En una sociedad basada en el conocimiento, inmersa en una cuarta revolución industrial, en donde la acumulación de capital humano tiene un lugar cada vez más preponderante en los niveles de productividad de los países, y en donde el envejecimiento de la población pone de manifiesto la necesidad de sumar cada vez más personas al sector productivo, la elevada proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan despertó una preocupación creciente en el análisis económico, sociológico y demográfico.
Un informe del Banco Mundial desarrollado en 2016 por los economistas Halsey Rogers y Rafael de Hoyos, indica que “hay 260 millones de jóvenes nini en todo el mundo, con porcentajes especialmente altos en las regiones de Oriente Medio, el Norte de África y Asia meridional”. Resaltan, además, que en América Latina y el Caribe hay 20 millones de jóvenes en esta situación, aunque esta cantidad es “ligeramente inferior al promedio mundial, pero mucho mayor que en los países de ingresos altos”.
Según el último dato disponible en la Encuesta Permanente de Hogares, correspondiente al segundo trimestre de 2019, en Argentina hay 580.170 jóvenes de entre 15 y 25 años que no estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo.
Esta cantidad representa un 11,6% de la población en dicha franja etaria, en línea con los porcentajes de jóvenes nini existentes en países de altos ingresos.
En el Gran Córdoba hay 39.329 jóvenes de entre 15 y 25 años que no trabajan ni estudian. Si bien la cantidad total de jóvenes en esta condición aumentó durante los últimos 10 años, en términos relativos se mantuvo constante, ya que la población en esa franja etaria también aumentó.
En tal sentido, se puede afirmar que la cantidad de jóvenes nini ronda el 12% del total de jóvenes de entre 15 y 25 años. Los nini y la crisis económica.
La cantidad de nini en el Gran Córdoba hizo un pico en el año 2016, con un total de 50.182 jóvenes (15% del total), y luego se redujo considerablemente, para llegar a abarcar 39.929 en 2019 (12% del total).
Esta aparente buena noticia depende del destino que hayan seguido estos jóvenes. En principio, un joven nini puede dejar de estar en esa situación si comienza a estudiar, o si adopta una posición activa hacia el mercado de trabajo; es decir, si consigue un empleo, pero también si busca trabajo sin conseguirlo, convirtiéndose en un joven desempleado.
Por supuesto, también puede darse alguna combinación entre jóvenes que deciden simultáneamente estudiar y participar del mercado laboral. La cantidad de jóvenes de entre 15 y 25 años que se incorporaron al mercado laboral sin conseguir empleo aumentó considerablemente en los últimos años: la tasa de desempleo para este grupo poblacional pasó del 27,3% en 2016 al 30,2% en 2019.
La cantidad de jóvenes ocupados bajó de 114.380 a 99.229 en el mismo periodo. Estos resultados sugieren que, en el contexto de crisis económica, más jóvenes se suman al mercado laboral, pero encuentran dificultades para acceder a un empleo.
La situación tiene un impacto potencial considerable en las estrategias económicas de los hogares, dado que muchas personas, particularmente mujeres, abandonan las tareas no remuneradas del hogar en busca de un ingreso monetario. Una situación alarmante se da en aquellos que simultáneamente trabajan y estudian.
La proporción de jóvenes en esta situación pasó de un 11% del total en 2016 a un 6% en 2019. Nuevamente, se observa que, ante un contexto de crisis económica, muchos jóvenes postergan sus estudios para priorizar el ingreso monetario originado en el empleo.
¿Es un fenómeno asociado a la pobreza? La carencia de empleo y de estudios son características socioeconómicas vinculadas a situaciones de marginalidad y pobreza. En este marco, es frecuente asociar la población de jóvenes nini a hogares en situación de pobreza de ingresos.
En el Gran Córdoba, al segundo trimestre de 2019, el 68,6% de los jóvenes nini se encontraban en condición de pobreza.
La contracara de este hecho es que, actualmente, existen 12.522 jóvenes de entre 15 y 25 años que no estudian, no trabajan, no buscan empleo, y no se encuentran en condiciones de carencias materiales vinculadas a la pobreza de ingresos.
Si se analiza la distribución de estos jóvenes según el decil del ingreso total de las familias (en donde el decil 1 abarca al 10% más pobre de la población y el decil 10 al 10% más rico), se observa que el fenómeno es más presente en los grupos más vulnerables. El 30% más pobre de la población concentra el 77% del total de jóvenes que no estudian ni trabajan, en tanto que en el 30% más rico no se observan jóvenes en dicha situación.
¿Un fenómeno que afecta a las mujeres? La cifra total oculta algunas características propias: se trata de un problema que, tal como está definido, parece afectar principalmente a las jóvenes de sexo femenino.
Actualmente hay 27.867 mujeres en esta situación y 12.062 varones, es decir, la proporción es de siete mujeres y tres hombres cada 10 jóvenes. La proporción de mujeres de entre 15 y 25 años que no trabajan ni estudian es igual al 17% del total, mientras que en los varones este porcentaje se reduce a un 8%.
