Las empresas que busquen hacer pie en Córdoba para desarrollar sus negocios deberán contemplar un horizonte de algo más de tres meses para concretar trámites que son fundacionales en cualquier inversión: apertura de la compañía, permisos de edificación, obtención de la conexión de electricidad y registro de la propiedad.
Con datos actualizados al 31 de enero del 2018, el Índice Provincial de Desempeño Empresarial (Ipde) muestra que en la ciudad de Córdoba, esos cuatro procesos demandan en promedio 97 días.
El Informe Ipde, elaborado por Fundación Libertad y la Red Federal de Políticas Públicas, mide las regulaciones que afectan a las Pymes en la ciudad más poblada de cada provincia.
En el caso particular de la capital mediterránea, el indicador con peor desempeño es el de obtención de permisos de edificación que incluye hasta 16 procedimientos y 165 días para llegar a buen puerto. En una ciudad vecina como la capital puntana, San Luis, este trámite demanda 31 días menos y su costo es un 100% menor.
Puntualmente, el Ipde construye el indicador con todos los procedimientos requeridos para que una empresa del sector de la construcción pueda edificar un depósito; entre ellos, la presentación de los documentos del proyecto; la contratación de supervisores externos o inspectores; la obtención de autorizaciones, licencias, permisos y certificados, y también los procedimientos para obtener los servicios de agua y cloaca. En este ítem, Córdoba está entre las seis ciudades menos competitivas del país, un segmento que comparte con otras dos grandes urbes igualmente ineficientes en la materia, Ciudad de Buenos Aires y La Plata.
Más allá del costo y la morosidad, las empresas que deben transitar este procedimiento se enfrentan a la mala calidad de información disponible de parte de la Municipalidad. Esto queda reflejado en la puntuación de 6 (sobre 10 puntos posibles) que recibe la ciudad en el Subíndice de Calidad de Información, porque el sitio oficial no ofrece datos sobre costos y tiempos de duración de los procedimientos, entre otras falencias.
“La posibilidad de realizar trámites en línea reduce las interacciones con la administración pública y el margen para que se realicen procedimientos irregulares, dando lugar a una gestión más eficiente”, señala el Informe del Ipde, y enfatiza la importancia de crear la “ventanilla única”, un reclamo largamente expuesto por las empresas cordobesas.
“Al no existir un sistema de ventanilla única, el interesado debe interactuar con cada una de las distintas áreas de manera individual, profundizando el entramado burocrático y dilatando el proceso en su totalidad”, sostienen los expertos de Fundación Libertad. Hoy, la ciudad de Mendoza es la única que otorga permisos de edificación por ese sistema.
Otro trámite en la mira. En materia de Registro de Propiedades, Córdoba también falla. Este indicador examina la totalidad de los pasos necesarios para que una empresa pueda adquirir otra y transferir el título de propiedad a nombre de la compradora. Quienes se involucren en un proceso de este tipo tendrán que esperar más de cuatro meses para completar el ciclo, por encima del promedio nacional que es de 94 días. En Ciudad de Buenos Aires, el trámite demanda 51 días; en Santa Fe, 68 y en Salta es posible concretarlo en solo 17.
Según la investigación del Ipde, el eje del problema no está en la cantidad de procedimientos, que son seis, como en la media del país, sino “en la organización de las oficinas públicas intervinientes, la integración entre diversas reparticiones involucradas, el grado de informatización de la información y la posibilidad de realizar trámites vía plataforma digital”.
OBTENER SERVICIO DE LUZ: MAS CARO Y CON RETRASOS
Los trámites necesarios para tener un nuevo suministro eléctrico, el tiempo previsto de conexión, el costo de los procedimientos y la calidad de la información que provee la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) ubican a la provincia en la posición 16, entre 24 jurisdicciones, según el Ipde, que refleja todos estos desempeños en el indicador Obtención de Electricidad.
Una empresa que necesite la instalación del medidor y la conexión de suministro permanente para un depósito comercial (de unos 1.300m2 y 30 bocas de expendio eléctrico) deberá aguardar unos 41 días para lograr el servicio, tendrá que hacer cinco trámites diferentes y gastará en ello aproximadamente un 4% del valor del depósito que desea iluminar. Ese porcentual implica un costo 36% más caro que lo que cobra el promedio de las empresas de energía de la Argentina, y el proceso demanda hasta 19 días adicionales a los que plantea, por ejemplo, EMESA (empresa energética de Mendoza) y 22 más que SCPL (en Comodoro Rivadavia).
