Para la oposición, la emergencia activa riesgo de demandas

La aprobación de la emergencia económica, financiera, administrativa y social que definió el Ejecutivo municipal promete generar mucha polémica en los próximos días. Y es que en la sesión extraordinaria del último viernes surgieron fuertes diferencias entre el bloque oficialista y los opositores que derivaron en que ese paquete económico sea aprobado en soledad por Hacemos por Córdoba. El Ejecutivo municipal envió el jueves por la tardenoche un paquete de ordenanzas que incluía una declaración de emergencia económica del municipio, debido a la “situación de quebranto” en que, según el oficialismo, se encuentran las arcas municipales. Además, se enviaron proyectos con cambios en el Presupuesto 2020, la ordenanza de Compras y Contrataciones, el Código Tributario y la Ordenanza Tarifaria. Estos últimos con textos de más de 130 páginas que, según la oposición, era imposible de estudiar con detenimiento para tener una visión acabada de lo que se debatía y votaba. El mismo viernes también se remitieron las ordenanzas de convenios con la Provincia para la instalación de luces led en la ciudad y el proyecto que congela por 180 días los sueldos del intendente y sus funcionarios, las dietas de los concejales y los miembros del Tribunal de Cuentas. Todo fue aprobado, no sin polémica y cruces de datos de unas y otras bancadas.

Verificar deudas. En la previa al envío de esos proyectos, el secretario de Finanzas de la Municipalidad, Guillermo Acosta, explicó a PERFIL CORDOBA que “el tamaño de las deudas con que se encontraron al recibir la administración era muy superior al declarado por los funcionarios mestristas”, y que “todos los días aparecía un proveedor nuevo queriendo cobrar una deuda que no teníamos contemplada”. Esas situaciones motivaron dos medidas contempladas en la ordenanza de emergencia: establecer una comisión que se dedicará a verificar las deudas y pedir el asesoramiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC para un proceso de auditoría general de los números del Palacio 6 de Julio. Acosta también anticipó que la herramienta que más emplearán para afrontar el pago a proveedores serán los cheques de pago diferido. Durante el viernes, el secretario de Gobierno de la Municipalidad Miguel Siciliano reforzó los números de Acosta y la necesidad de la emergencia: “La Municipalidad está fundida”, repitió.

Millones. En la intensa jornada del viernes, el concejal oficialista Juan Pablo Viola remarcó: “Nos dijeron que había deudas por cheques de $67 millones, pero es de $900 millones. Y hay deudas con Afip por unos $800 millones. La Muni pagó el refrigerio y el aguinaldo con asistencia de la Provincia. Y va a tener que pagar el sueldo de diciembre con asistencia de la Provincia. Si tenemos que pagar gastos corrientes, para pagar sueldos, para vivir, este municipio necesita ser asistido. Los vecinos de Córdoba debemos US$ 200 millones”, aseguró.

"Todo falso". Del otro lado de la primera gran grieta que se verificó en la nueva administración municipal, los bloques opositores advirtieron que no hay argumentos de peso para declarar una emergencia y que el paquete económico es una ley para “delegar superpoderes” al Ejecutivo. Uno de los más enfáticos y firmes al atacar la concepción oficialista de un estado quebrado fue el presidente de la bancada radical, Alfredo Sapp. El extitular del Esop señaló que pidió información sobre los estados de las cuentas municipales en los distintos bancos que trabajan para la Municipalidad. Afirmó que al 9 de diciembre había fondos frescos por $400 millones y que estiman que, para el próximo 31 de diciembre, tras cobrar tasas e impuestos, el monto sería de entre $1.250 y $1.400 millones. “A eso hay que sumar las acreencias por cobrar, no es plata con la que se dispone, pero son fondos que van a entrar. Entre impuestos, deudas judicializadas y multas hay más de $.7000 millones”, afirmó Sapp.

“Demostramos con los números que es falso que había solo $30 millones en la caja. El Municipio está en condiciones de afrontar el gasto salarial del mes de diciembre. Es falso que el municipio esté en bancarrota”, remarcó. La concejala Cecilia Aro ensayó una defensa de la gestión mestrista al tiempo que remarcó: “No estamos viendo participación de los órganos de control y no sabemos si esto va a derivar en acciones legales contra el municipio. No podemos mentir y negar las cosas que están, habrá cosas que se hicieron mal, pero no se puede negar lo que se hizo. En esta reestructuración vemos más poderes para el Ejecutivo y menos para los organismos de control”.

Ojo con la emergencia 
Un punto álgido del debate se vivió cuando el concejal Sapp remarcó los daños colaterales en que puede incurrir la declaración de emergencia financiera: “El crédito internacional que se contrajo en el año 2016 por US$ 150 millones tiene una cláusula por la cual, en el caso de que exista una declaración de emergencia que implique un reperfilamiento, como se dice ahora, de la deuda puede habilitarse al banco acreedor a exigir la devolución del total del capital. Con lo cual, todo el otro ahorro que se busca hacer caería en saco roto si hay que devolver todo eso”, dijo. Ese crédito fue contraído con bancos internacionales y supone devoluciones de capital en 2022, 2023 y 2024, pero en 2020 habrá que afrontar pagos semestrales de intereses. En aquella ocasión el Banco Santander Investment Securities Inc operó como estructurador y colocador del título, en tanto que el Bank of The New York Mellon fue agente de registro y pago del crédito.