El gobierno nacional mira el impacto de la caída en la actividad por los países donde pasó el coronavirus y las proyecciones de los privados para ajustar día a día su programa de mitigación económica. La mayoría de los subestados y las cámaras empresariales aún no tienen claro el tamaño del impacto, pero saben que será grave. El turismo, por caso, espera un piso de caída global en torno al 25% y la producción industrial y comercialización de bienes que no entran en la categoría de actividades esenciales (como la fabricación de autos) se frenó en seco, de un día para el otro, por el aislamiento obligatorio.
En la semana, los ministros Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Martin Guzmán (Economía) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social) lanzaron un paquete de medidas que incluyen, entre otros puntos la exención de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por la pandemia, la ampliación del programa REPRO, el pago extraordinario de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, adicional de $3.000 para jubilados y pensionados de la mínima. Además, un aumento de $100.000 millones del presupuesto en obra pública, el relanzamiento del Procrear (100.000 nuevas líneas tradicionales para la construcción, refacción y ampliación y 200.000 líneas para pequeñas refacciones de hasta $30.000), financiamiento de $350.000 millones para garantizar la producción de alimentos e insumos básicos, precios máximos durante 30 días para un conjunto de productos alimenticios, de higiene personal, medicamentos e implementos médicos, la renovación del Ahora 12 por seis meses y la aceleración del pago de reintegros a las exportaciones industriales.
Con todo, este “Mini Plan Marshall” adolece de algunas inconsistencias y hace agua en varios aspectos, fundamentalmente porque aún hay muchas dudas sobre cómo se aplicará en lo concreto lo anunciado y porque aún no hubo anuncios para asistir a trabajadores cuentapropistas e informales, el 45% de la fuerza laboral. “¿Los créditos anunciados van a ser para todo el que lo necesite o los bancos van a hacer su negocio y prestar a los que tienen garantizado el ingreso?”, indagó un profesional local con estudio en Nueva Córdoba.
Afuera. Desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba marcaron que al menos en relación al impacto de la cuarentena, no se justifica haber priorizado el bono a jubilados ni tampoco el relanzamiento del plan Procrear, siendo que será muy difícil reactivar la construcción en estas condiciones. “Faltan, en cambio, medidas de alivio impositivo para 2,4 millones de monotribustistas y autónomos, que representan el 20% de los trabajadores registrados, a los que no se ha tenido en cuenta y que ven su corriente de ingresos interrumpida por la cuarentena. El impacto también será fuerte, en los más de 7 millones de trabajadores informales, entre asalariados y por cuenta propia, que ocupan el 39% del total de trabajos del país”, señalaron.
Para el economista José Simonella, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el “Mini Plan Marshall” argentino debería tener una red de contención para todos los cuentapropistas, profesionales y trabajadores informales que quedan expuestos por la falta de actividad que genera la pandemia. “Para mypymes, autónomos, monotributistas, informales. Estamos pensando en dar préstamos para una nómina salarial, lo cual está fantástico, pero pensamos en un grupo de empresas o personas que pueden ir a un banco, que tienen cuentas y esa no es la parte más importante de generación de empleo, sobre todo en el interior del país. Esa pata está muy débil y necesitamos que se fortalezca y que se sume a la estrategia de quedarse en su casa”, opinó.
Más déficit. Un reporte del Ieral de la Fundación Mediterránea apunta que las medidas anunciadas suponen un monto de aproximadamente 2,44% del PIB ($694.667 millones). De ese total, 1,08% corresponderán a estímulos fiscales propiamente dichos, mientras que el grueso de los montos involucrados será financiero: 1,23 del PIB corresponderán a los créditos para capital de trabajo, del cual se estima que el 91% lo financien los bancos. En lo que corresponde a medidas de construcción de viviendas, como el Procrear, el gasto ascendería a 0,13% del PIB: 0,11 pp para la construcción y 0,02 pp para pequeñas refacciones. Y rescata que la inversión en obra pública extra anunciada ($100.000 millones), representa un 85% del monto invertido en 2019, y un 61% de la inversión de 2017. También, que la línea de préstamos a empresas anunciada por $350.000 millones representaría 7 veces el monto de los préstamos del Bicentenario otorgados en 2011, y resultaría un poco más que el doble que el programa de créditos productivos para Pymes existente en 2012.
