La ley del imputado colaborador, más comúnmente conocida como ley del arrepentido, cumplió tres años en nuestro país, y solo en seis meses una investigación sumó 31 arrepentidos, una cifra inédita para la justicia argentina en una causa por corrupción. Y se abre el sendero a una multiplicidad de preguntas.
¿Se implementó bien la ley? ¿Hubo confesiones bajo coacción? ¿Se direccionaron algunos testimonios? ¿Se mandaron mensajes desde el poder político para que no hubiera arrepentidos en causas claves? ¿Cómo tomaron la decisión aquellos que buscaron acogerse a esta figura?
Estos interrogantes despiertan interés a la hora de contar la historia de los “arrepentidos” en diversas causas de corrupción. No solo nos interesa cómo cambiaron sus vidas actuales (muchos de ellos son monitoreados electrónicamente y ya no pueden ejercer sus respectivas profesiones), sino también conocer las instancias más ocultas de sus negociaciones con la Justicia, con sus abogados o defensores oficiales.
El proceso de confesar bajo una ley que permite mejorar la situación procesal en casos de corrupción, y en muchas ocasiones obtener el beneficio de la libertad requirió un cambio de estrategia en muchos casos, planteos contradictorios en otros y el riesgo de perder todos los beneficios que proporciona el programa.
Los arrepentidos cuenta la historia del detrás de escena, el lado B de los testimonios que revelaron, en distintos gobiernos, el sistema enquistado de corrupción político-empresarial. También es la historia de cómo la Justicia reaccionó a las diferentes causas según el poder de turno y, en algunos casos, según la presión de los medios de comunicación.
Como parte de las estructuras de poder, de las maniobras delictivas, de los hechos de corrupción, las voces de los arrepentidos nos invitan a conocer sus historias personales, a entender cómo se relacionaban con el poder político, cómo decidieron ser parte de distintas operaciones ilícitas, por qué solo denunciaron estos mecanismos al ver en riesgo su libertad, sin dejar de lado las presiones familiares para hablar y desnudar los beneficios económicos que supieron conseguir, pero que perderían a manos de la Justicia.
Los arrepentidos también abre la discusión sobre el funcionamiento y los intereses del poder político. ¿Fue éste el principal interesado en no contar con esta herramienta por décadas para no correr riesgos ante presuntas denuncias de corrupción? ¿Es, a su vez, una norma que otros buscaron para acelerar las causas contra sus opositores? ¿Buscan todos, finalmente, impunidad?
Pero ampliemos la mirada. Delación premiada en Brasil, colaborador de la Justicia en Italia, arrepentido de la Justicia en Francia, testigo de la Corona en Costa Rica y Alemania, delación compensada en Chile, colaborador eficaz tanto en Panamá como en Perú y, recientemente, imputado colaborador en Argentina. La figura del arrepentido reúne posturas contrapuestas en el momento de analizar su implementación, como si se tratara de una suerte de premios y castigos. La discusión se centra en si este instrumento viene a subsanar falencias del propio sistema judicial frente a casos de corrupción que despiertan interés en la vida política o si se trata de una herramienta indispensable para desentrañar estructuras delictivas.
Ante la explosión del Lava Jato, la mayor causa de corrupción de Brasil, la delación premiada adquirió un protagonismo inusitado, considerando que Estados Unidos cuenta con este sistema desde el año 1978. Argentina fue uno de los 13 países donde la constructora Odebrecht admitió haber pagado sobornos para obtener contratos multimillonarios por parte del Estado. Entonces el Ejecutivo nacional, que vio cómo el dueño de la compañía se convirtió en un delator ante la justicia norteamericana primero y después en su propio país, tomó nota de esto y decidió impulsar el proyecto de ley que el Congreso sancionó el 19 de octubre de 2016.
Dijo Mario Vargas Llosa: “Las ‘delaciones premiadas’ de Odebrecht abren una oportunidad soberbia a los países latinoamericanos para dar un gran escarmiento a los mandatarios y ministros corruptos de las frágiles democracias (…). Nada desmoraliza tanto a una sociedad como advertir que los gobernantes que llegaron al poder con los votos de las personas comunes y corrientes aprovecharon ese mandato para enriquecerse, pisoteando las leyes y envileciendo la democracia”.
La lucha contra la corrupción se volvió un eje, un vehículo y una suerte de bandera del gobierno de Mauricio Macri –de forma predominante ante falencias propias de su gestión–, que encontró eco en los Tribunales de Comodoro Py, donde el uso de la figura del arrepentido impulsó investigaciones contra la gestión anterior, algo que el kirchnerismo definió como una suerte de venganza y persecución política. Pero el propio Presidente, en la apertura del año legislativo, sentenció: “Se volvió (la ley del arrepentido) una pieza clave para el avance de las causas judiciales”.
