Gobierno, gremios y empleadores pactaron esta semana un incremento del 28% en tres tramos para el salario mínimo, en el marco del Consejo del Empleo, Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil. Buena parte del gremialismo se fue conforme tras conseguir unos puntos por encima de la propuesta empresarial -23%- y en concreto el salario pasará de $16.875, en tres tramos a $21.600 en marzo. Pero no todos quedaron conformes y desde la CTA Autónoma se rechazó firmar el aumento. Luego, se desgranaron algunos argumentos y uno de los más detallados lo propuso el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos, en la red social Twitter. Allí, Campos advirtió que “el SMVM llegaría a $ 21.600 recién en marzo. En términos reales se convalida una caída del 9% en el año y vuelve a los niveles de 2004. En este punto el primer año de gobierno de AF no se diferencia mucho de los últimos dos de MM”; “¿A quiénes alcanza este incremento? De manera directa su impacto sobre los asalariados registrados es marginal, casi nulo. Los básicos iniciales de convenio en casi todos los casos están bien por encima de ese monto; “en el corto plazo la variación del SMVM no afecta a los empleadores (podrían firmar bastante más que el 28% y todavía tendrían margen) pero sí podría tener algún impacto en las cuentas públicas; el eje parece volver a estar puesto en la utilización del SMVM como ancla salarial, como una señal que limite la puja distributiva en aquellos sectores que todavía tienen margen para pelear por mayores salarios”.
En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, Campos explicó: “Es un ejemplo de una política salarial en la que se ven más continuidades que rupturas con el gobierno anterior. Este aumento puede funcionar como un límite para frenar las negociaciones salariales de convenio en curso. Un dato interesante es que en 2005 el salario mínimo vital y móvil equivalía al 80% del salario inicial de convenio de actividades, como gastronómicos o textiles, estaban tan cerca que cualquier suba del salario mínimo pegaba en esos sectores. Entonces si se implementa un aumento fuerte del salario mínimo, se puede generar una escalada hacia arriba para las actividades más rezagadas y al mismo tiempo el porcentaje de incremento que se otorga al salario mínimo vital y móvil funciona como señal, tiene un papel que opera como referencia para el conjunto del sistema de relaciones laborales”.
Para Campos, pese a que el 2020 generó un fuerte impacto fiscal en el Estado y convulsionó al conjunto de las discusiones paritarias generando un panorama de mucha heterogeneidad, era posible discutir un incremento más importante para el salario mínimo, teniendo en cuenta el atraso acumulado y la situación de precariedad de quienes lo reciben. “Creemos que se pierde una oportunidad porque en los últimos años se fue agrandando mucho la brecha entre el salario mínimo y el salario efectivamente percibido. Esa brecha se había disminuido mucho en el primer kirchnerismo. Hoy, el salario mínimo es menos del 30% del salario promedio, que está en $59.800 y va a quedar apenas por encima del 30% con el primer tramo de este aumento en octubre. Se pierde una oportunidad porque se podría haber subido más sin que eso le impacte a la ecuación de las empresas, porque todas las empresas del sector privado empiezan a pagar muy por encima de eso”, remarcó.
Un valor posible. En pos de pensar cuál podría haber sido un nuevo valor para el salario mínimo, Campos destacó que en el planteo inicial se debería calcular el salario mínimo y en esa discusión exigir que el Consejo del Empleo y el Salario elabore una canasta de bienes y servicios. “La primera cuestión es metodológica. Si no lo hace, hay trabajos que marcan que esa canasta ronda los $46 mil, por lo que el salario mínimo debería fijarse en eso. Obviamente uno entiende que no se puede pasar de $16 mil a $46 mil, entonces el planteo debería ser tener un sendero de recuperación progresiva que tenga esa suma como norte y que empiece con un monto que tenga en cuenta lo perdido en los últimos cuatro años. Eso daba alrededor de $26.247. Con eso se recupera el retroceso acumulado de 2016 a 2020”, explica el dirigente de CTA.
Sobre el impacto fiscal de esa medida, teniendo en cuenta que el salario mínimo sí afecta ingresos públicos que se destinan al pago del salario social complementario, jubilaciones mínimas, ATP y salario mínimo docente, desde CTA relativizan el daño fiscal que implicaría un aumento más importante: “Se deben mirar bien las cuentas. No creo que a (Martín) Guzmán se le agote la caja porque el salario complementario pase de 10 a 13. Creo que había margen para una señal de ruptura con el gobierno anterior, donde se vio una caída del salario mínimo en términos reales muy importante. Hay que dar vuelta la lógica, tratar de generar pisos más elevados en aquellos sectores postergados y que lo traducen en consumo interno, no van a hacer una corrida contra el dólar”.