Fue un muy joven ministro de Minería de Salvador Allende. Años después, ejerció como titular de Educación de Ricardo Lagos y de Obras Públicas de Michelle Bachelet. También fue senador y tres veces presidió el Partido por la Democracia, parte de la Concertación que gobernó Chile más de 20 años.
Uno de sus libros, con referencias autobiográficas de su detención y confinamiento ordenados por la dictadura, inspiró la película Dawson Isla 10, que Miguel Littin llevó al cine y donde Benjamín Vicuña lo encarnó como prisionero de un remoto campo en el Estrecho de Magallanes.
Con sus curtidos 79 años, Sergio Bitar responde desde Santiago a las preguntas que llegan del otro lado de la Cordillera sobre el convulsionado presente de su país.
—Por años la derecha ensalzó el ‘milagro chileno’ pero octubre de 2019 sacó a luz un Chile del que poco se hablaba. ¿Existía tal milagro o fue un relato abonado también por gobiernos de la Concertación?
—El de los gobiernos de centroizquierda de la Concertación, entre 1990 y 2010 y desde 2014 a 2018 con Nueva Mayoría (que incluyó al Partido Comunista) es el período más fructífero de la historia de Chile en desarrollo democrático, social, económico y cultural. Allí se llevaron a cabo reformas en infraestructura, salud, educación, justicia, vivienda, pensiones y se implementaron programas para mejorar la inclusión social. Uno de los indicadores fue la reducción de la pobreza, llevando a Chile a ser el país con el índice más bajo de América latina. Este resultado no fue fruto de la derecha conservadora. Muy por el contrario, fuerzas conservadoras y partidarias de (Augusto) Pinochet hicieron una tenaz oposición durante los 24 años de gobiernos de centroizquierda. El presidente (Sebastián) Piñera hace hoy alarde de éxitos a los cuales él se opuso. La oposición de derecha fue tan ruda que recién en 2005 se aprobó una reforma que eliminaba la inamovilidad de comandantes en jefe y los senadores designados. Los conservadores defendieron un Estado subsidiario y el predominio del mercado en la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, vivienda, seguridad y pensiones.
—El aumento del transporte fue la chispa del incendio pero, ¿qué detonantes se acumularon para semejante estallido?
—El debate sobre las causas de la explosión de fines de 2019 se extenderá por mucho tiempo. No es razonable que en un país con los altos índices de desarrollo alcanzados por Chile un aumento del 0,2 por ciento de la tarifa del metro explique un estallido social de esa envergadura. Hay razones más profundas. Es indispensable preguntarse si un gobierno de derecha, distante de la ciudadanía, con ministros que representaban a una élite restringida, cuyo discurso privilegia el crecimiento y mucho menos los aspectos sociales, puede exacerbar una reacción de despecho, indignación y hasta de resentimiento. En política es muy importante la cercanía del gobierno con la ciudadanía; la sensibilidad y el compromiso para resolver problemas de los sectores de menos ingresos y una representatividad legítima de las autoridades. En las sociedades modernas las redes sociales alcanzan una penetración amplísima, dotan a los ciudadanos de un poder que antes no poseían para autoconvocarse. La educación alcanzada y la autonomía económica empoderan de un modo que desborda a los gobiernos, poniendo en jaque la gobernabilidad democrática.
—En los últimos años hubo en Chile masivas marchas de universitarios, de secundarios, contra las AFP, ¿hay un hilo conductor en tal descontento?
—Estos hechos son parte de un nuevo fenómeno político que se extiende en Chile y América Latina y que es el debilitamiento de la democracia representativa. Cuando se obstruyen procedimientos e instituciones democráticas la sociedad se manifiesta a través de movilizaciones y desafíos a una élite que es percibida como incapaz de resolver sus problemas. La concentración del poder económico, la corrupción, las desigualdades materiales y de trato tendrán una oposición social más intensa en los próximos años. Esa legítima expresión de protesta termina siendo el único vehículo que tuerce la mano a quienes dirigen la economía, la política, los medios de comunicación, el poder militar. En Chile solo se pudo dar pasos más sustanciales, sacudir y provocar las mayorías necesarias en el Congreso, cuando la derecha sintió temblar su edificio institucional por las movilizaciones sociales. Así ocurrió con los estudiantes secundarios, en 2006, y en terremotos sociales durante los gobiernos de Piñera, en 2011 y 2019. Una explicación de los estallidos es la brecha de expectativas y la escasa capacidad del Estado para responder a esas demandas. Los partidos políticos han perdido capacidad de mediación entre sociedad y Estado, ciudadanía y gobierno. Esta crisis también es responsabilidad de las fuerzas progresistas, que perdieron su atractivo para muchos sectores, cayeron en complacencia y se dividieron. Salir de esta situación y entrar a una etapa de fortalecimiento democrático, unidad nacional y desarrollo económico-social tomará largos años.
