El hambre aparece por muchas causas (tierras pobres, cambios de clima y falta de acceso al agua). Pero ese no es el problema en la Argentina. El país produce alimentos para 400 millones de habitantes -10 veces su población- y anualmente desecha 16 millones de toneladas de alimentos que aún son aptos para el consumo. Son 365 kilos por año por habitante; un kilo por día. Incoherentemente, esta realidad de abundancia se despliega frente a unos seis millones de argentinos que han tocado el fondo de su condición social y padecen hambre, según muestran las estadísticas del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA). De acuerdo a esta fuente, el drama ha venido recrudeciendo desde finales de 2017 y en el presente hay un 10,4% de los chicos en todo el país que pasa hambre. La pobreza y el hambre se transformaron en realidades multicausales y estructurales en la economía que presume ser el ‘granero del mundo’; un granero donde la producción agrícola industrial de Córdoba es una de las protagonistas. Sin embargo, la provincia tampoco escapa a la obscenidad social de permitir niños con insuficiencia alimentaria.
Según el Indicador Barrial de Situación Nutricional 2017, que elabora la organización Barrios de Pie junto al Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), el 47% de los niños y adolescentes de 2 a 19 años de 20 barrios de Córdoba con alta vulnerabilidad sociosanitaria-ambiental padece alguna de las variantes de malnutrición. Los ciclos recurrentes de crisis económicas son la principal causa de este lacerante panorama. No obstante, el relato del fenómeno no exime de la responsabilidad de una urgente búsqueda de soluciones. El hambre no espera que los mercados confíen, los políticos se pongan de acuerdo, los funcionarios atinen a dar con las medidas adecuadas y la corrupción acabe. Cada día sin alimento o alimento insuficiente son células que van perdiendo nutrientes y se van deteriorando
¿Hay salida? En el 2004 se sancionó en la Argentina la ley 25.989 -Régimen especial para la donación de alimentos- conocida como Ley Donal, con el objetivo de incentivar a las empresas del sector alimenticio a hacer donaciones. La ley estipula quiénes pueden donar, qué productos, cómo debe hacerse y los derechos y obligaciones de cada parte. “En la redacción original de esa ley, el artículo 9 establecía que, en caso de haberse entregado los alimentos en buena fe, cumpliendo con las exigencias bromatológicas y de inocuidad del código alimentario argentino, el donante quedaba liberado de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse, salvo que existieran hechos u omisiones que degeneraran en delitos de derecho criminal”, explica la legisladora Leonor Martínez Villada (CoaliciónCívica). Sin embargo, este artículo fue vetado el mismo año en que se aprobó la ley. Hoy, la norma vigente no contempla en su articulado una disposición que limite la responsabilidad del donante; por ende, el posible donante de alimentos no tiene ningún resguardo legal y ante ello opta por tirar productos que aún son consumibles. “Son productos que tienen algún defecto de packaging, que están a unos tres o cuatro días de vencer, verduras que tienen algún magullón”, explica Martínez Villada. Existiendo en todo el país una organización como la Red Nacional de Bancos de Alimentos (REDBdA) con la capacidad logística para recibir estos productos, seleccionarlos, fraccionarlos y hacerlos llegar en tiempo a las organizaciones que atienden comedores y merenderos, “la pérdida de alimentos es un verdadero escándalo”, dice Martínez Villada. En 2017, REDBdA distribuyó más de nueve millones de kilos de alimentos impactando positivamente a 332.619 personas. En Córdoba, el banco que opera a escala provincial, entregó 1.309.950 kilos, beneficiando a 18.163 personas (73% niños). ¿Se podría hacer más? Muy probablemente se podría y, seguramente, la realidad demandará que así sea. El 14 de julio pasado, el debate en la Cámara de Diputados de la Nación dio un giro cuando el dictamen de minoría presentado por el diputado Marcos Lavagna (Frente Renovador) propuso reincorporar el artículo 9. La propuesta tuvo 145 votos afirmativos, dos abstenciones y 48 votos opositores del Frente para la Victoria y del Frente de Izquierda. Estos dos partidos argumentaron que “se está buscando dar un manto de cobertura a empresas deseosas de deshacerse de alimentos dándoselos a los pobres”. Ahora el proyecto volvió al Senado, donde deberá tener tratamiento en los próximos días.
