de fachada para el funcionamiento de una mesa de dinero.
Causa paralizada. La presencia de los dos empresarios en ese expediente federal paralizó por varios meses la causa por estafa tramitada en la Justicia Provincial, a raíz de un planteo de incompetencia. El fiscal González y el juez de Control coincidieron en que el expediente de la defraudación debía ser enviado al Juzgado Federal 1 donde se investigaba la presunta mesa de dinero; precisamente porque era una pelea de socios y no de un cliente y su proveedor. Pero, sorpresivamente, y a pesar del acuerdo entre fiscal y juez para que la causa fuera a los tribunales federales, la Cámara de Acusación sostuvo la competencia provincial. El expediente volvió a la fiscalía de González, quien ahora debe resolver si cierra la investigación y la eleva a juicio, hecho que ocurrirá en febrero del año próximo después de la feria estival.
