En la tarde del viernes, Encuentro Vecinal formalizó el pedido de juicio político contra el Defensor del Pueblo, Mario Decara. En una nota firmada por Aurelio García Elorrio, Juan Pablo Quinteros y César Orgaz formalizaron una presentación para que se tramite el proceso por, lo que entienden, la causa de mal desempeño de sus funciones.
La misma ya tiene ingreso por Secretaría Legislativa de la Legislatura y ahora espera el tratamiento de rigor. Los denunciantes sostuvieron que Decara en ejercicio del cargo de Defensor del Pueblo, en forma directa e indirecta mediante la comisión de numerosos actos, ha violado las prohibiciones de realizar actividades políticas y ejecutar cualquier otro acto que comprometa su imparcialidad.
García Elorrio y Quinteros fundamentaron su presentación en el artículo 6 de la Ley Provincial 7741 que expresa que “el Defensor del Pueblo no podrá participar en actividades políticas, sindicales o gremiales, ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia y la investigación, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus funciones. Asimismo, le comprenden las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas para los legisladores en la Constitución Provincial”.
“Esta situación, de público y notorio conocimiento, es tan evidente que numerosos medios de comunicación se han hecho eco de las actividades políticas de Decara”, dice la denuncia y la respalda con extractos de notas publicadas en distintos medios en Córdoba en el último tiempo.
Las distintas versiones periodísticas narran el rol que tendría Decara en la interna que dirime el radicalismo cordobés con definiciones que van desde la conducción del foro de intendentes, hasta la definición de los bloques en la Legislatura, pasando por el liderazgo del partido.
“Es francamente obsceno el accionar del Defensor del Pueblo de Córdoba. No sólo incumple con su mandato, en cuanto a la defensa de los intereses del pueblo de Córdoba con su evidente inacción en temas sensibles para los ciudadanos que se ven desamparados ante la vulneración sistemática de sus derechos, sino que utiliza todo el aparato que el Estado le brinda a la Defensoría (hablamos de un presupuesto superior a los 200 millones de pesos) para introducirse de lleno a una interna del partido político al que pertenece, cuestión que le está absolutamente prohibida por ley”, señaló Quinteros.
