El rey está desnudo. El golpe recibido en las elecciones primarias fue evidentemente duro para el Presidente. Todos fuimos testigos, durante una semana, del abanico de emociones que este resultado adverso generó en Mauricio Macri.
Las encuestas profetizaban otra cosa y el costo social de la impericia política del Gobierno para asimilar un resultado inesperado fue muy grande.
Asistimos al fracaso más notable de un modelo de gestión pública basado en sondeos de opinión, que busca construir un discurso a medida de lo que mejor mide.
La demonización de la ideología y de la construcción colectiva de las demandas sociales, que tanto rédito político le dio al Gobierno, y su reemplazo por la captura de las preferencias de los ciudadanos como sujetos aislados, le acaba de explotar entre las manos.
Hace tres semanas, desde este mismo espacio, se advertía sobre el elevado sesgo contenido en las encuestas de intención de voto que estaban circulando. Se criticaba, entonces, a la metodología utilizada para la recolección de datos, basada en una tecnología obsoleta conocida como IVR (o llamados telefónicos automáticos).
Los resultados confirmaron la sospecha: la encuesta que más se acercó al resultado estuvo bastante lejos, e indicaba una diferencia de nueve puntos a favor de Alberto Fernández.
La correlación entre el porcentaje de hogares con teléfono fijo en cada provincia y la diferencia real entre ambos candidatos es elevada (coeficiente de correlación igual a 0,58) y estadísticamente significativa. Es decir, la diferencia en votos fue menor en aquellos lugares con mayor cobertura de telefonía fija.
Si bien la correlación no implica causalidad, su existencia es suficiente para arruinar un modelo predictivo basado en encuestas dado el sesgo que se introduce al análisis. La dependencia espacial entre ambas variables puede apreciarse en los mapas que ilustran esta columna.
La centralidad de los sondeos en el proceso electoral y la magnitud del error obligó a las encuestadoras a dar explicaciones.
Y aquí no hubo sorpresas: como siempre, la culpa es del votante que, en una especie de conspiración universal, se pone de acuerdo para dar información errónea al encuestador. El único aspecto positivo de lo que sucedió durante las últimas elecciones es que quedó en evidencia la magnitud de la industria del sondeo con resultados a demanda.
La calidad de la estimación estadística ha quedado totalmente al margen de un negocio en donde solo hay lugar para el resultado más conveniente. Durante la semana trascendió la cadena de eventos que generaron la euforia de los mercados durante el viernes previo a las elecciones, y el pánico autoinfligido del día lunes: Una consultora integrada por exfuncionarios del Gobierno nacional hizo circular una encuesta en donde se daba ganador a Mauricio Macri por escaso margen. Esa sola noticia, sumada al hecho de que las acciones y bonos argentinos han dejado hace tiempo de ser atractivos para inversores de mediano y largo plazo para ser considerados solo por inversores de riesgo, bastó para generar una euforia en el mercado bursátil.
La consultora que difundió el informe incumplió la prohibición de difundir encuestas durante los ocho días previos a las elecciones. Las consecuencias están a la vista: caída histórica en el precio de las acciones, aumento del costo de financiamiento, devaluación del peso y, por supuesto, mayor inflación y pobreza.
Más allá de las responsabilidades legales que deban enfrentar quienes difundieron ilegalmente esta información y manipularon el mercado, este solo ejemplo pone en evidencia el nivel de descontrol que existe sobre las maneras de operar de estas empresas y el daño que esto puede generar a toda la población.
Como corolario de la exposición pública de la utilización de estas herramientas para la operación política pareciera haberse generado un elevado consenso en la sociedad en torno a la necesidad de regular desde el Estado la calidad y la transparencia de las encuestas.
Sin embargo, tal regulación existe y es letra muerta en la práctica. En este sentido, sería deseable que durante la campaña que se avecina la Justicia Electoral cumpla con la Ley de financiamiento de partidos políticos (26.215) que en su artículo 44 establece que durante el período de campaña electoral, y ante cada trabajo realizado para una agrupación política, o para terceros, las encuestadoras deberán presentar un informe ante el Registro de Empresas de Encuestas y Sondeos de Opinión detallando quién realizó la contratación, el monto facturado por trabajo realizado, un detalle técnico sobre la metodología científica utilizada, el tipo de encuesta realizada, el tamaño y características de la muestra utilizada, el procedimiento de selección de los entrevistados y el error estadístico aplicable y la fecha del trabajo de campo. La ley establece expresamente que “dicho informe será publicado en el sitio web oficial de la Justicia Nacional Electoral para su público acceso por la ciudadanía”.
Si bien la Justicia Electoral brinda, sin auditar, datos técnicos muy vagos sobre las encuestas realizadas sobre las características de la muestra y el tipo de encuesta (presencial, online o telefónica), no se detalla ningún tipo de información sobre quién realizó la contratación ni el monto facturado por el trabajo realizado.
Dado el escenario actual, en donde ha quedado en evidencia la utilización de las encuestas como dispositivo de propaganda electoral, hacer pública esta información es la única manera de llevar un nivel mínimo de transparencia al proceso electoral y la manera en que se informa al votante.
Por supuesto, la responsabilidad en este incumplimiento con la ley no es de las empresas de encuestas, sino de la Justicia Electoral que debe velar por su cumplimiento. El formulario que la Justicia entrega a las empresas no solicita la información faltante.
Es hora de vestir al rey. La Justicia Electoral puede hacer mucho para ello, simplemente haciendo cumplir con lo establecido en la ley de financiamiento de los partidos políticos, transparentando quién y cuánto se paga por una encuesta.
Los medios y una buena parte del periodismo pueden hacer mucho también, tomando medidas para dar relevancia a aquellas encuestas que cumplan con estándares mínimos de calidad técnica y poniendo en evidencia el prestigio del encuestador, sus aciertos y fallos pasados, devolviendo al centro de la escena el debate sobre propuestas y terminando con la cobertura deportiva de los procesos electorales. Y quienes votamos, principalmente, debemos elevar nuestro estándar sobre quiénes, desde dónde y cómo nos informan.
Juan Pablo Carranza es Magister en Administración Pública y Licenciado en Economía (UNC)