“Con respecto al posible impacto monetario de las medidas anunciadas, que aumentarían el déficit fiscal en 2020, se debe considerar que al tratarse Argentina de un país sin fondo anticíclico al cual recurrir, y sin acceso al endeudamiento externo desde mediados de 2018, deberá financiar la nueva brecha fiscal casi en su totalidad con emisión monetaria, con sus consecuentes riesgos inflacionarios. A este respecto, se debe considerar que, desde el primero de octubre de 2019 hasta el 13 de marzo de 2020, la base monetaria creció $546.000 millones de pesos (38,9%)”. En ese escenario, desde el Ieral creen que en caso de pagar en su totalidad con emisión monetaria los vencimientos de deuda en pesos en lo que resta del y el déficit fiscal extra que generará la crisis, la base monetaria podría aumentar un 62,5% en todo el año 2020, lo que presionaría fuerte a la inflación anual.
“La intervención estatal a nivel mundial está siendo clave para amortiguar los impactos económicos del coronavirus. En cambio, en Argentina, el paquete de medidas equivale a solo 2% del PBI y hay severas restricciones para expandir el gasto. Con el país al borde del default y con cuentas públicas en rojo, se sufren las consecuencias de décadas de indisciplina fiscal”, completa un duro informe de la Bolsa local.
Desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Ariel Barraud señala que desde el punto de vista fiscal el Estado tiene poco poder de fuego para intervenir porque venimos de un escenario en que se trataba de no entrar en déficit y de controlar el gasto, incluso con la sanción de la Ley de Emergencia que apuntaba a aumentar los recursos. “Ahora la idea va a tener que ser hacer un alivio tributario. A esto, si se le suman los anuncios de subsidio de tasas vía créditos para empresas o vía Procrear, implica emisión monetaria por la falta de acceso al crédito. Es muy probable que se salve todo vía emisión monetaria por una parte importante del producto. En este contexto la emisión que se verá va a implicar convivir durante más tiempo con una inflación alta”, apuntó.
Sobre el rol que les queda a los Estados nacionales y provinciales en el nuevo ordenamiento de gasto y emisión Barraud señaló: “es muy importante que la emisión a hacer tenga un esquema transparente y coordinado con los gobiernos de las provincias y municipios porque ahí también provincias y municipios pueden sumarse a una coordinación de baja de impuestos en la medida que puedan ser compensados con la emisión que no pueden hacer. Lo ideal sería un sistema coordinado de alivio tributario a toda la población, al sector productivo y al consumo para que la actividad no se frene más de lo que ya se venía frenando”.
Impuestos. Siguiendo la línea sobre si es posible alcanzar un escenario de suspensión de pago de impuestos Simonella ve una encerrona difícil de superar “porque necesitas un Estado que gaste más, pero recaudará menos y está aislado del mundo, no se puede endeudar para hacer eso. La única alternativa es emitir. Al tener los mercados de crédito cerrados y emitir hoy, con la alta inflación que tenemos puede terminar en una espiralización de la inflación y una posible hiperinflación. Pero creo que si el Gobierno no prorroga impuestos la comunidad se los va a prorrogar de hecho. Si no podés comprar comida o pagar sueldos, antes de frenar eso dejás de pagar los impuestos”.
Algunas recomendaciones
Desde el Ieral de la Fundación Mediterránea se trazaron algunas observaciones sobre el tono de las medidas oficiales y señala que “ayudaría que decisiones que se tomen en 2020 no contradigan las necesidades de largo plazo de la economía”:
-Las medidas de estímulo por el lado del gasto público, no deben apuntar al gasto corriente que luego cuesta bajar, cuando la situación tienda normalizarse.
-Además del gasto en salud y en compensaciones a privados que mayores problemas tengan con la crisis, la expansión fiscal debería privilegiar la inversión pública, en especial la que permite generar empleo y mejorar a futuro la competitividad de la economía.
-El gobierno nacional debería aclarar que aliviará la restricción fiscal en 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria, pero que una vez superada, desde 2021 acentuar el esfuerzo fiscal para pasar a tener equilibrio o superávit fiscal creciente desde dicho año.
-Deberían tomarse medidas en 2020 que no vayan en contra de la competitividad cambiaria y estructural, que permitan aumentar exportaciones desde 2021.
-Deberá minimizarse el monto extra de dinero emitido, para no amplificar los efectos de la inflación.
-Deberían buscarse medidas no tan usuales y que apunten al objetivo de solidaridad social muchas veces enunciado por el gobierno, que permitan minimizar la expansión monetaria en 2020. Por ejemplo, que durante este año una porción de los sueldos de personal y funcionarios públicos, se paguen con bonos públicos que venzan desde 2021, para con estos recursos ayudar a pagar las compensaciones a privados en 2020 (cuentapropistas, trabajadores informales, etc, más afectados por la crisis).
-Prestar mayor atención a la situación de sectores, asalariados y especialmente cuentapropistas que sufrirán los mayores efectos de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus y por las medidas restrictivas aprobadas en consecuencia.
