El aislamiento ha convertido a internet en centro de atención ya que buena parte de nuestra vida se ha desplazado a la red. Existe disparidad en la cobertura y calidad de servicios existentes, lo que ha abierto un debate en torno de la conectividad. Al respecto, se han presentado diversos proyectos de ley, algunos con efectos limitados a la emergencia y otros con vocación de permanencia. Entre los planteos más generales de estas iniciativas están la declaración de internet como derecho humano y servicio público.
Existe disparidad en la cobertura y calidad de servicios existentes, lo que ha abierto un debate en torno de la conectividad
La primera de ellas es errada e innecesaria. Errada por cuanto internet no es un derecho humano, sino un medio para el ejercicio de aquellos que sí lo son. Innecesaria porque el artículo 2 de la Ley Argentina Digital 27078 señala que su finalidad es garantizar el derecho a las comunicaciones y telecomunicaciones.
La calificación de servicio público merece algo más de reflexión por las consecuencias que pretendan derivarse de ella. La evolución de los servicios de telecomunicaciones en nuestro país nos debería permitir sacar algunas enseñanzas sobre la utilidad y conveniencia de dicha calificación.
El telégrafo aparece en 1855, once años después que se inventara cuando la organización nacional era proyecto. El teléfono, sólo dos años después. La radio, a sólo dos meses de su nacimiento y Argentina es el primer país en desarrollarla comercialmente. A partir de allí las distancias se alargan, coincidiendo con el avance de la intervención reguladora estatal. La TV en blanco y negro llega 12 años después de su lanzamiento comercial y la TV color lo haría 28 años más tarde. A partir de 1989 las distancias se acortarán nuevamente. La telefonía móvil llega ese año, cinco años después que en EE.UU., internet cuatro años más tarde. Con el 4G nos volvimos a atrasar (8 años), pero recuperamos el terreno perdido y más en los últimos 4 años.
Sin que se la califique como servicio público, ni existan controles de precios, la telefonía móvil registra 1,4 conexiones por habitante; internet, entre accesos fijos y móviles, ha llegado al 83% de los argentinos en 25 años. Siendo servicio público Entel en 45 años pasó de una penetración del 3,3 % al 8,5 %. En los 70 y 80 una propiedad valía más si tenía teléfono.
Sin que se la califique como servicio público, ni existan controles de precios, la telefonía móvil registra 1,4 conexiones por habitante; internet, entre accesos fijos y móviles, ha llegado al 83% de los argentinos en 25 años
La diferencia ha estado en regímenes jurídicos que fomentaron la innovación, la inversión y la competencia y no en la sobreregulación estatal, amparada en la noción de servicio público.
Los países nórdicos están en los primeros lugares del mundo por sus servicios de internet. Sus leyes en la materia no hablan de servicio público ni de derechos humanos. Si de servicio universal, pero este concepto es diferente y subsidiario del mercado. En nuestro país, si la totalidad (flujo de este año y stock) de los fondos de servicio universal (FSU) se gastaran no llegaríamos al 7 % del total de inversión anual del sector. Por supuesto que es importante lo que se puede hacer con esos recursos y donde hay muchísimo que mejorar, pero después de la pandemia seguirá siendo la inversión privada el motor de la conectividad.
Yendo a las efectividades conducentes existen áreas de la regulación en las que el Congreso podría avanzar con más provecho para fomentar la inversión, la competencia y así facilitar el acceso a internet
Yendo a las efectividades conducentes existen áreas de la regulación en las que el Congreso podría avanzar con más provecho para fomentar la inversión, la competencia y así facilitar el acceso a internet. Los servicios de telecomunicaciones tienen más de 10 puntos de carga fiscal que el promedio de las actividades económicas y hay proyectos para seguir aumentándola. Obviamente eso encarece el precio del servicio. Otro es reducir el costo del despliegue de redes, fomentado su compartición y eliminando las barreras que existen al respecto, aprovechando además un reciente fallo de la Corte que acota en la materia la autonomía municipal a su justo cauce. Sin ir más lejos, la importante inversión de 3800 millones de pesos que ha anunciado el Enacom con el FSU en estos días, es apenas una parte de las muchas inversiones que operadores de distinto tamaño tienen paralizadas en diversos municipios, por disputas en muchos casos ya resueltas por la Corte.
La calificación de una actividad económica como derecho humano o servicio público no hace que los bienes sean más baratos ni mejores. Ello es el resultado de adecuados instrumentos de política pública adoptados en base al estudio y la experiencia. El debate sobre estas últimas cuestiones sin duda resultará más provechoso.
*Ex Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
