El 28 de diciembre del año pasado, el Gobierno provincial publicó el decreto que adjudicaba a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) el cobro de impuestos. Con cambio de nombre, las empresas eran las mismas que antes integraban Kolektor, encargada de la tarea desde 2004. Ese proceso licitatorio es motivo de una denuncia que mañana a las 9 formalizarán en los tribunales provinciales los legisladores Aurelio García Elorrio, Liliana Montero y Juan Pablo Quinteros.
Las firmas que integran la UTE son Servicios y Consultoría SA –perteneciente a Cristian y Hermann Karsten– y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización SA, de Patricio y Guillermo Álvarez, padre e hijo. Tienen la concesión por cuatro años más. Se estima que las ganancias que percibirán parten de una base de $5 mil millones.
Arbitrariamente dirigida. El pedido de investigación penal se sustenta sobre varios aspectos. Uno de los cuestionamientos es el escaso tiempo que se dispuso para la presentación de ofertas. Fueron solo 30 días hábiles los que tenían los interesados para adquirir pliegos, realizar consultas, pedidos de aclaraciones y presentar propuesta. De hecho, cinco empresas compraron los pliegos de condiciones pero solo dos llegaron a la apertura de sobres y una de ellas quedó excluida porque no hizo la oferta económica al alegar escasez de tiempo En lista de largada se anotaron, además de la UTE ganadora: Grupo TX SA, Marcos Daher (por cuenta y orden de Tecva SA), Gestiva SA y Boldt SA. Esta última fue la que llegó a la apertura de sobres con la empresa de los Álvarez y Karsten, pero fue descalificada por las razones ya mencionadas.
Otro de los sustentos de la presentación judicial está referido a la garantía mínima solicitada. Se estableció en la suma de $200 millones y fue rechazado un pedido para integrar el monto con un seguro de caución. Pidieron que se acreditara experiencia en el rubro, exigencias específicas en el pliego de servicio y en el plan de trabajo.
Sin mención a trabajadores. Según los denunciantes, la prueba más contundente está en la omisión absoluta en los pliegos de condiciones generales, del traspaso de los 900 empleados que tenía Kolektor, prestataria anterior del servicio. Sostienen que el gobierno, de antemano, sabía que ganarían las empresas que integraban esa sociedad por lo cual no incorporó en el proceso la situación de los trabajadores.
El último detalle es que, a través de una ley que envió el Poder Ejecutivo -que fue aprobada por el oficialismo en la Unicameral- se abrió la posibilidad de que Servicios y Consultoría SA y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización SA, puedan realizar tareas en otras áreas provinciales, fuera de Rentas, como Epec, Policía Fiscal, Registro de la Propiedad y Lotería SA.
AySA, un antecedente. En la investigación judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello, fueron procesados exfuncionarios y empresarios por haber direccionado los contratos para que ganen determinadas empresas en dos obras, una planta potabilizadora en Tigre y otra para tratamiento de líquidos cloacales en Berazategui. La denuncia contra los empresarios de la ex Kolektor va en el mismo sentido.
