La trascendencia pública de una conversación privada entre el fiscal federal Enrique Senestrari y un interlocutor desconocido será motivo, seguramente, de análisis en el proceso administrativo que se sigue en contra del fiscal en el Ministerio Público Fiscal. No obstante, el hecho presenta aristas que van más allá del contenido de ese diálogo.
Como se recordará, durante la semana se filtró un audio en el que Senestrari aludía a Eduardo Casal, el reemplazante de Alejandra Gils Carbó en la Procuración General, en el contexto del sumario administrativo que se abrió en su contra luego de una denuncia del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y del pedido oficial por parte del ministro de Justicia, Germán Garavano. Allí, Senestrari califica a Casal como “un hijo de puta” (de hecho, ese fue el título de la nota que publicó en exclusiva el portal Infobae).
PERFIL Córdoba buscó la palabra de Senestrari quien, por el momento, prefirió el silencio. Para analizar lo sucedido, este diario propuso exponer sus posiciones a personas cercanas al funcionario y a quienes vienen criticando con ahínco su desempeño y, particularmente, sus opiniones y su pertenencia al espacio Justicia Legítima. Por lo general, en acontecimientos similares, quien sale a negar o relativizar este tipo de escuchas que se filtran son quienes se encuentran presentes al momento de la conversación. Es habitual que, ante la evidencia, intenten aludir al contexto en que se produjo y resalten la inexactitud de la interpretación, porque se desconoce el resto del diálogo, por ejemplo. Por el contrario, sus oponentes suelen cargar con vigor opiniones contrarias a las del protagonista. En este caso, llamativamente, ocurrió lo contrario.
Allegados a Senestrari admitieron la existencia de la conversación y quienes la pusieron en duda fueron sus críticos. ¿Cuáles serían las razones para una excepción de esta naturaleza? Posiblemente, la gravedad que presenta el trasfondo del hecho: que un funcionario judicial sea objeto de escuchas telefónicas. A ningún político avezado escapan las consecuencias que implicaría admitir que en el país hay espionaje a jueces y fiscales. Por la simple razón de que son los conductores de investigaciones judiciales, especialmente en la jurisdicción federal, donde se cocinan persecuciones penales de gran complejidad y sensibilidad política, económica y social. ¿Por qué hay una escucha telefónica a un fiscal? ¿Qué más se registró de las conversaciones que mantuvo? ¿Quién las pidió? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién decide hacerlas públicas? ¿Qué seguridad hay de la prosecución de causas que tiene en sus manos ese fiscal si sus instrucciones pueden ser grabadas y escuchadas por otros, ajenos a esas causas? ¿Qué otros jueces o fiscales están siendo “escuchados” y por qué razones? ¿Qué se hace con los contenidos allí expresados?
Demasiados interrogantes que ponen en jaque el margen de seguridad que deben tener las acciones de los miembros del Poder Judicial que, en un sistema republicano, es el encargado por definición de velar por el control de legalidad de los otros poderes del Estado.
VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD O ESPIONAJE
Por María de los Angeles Bonzano (*)
A partir de la información publicada en medios de prensa la semana pasada lo primero que debe advertirse es el contexto. El diálogo en que se escucha al doctor Enrique Senestrari es una conversación estrictamente privada.
Se plantea una primera hipótesis: que el audio haya sido entregado a medios de prensa por alguna persona en particular. En este supuesto, su publicación a través de tales medios resulta ilegal porque se estaría violando el derecho constitucional a la intimidad. Es grave. Pero lo es aún más si nos colocamos frente a otro escenario: que se trate de un funcionario judicial espiado en una conversación privada que él mantuvo con su grupo de trabajo.
En nuestro país el espionaje telefónico es ilegal por importar también una vulneración al derecho a la intimidad al que nos hemos referido con la única excepción que mencionaremos más adelante. A ello cabe agregar que el doctor Senestrari es un fiscal de la Nación y, por ende, en los diálogos que mantiene a diario con su grupo de trabajo como cualquier otro magistrado, fiscal o funcionario judicial, hay información muy sensible referida al trámite de las causas de su jurisdicción. Allí pueden mencionarse personas para investigar, medidas probatorias, estrategias de las instrucciones judiciales. A mi entender que -en esta hipótesis- se haya grabado primero y luego filtrado a los medios de comunicación un diálogo de esta naturaleza, le asigna una cuota mayor de gravedad al tema.
En realidad, las escuchas telefónicas son lícitas solo en el marco de un proceso judicial; es decir, cuando son solicitadas por un juez, efectuadas por personal asignado a esa tarea y controladas por el propio sistema judicial. Fuera de esa instancia, las prácticas de espionaje son, además de ilegales, totalmente impropias en un sistema democrático como el que felizmente tenemos en Argentina, con los defectos que pueda tener, pero en el que decidimos vivir como ciudadanos que habitan este suelo.
Por el contrario, las escuchas telefónicas ilícitas son propias de un régimen dictatorial en el que, estoy segura, ningún argentino o argentina quisiera hoy vivir por lo que significó para nuestra historia reciente la dictadura cívico militar de hace solo algunas dé- cadas.
Que un fiscal de la Nación sea espiado es un hecho que también hay que contextualizarlo en el marco de las políticas que se llevan adelante dentro y fuera de la Justicia. Por una parte, algunos sectores del Poder Judicial se encuentran hoy en una situación de vulnerabilidad. Hago presente, en este caso, el pedido de Jury de Enjuiciamiento a los jueces de una Cámara de Apelaciones del Fuero Laboral por discrepar con el criterio que aplicaron esos magistrados en casos de su competencia.
Y, en un contexto más abarcador, estamos viviendo en una época de criminalización de la protesta social, que derivó en algunas ocasiones en muertes, como las ocurridas durante la represión a miembros del pueblo mapuche; detenciones arbitrarias en orden a la situación particular de Milagros Sala donde, incluso, se están incumpliendo resoluciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es el escenario de fondo en el que hay que interpretar y analizar lo sucedido con la publicación y difusión de un audio en que se escucha a un fiscal de la Nación en un diálogo privado.
Hechos como este, enmarcados en un contexto más amplio como el ya señalado, ponen en peligro seriamente el proceso democrático, siempre y cuando los ciudadanos y las autoridades deseen continuar defendiéndolo y construyéndolo.
(*) Camarista de Familia. Presidenta de Justicia Legítima Córdoba
UNA POLÉMICA LEJOS DE FORTALECE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
Por Fernando R. Frávega (*)
Las opiniones disociantes y las actitudes disruptivas no son una novedad en la conducta del fiscal federal Enrique Senestrari. Tanto que resulta difícil atribuirlas a un impromptu que, en todo caso, no han merecido su arrepentimiento en procura de reparar los excesos cometidos.
En el supuesto caso de que se confirme que la voz que salió a publicidad es la suya, ahora, sus dichos pretenden vaciar de legitimidad y horadar la hombría de bien del actual titular del Ministerio Publico Fiscal de la Nación, Eduardo Casal. Buscan agigantar una polémica, por cierto impropia, que lejos está de contribuir a fortalecer la calidad institucional de nuestra República y, sin lugar a dudas, adentra a Senestrari en un contexto complicado en términos disciplinarios, ya que, además, debe enfrentar el desenlace del sumario administrativo abierto por una anterior denuncia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y, otra, del Ministro de Justicia de la Nación que, todo indica, derivaría en su posible suspensión.
(*) Director Ejecutivo Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