Sin embargo, la definición de un problema y los instrumentos que se diseñan para su medición son procesos que, más allá de las pretensiones científicas buscadas en su aplicación, están teñidos de construcciones ideológicas que suelen reflejar el statu quo de la academia.
Estas construcciones determinan qué aspectos de un problema se pretende abarcar, pero también cuáles se deja de mirar.
En este caso, la definición apunta a jóvenes que no estudian ni trabajan, y la construcción de sentido con base en esta definición implica la caracterización de este grupo poblacional como adolescentes de sectores de altos ingresos que permanecen totalmente improductivos o de jóvenes de sectores marginales vinculados a la delincuencia.
Esta caracterización refuerza estereotipos, dejando de lado a la enorme proporción de jóvenes que realizan tareas en el hogar, y contribuye a la negación de estas actividades no remuneradas como parte esencial del funcionamiento de la economía. Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el 67% de los jóvenes adolescentes catalogados como nini cuidan de sus hijos, hermanos o adultos mayores. De ellos, el 95% son mujeres y el 5% son varones.
Si tomamos como válidas estas estimaciones, la cantidad de mujeres que efectivamente no estudian y no realizan trabajo alguno (dentro o fuera del hogar) se reduce a 2.834 para el Gran Córdoba, mientras que la cantidad de varones es de 10.744. En otros términos, cuando se incorpora a la definición de jóvenes nini las tareas no remuneradas desempeñadas en el hogar, el porcentaje real de mujeres a quienes se puede catalogar como jóvenes nini se reduce del 17% al 2%, en tanto que el porcentaje de varones se reduce solo un punto, pasando del 8% al 7%.
Opinión
Importa tanto la política como el control
Rocío Cerino, economista
La población de un país puede clasificarse en ocupados, desocupados e inactivos. Una persona inactiva es aquella que no trabaja ni busca hacerlo (principalmente niños, estudiantes, jubilados o pensionados). Del total de jóvenes en Argentina, más de la mitad se consideran inactivos (57,8%).
La condición de inactividad hace referencia a la postura actual con relación a mercado laboral. Si un joven se encuentra inactivo, esto no implica que pase sus días sin hacer nada, sino que puede estar invirtiendo tiempo en formarse profesionalmente, lo que se verá reflejado en un aumento de su productividad futura.
El problema se presenta cuando se da el caso contrario: jóvenes que no están estudiando, ni trabajando, ni buscando trabajo (nini).
La decisión de no buscar trabajo depende de muchos factores individuales. Sucede en repetidas ocasiones que esta decisión proviene de una serie de fracasos previos en el mercado laboral, lo que genera una sensación de desánimo a continuar la búsqueda. En el caso de los jóvenes, esto puede acentuarse mucho más, puesto que la tasa de empleo de este grupo etario es menor. El desánimo a buscar trabajo se traspasa fácilmente al ámbito educativo: “¿para qué voy a invertir tiempo y esfuerzo en estudiar, si luego no voy a encontrar trabajo?”
Aumentar la demanda laboral de los jóvenes a través de políticas públicas es un buen comienzo para solucionar esta problemática. Un ejemplo de ello es el Programa Primer Paso (PPP) implementado por la Provincia de Córdoba. El programa busca facilitar la incorporación de jóvenes entre 16 y 25 años sin experiencia en el mercado laboral, los cuales comenzarán a trabajar en una empresa y recibirán una contraprestación económica por parte del gobierno.
De esta manera, al aumentar la probabilidad de obtener trabajo, se puede generar una reacción de ánimo para buscar empleo. En los distintos niveles de gobierno se han implementado medidas para incentivar el estudio tanto a nivel obligatorio, como en niveles universitarios o terciarios.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) cumple un rol importante en este sentido, dado que para acceder a dicho beneficio se debe comprobar la asistencia de los niños y adolescentes a una entidad educativa.
En el caso de Córdoba, el Boleto Educativo Gratuito (BEG) actúa como un incentivo a continuar los estudios, puesto que se ve solventado completamente el costo de asistir a las escuelas o universidades.
Las becas Progresar emitidas por el Gobierno Nacional son un claro estímulo para no abandonar los estudios, consistente en un estipendio económico para aquellos que quieran finalizar los estudios obligatorios y para los que quieran continuar en formación superior. Dada la fuerte presencia de embarazo adolescente, el programa de Salas Cunas propuesto por el Gobierno de la Provincia de Córdoba puede contribuir a la merma en la deserción escolar.
Sin embargo, tan importante como diseñar estas políticas que insumen una parte considerable del presupuesto público, es plantear mecanismos de control para poder estudiar el impacto de la implementación y decidir si las mismas están correctamente focalizadas.
Por ejemplo, en el caso de subsidios a puestos de trabajo (como es el PPP), el objetivo es lograr un aumento en la cantidad de trabajadores jóvenes. Para que este objetivo se mantenga es necesario controlar la implementación del programa, buscando evitar que se reemplacen trabajadores existentes por aquellos beneficiarios del plan de empleo, dejando inalterado el volumen total de puestos laborales.