El informe de Fundación Libertad y la Red Federal de Políticas Públicas realiza un interesante análisis al plantear cuán lejos de la frontera de desempeño óptimo se encuentran las empresas de energía de cada provincia. Siendo 100 el mejor puntaje y 0 el más bajo, la EPEC recoge 49,8, lo que la sitúa entre las nueve compañías más distanciadas del punto de eficiencia deseable.
En ese resultado influyen, en particular, el costo del servicio, el tiempo de demora de la conexión y la deficiente información disponible para que los clientes puedan agilizar el proceso. El número de trámites, por el contrario, está dentro de los parámetros generales. Según el Ipde, la web de EPEC no “detalla con claridad los procedimientos a seguir por Pymes y grandes usuarios para obtener el servicio, y tampoco da cuentas de los costos que le demandará”.
Los expertos que elaboraron el informe recomiendan a empresas con el desempeño de EPEC, “permitir la presentación conjunta de la documentación para la solicitud de factibilidad técnica y la solicitud de conexión comercial”. Esto eliminaría la necesidad de reiterar visitas y procesos en diferentes dependencias. Los especialistas también ponen énfasis en la atención al cliente y la transparencia de la información.
Empresas como EPEC necesitan “mejorar la atención incorporando, por ejemplo, una línea telefónica especializada para el asesoramiento de clientes corporativos. Las plataformas digitales deben detallar los trámites, los plazos y los costos que implican. Además, se deben publicar de forma clara los cuadros tarifarios vigentes, que incluyan los trabajos con cargo que son normalmente necesarios para el tipo de conexión eléctrica que requieren las empresas”.
VAD, la contracara. La radiografía realizada por el Informe Ipde deja claramente expuestos algunas de las fuentes de ineficiencia que persisten en las empresas energéticas provinciales y que terminan convirtiendo a la tarifa en un factor de distorsión sistémica. Distorsión que, cada día, se conoce mejor de dónde surge al promoverse un sinceramiento general de los precios de la energía.
Precisamente, el famoso Valor Agregado de Distribución (VAD) es una suerte de contracara de lo que el Ipde muestra de cada empresa provincial de energía porque, en efecto, tras el VAD se diluye buena parte de las ineficiencias de sus procesos. Según datos del Ministerio de Energía de la Nación, AMBA cobra un VAD de $124 (para una factura de 300 kwh); San Juan, $260; Santa Fe, $496 y Córdoba, $564.
“Hoy, para cubrir el costo de la energía, las pymes necesitaron vender hasta 14 veces más”, según un estudio de mayo de 2018, realizado por la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA). Es así como una empresa que necesitaba vender 20 litros de aceite hidráulico para pagar su factura de luz en el 2015, en el 2018 necesita vender 390 litros del mismo producto para poder cubrir el costo del servicio. Algo similar le sucede a una textil: si en 2015 necesitó vender 16.000 metros de tela tul para pagar su boleta, en 2018 los mismos KW le costaron la venta de 200.000 metros. En una economía que entró en recesión esto es cada vez más difícil.
POR QUE MEDIR EL DESEMPEÑO PROVINCIAL
“La evidencia empírica demuestra que a mayor calidad institucional, mayor es el ingreso por habitante o menor el nivel de pobreza. Ello permite formar un círculo virtuoso entre la inversión, la productividad, el empleo y el crecimiento genuino y sostenible”, señala Alejandro Bongiovanni, director de Fundación Libertad, a la hora de explicar los fundamentos del Índice Provincial de Desempeño Empresarial (Ipde).
“Puntualmente, este índice analiza las condiciones que ofrecen las jurisdicciones argentinas para el desarrollo empresarial, las asimetrías entre ellas y los obstáculos gubernamentales”, agrega. El punto no es establecer competencia entre gobernadores o partidos sino “promover políticas públicas que incentiven la inversión y reduzcan las brechas interprovinciales”.
