El 8 de diciembre de 2004 una joven de 18 años oriunda de Salta vivió –según lo denunció en la Justicia- una noche de terror. Estudiaba periodismo en una universidad privada de nuestra ciudad y convivía con otras dos comprovincianas en un departamento de Nueva Córdoba.
Durante la madrugada de aquel día, una de sus amigas llegó a la vivienda acompañada por dos jóvenes que ella describió “bajo los efectos del alcohol y las drogas”. Pretendiendo un diálogo, la atacaron sexualmente entre ambos provocándole lesiones, pese a su resistencia. Los primeros hechos ocurrieron en un dormitorio y luego en el baño, donde ella ingresó con el objetivo de eludir la agresión.
De acuerdo al relato de sus abogados, Alejandro y Karina Zeverín, la golpearon, desnudaron con singular violencia y la abusaron sexualmente hasta provocar su desvanecimiento. Según los forenses, la joven habría sufrido “equimosis difusa en región molar izquierda, excoriaciones multiformes en dorso, la mano y rodilla izquierdas, excoriaciones en el pie; además de profusas lesiones en la zona genital y anal.
La causa penal fue iniciada por la madre de la estudiante, quien se constituyó en querellante y actora civil. Durante la investigación, el fiscal dispuso un careo entre imputados y víctima, pero la familia de la joven se opuso argumentando su revictimización.
Finalmente, los dos hombres denunciados –asistidos en la defensa por el exfiscal General, Darío Vezzaro- fueron sobreseídos por el juez de Control Nº 2, el 23 de junio del 2006.
La joven abandonó sus estudios y volvió a vivir a su ciudad natal. La sentencia que exculpó a los jóvenes fue también confirmada por la Cámara de Acusación y el Tribunal Superior de Justicia, que además rechazó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Demanda contra Argentina. Agotadas las instancias judiciales en el país, con resoluciones adversas, los letrados acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar a la Argentina por una irregular administración de justicia en este caso.
El dos de noviembre último, la CIDH notificó al Estado argentino para que responda a la demanda en un plazo máximo de tres meses. El país procura siempre evitar que casos como éste sean tramitados por la corte internacional porque colocan a la Argentina en la situación de ser condenada o advertida sobre deficiencias en la prestación de justicia para con sus ciudadanos. De allí la trascendencia de que se haya admitido y dado curso, inicialmente, la pretensión de la joven.
