Senestrari imputó a dos cueveros señalados por el arrepentido Vera

Dos nuevas imputaciones se produjeron en la última semana en la causa CBI Cordubensis. La decisión fue adoptada por el fiscal federal Enrique Senestrari, y alcanza a dos cueveros porteños, Joaquín Juana y Teófilo Grant, cuyos nombres fueron aportados a fines de diciembre de 2016 por el comerciante Miguel Vera, procesado y próximo a enfrentar el juicio que se iniciará el 5 de noviembre en el Tribunal Oral Federal 2.

A Juana y Grant, el fiscal les atribuyó los delitos de lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión. Es por la participación en el manejo de las cuentas corrientes de dos empresas, Jotemi SA y Halabo SA, de las cuales eran socios junto a Miguel Vera. De avanzar la investigación se podría comprobar o descartar si por las cuentas corrientes de esas firmas pasaron fondos de la corrupción del Gobierno nacional anterior.

Vera declaró dos veces en calidad de arrepentido, asistido por el defensor oficial Rodrigo Altamira. La primera fue el 28 de diciembre de 2016 y la segunda el 9 de octubre de 2017. Lo hizo para obtener su excarcelación y, en caso de ser condenado, recibir el mínimo de la pena para cada delito que se le atribuya.

En la primera oportunidad, el comerciante mencionó gestiones que realizaba en Buenos Aires para proyectos regionales que articulaban organismos nacionales en Córdoba, entre los cuales Afip, Migraciones, Senasa, Pami, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncaa) durante el kirchnerismo.

Sin un hilo demasiado coherente dio nombres y señaló pistas que había escuchado de terceros. Con los que sí dijo haber tenido contacto directo –no especificó a instancias de quién ni porqué- fue con Joaquín Juana y Teófilo Grant. Al describir sus actividades afirmó que Juana tenía una financiera en la calle Reconquista y que Grant tenía una oficina en calle Lavalle desde donde manejaba exportaciones de carne de una empresa perteneciente a su suegro. También estaba conectado con el dirigente peronista Fernando Boldú, de quien subrayó que estaba varios días de la semana en Buenos Aires. (Ver No convence al Tribunal…).

Finalmente, siempre según el relato de Vera, se produjo una reunión en Córdoba entre Juana, Grant, Boldú y Jorge Suau -entonces vicepresidente de CBI- con el objetivo de alcanzar un acuerdo para canalizar fondos nacionales hacia Córdoba y utilizar la financiera local que actuaba en las sombras y fuera de los controles del Banco Central.

Crearon dos firmas de las tres que proyectaron inicialmente, Jotemi SA y Halabo SA. A través de cuentas que abrieron en Banco Nación monetizaron cheques sin pagar impuestos porque declaraban actividades exentas. Ese hecho les valió la imputación a cuatro funcionarios de la entidad: Pedro Zurko, Miguel Marcelo Postacchini, Daniel Ricardo Bender y María Pía Requejo. Por allí pasaron más de 700 millones de pesos.

Durante la segunda declaración como arrepentido, Vera aportó un nuevo dato: Pablo Gisenow, el abogado especialista en sociedades que asesoró para la creación de Jotemi y Halabo, quien ya declaró y proporcionó valiosa prueba. En la fiscalía mostró los correos electrónicos que acreditaron la sociedad de Juana, Grant y Vera. De hecho, en una de las últimas resoluciones el TOF2 que realizará próximamente el juicio de la primera parte de la causa CBI admitió la inclusión de Giesenow como testigo.

Al margen, el abogado adquirió notoriedad porque tras sufrir un accidente por el que le amputaron ambas piernas, logró recuperarse y está entrenando para participar de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Tribunales porteños. En el fuero penal económico porteño hay una causa paralela a la que se tramita en Córdoba. Después de la declaración de Vera como arrepentido, el juzgado giró los antecedentes al Juzgado Penal Económico N°5 de Buenos Aires, a cargo del juez Diego Amarante. Allí se investigan las actividades desplegadas por Juana y Grant en la ciudad de Buenos Aires donde, según el testimonio, tendrían mesas de dinero o cuevas al margen de la legalidad. Esa causa está en investigación según consignaron desde el juzgado.