—¿Cómo califica la actuación de Piñera en la crisis y los abusos cometidos por Carabineros?
—Chile enfrenta un doble reto. El movimiento social ha pasado por encima de partidos políticos e instituciones, pero carece de liderazgo y programa. Expresa un descontento y manifiesta una demanda por reordenar la organización institucional de un modo más igualitario, solidario, no discriminatorio y democrático. El desafío es cómo encauzarlo. El otro reto nace de la honda inquietud por los niveles de violencia. El gobierno no ha tenido la capacidad de garantizar el orden público; la policía ha actuado de manera ineficiente, sin respetar normas internacionales de uso de la fuerza, violando derechos humanos, sin suficiente inteligencia para detectar a grupos organizados que cometen delitos. Es importante observar estos acontecimientos, pues pueden estar anticipando hechos similares en otros países. El gobierno reaccionó mal y exacerbó la lucha social. El presidente declaró primero con arrogancia que Chile era un oasis y después afirmó que había una “guerra” e involucró a extranjeros... Sin embargo, en medio de la desolación, ocurrió en el Parlamento un hecho inédito, que habla bien de los partidos. Se firmó un acuerdo que abrió la posibilidad de elaborar una nueva Constitución en democracia y decidirlo a través de un plebiscito en abril.
—¿Ve parecido este clima al del ‘que se vayan todos’ de 2001 en Argentina?
–El fenómeno ocurrido en Chile merece la atención de todos: las redes sociales y su enorme incidencia en nuevas formas de organización social y de gobernabilidad democrática. Nunca había existido tal potencial de convocatoria directa por parte de personas diversas. Las consecuencias pueden ser enormes, fortalecer la democracia y el desarrollo de la sociedad civil; pero asimismo pueden ocasionar polarización e ingobernabilidad, creando condiciones para el populismo y el autoritarismo. Las tecnologías son neutras, dependerá de la capacidad política y social que se transformen en instrumento para el desarrollo pleno de cada persona. En numerosos países se ha extendido el desencanto con gobiernos y “clase política” y han surgido expresiones de indignación o “váyanse todos”. Grupos minoritarios convocan a desplazar, sin fórmulas institucionales de reemplazo ni fuerzas políticas capaces de gobernar. Las protestas sociales sin conducción sacuden, pero no gobiernan. Al final, son los partidos e instituciones los llamados a conducir y transformarse. Los partidos deberán cambiar, dar nacimiento a nuevos movimientos; la democracia representativa deberá complementarse con instancias de democracia participativa y consultas ciudadanas usando nuevas tecnologías. Las estructuras verticales son rígidas y se tornarán más inoperantes a futuro.
—¿Qué expectativas tiene para el plebiscito de abril?
—El plebiscito ofrece por primera vez en la historia chilena la posibilidad de gestar una nueva Constitución con amplia participación y en democracia. Soy partidario de votar “Apruebo” en esa consulta y creo que sería mejor una convención constituyente elegida total y directamente por la ciudadanía. Se dice desde sectores conservadores que la Constitución no resolverá problemas cotidianos. Es obvio. La clave es llevar a cabo un proceso colectivo de construcción de normas que regularán la convivencia de los chilenos en el siglo 21; un pacto social y político, cuyo hilo conductor es un país más incluyente, solidario, con igualdad de oportunidades, sin discriminación.‘
Para eliminar los últimos anclajes autoritarios
“Chile ha tenido tres constituciones -explica Sergio Bitar-. La primera, de 1833, se gestó en momentos de conflicto y desgobierno y luego de una guerra civil que terminó en la batalla de Lircay, en 1830. Se impuso una orientación conservador a presidencialista, conducida por militares. La segunda se aprobó en 1925, fruto de presión social y política, a lo que se agregó una presencia militar favorable a cambios sociales. La tercera fue impuesta por la dictadura en 1980. De las reformas posteriores, la más importante fue en 2005 y logró, al menos, eliminar enclaves autoritarios, aunque sin transformar su espíritu privatizador y autoritario”.