Entonces la joven ley fue calificada por algunos como una herramienta fundamental y, por otros, como un método extorsivo. Pero, ¿quiénes pierden y quiénes ganan con la figura del arrepentido? Según la definición jurídica, se trata de “la persona que dentro de un proceso penal brinda información o datos precisos comprobables y verosímiles que contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación del delito, a esclarecer el hecho o a revelar la identidad o paradero de autores, instigadores o partícipes, todo ello a cambio de un beneficio”, como atenuar la pena y, en muchos casos, obtener la libertad.
Las voces de algunos acusados en causas de corrupción hicieron temblar el establishment empresarial y a la dirigencia política. Aunque en una mirada profunda, y al escudriñar diversos casos, están quienes sostienen que la Justicia utiliza este sistema como un “canje de información a cambio de impunidad”.
Como herramienta otorgada por el poder político, porque su letra, aprobación e implementación surge del debate en el Congreso de la Nación, este sistema abre un interrogante: ¿es producto de una anomalía de la justicia argentina? Los arrepentidos conmovieron en 2018, pero si miramos la historia sin el amparo de una ley, hubo casos que contaron con testimonios claves que hoy podrían ser denominados “colaboradores” y que obtuvieron resultados disímiles en la Justicia.
El recorrido laberíntico de algunas causas judiciales nos remite a un expediente que tardó cuarenta años en recibir una condena. La investigación sobre la organización y el funcionamiento de la Triple A (aquella fuerza paramilitar que operó durante el gobierno de Isabel Perón) contó, en 1975, con el testimonio de un exmilitar que se encontraba detenido en la cárcel de Devoto. Se trata de Salvador Horacio Paino. “Primero como testigo y después como imputado, el ex militar admitió haber organizado (por orden de López Rega) esta asociación criminal que dio en llamarse Triple A”, expresa la jueza María Servini en 2016 en el fallo que condenó por asociación ilícita (junto con otros delitos) a cinco integrantes de esta organización.
Este testimonio ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en 1975 abrió el telón sobre la Triple A. ¿Fue entonces una suerte de imputado colaborador en vista de la información aportada, que desnudó la génesis de aquel nefasto sistema?
Durante el menemismo, la voz de un arrepentido hizo temblar el poder político. En la década de los 90, estalló uno de los mayores escándalos de corrupción: IBM-Banco Nación.
En 1998, Alfredo Aldaco, ex director del Banco Nación, reconoció primero ante la sociedad y luego ante la Justicia que no era inocente y decidió devolver todo el dinero que, producto de los sobornos, tenía depositado en cuentas en el extranjero. La suya es una historia de años de autocondena. Rechazaba incluso ser excarcelado. Su testimonio puso en jaque a Carlos Menem, a Domingo Cavallo y a otros importantes funcionarios.
Pensemos también en la causa conocida como la Mafia de Oro. Esta investigación tuvo sus vericuetos. En la justicia federal se abrió un expediente, mientras que en el fuero penal económico se realizaron nueve causas más. La última condena de éstas se conoció en los primeros días de julio del 2019, 24 años después de los hechos investigados.
Enrique Piana, dueño de una firma familiar con extensa trayectoria en la confección de medallas, fue uno de los principales acusados por asociación ilícita y defraudación a la administración pública, por una maniobra de 20 millones de pesos/dólares. Según la Justicia, que dictaminó su primera condena en 2006 (11 años después del inicio del expediente), se montó una estructura empresarial para defraudar al Estado simulando cadenas comerciales que permitían el reintegro de impuestos que nunca habían ingresado a las arcas públicas.
En 1997, cuando Piana realizaba un viaje a Estados Unidos con el fin de cobrar un seguro, quedó detenido por el delito del fraude bancario en ese país. El 21 agosto del mismo año realizó su primera confesión como colaborador eficaz ante los investigadores norteamericanos, un equipo que incluía al FBI. Fueron meses de reuniones en la cárcel para desentrañar maniobras de fraude bancario. Es decir, según nuestra terminología, fue un arrepentido.
Nuestro sistema penal no contaba con la figura del imputado colaborador en aquel entonces. Después de un pedido de extradición que nunca fue tratado en Estados Unidos, en 2002 el empresario regresó a nuestro país, ya con un acuerdo firmado con la justicia norteamericana, una condena y una morigeración de su prisión. Detenido en la sede de Gendarmería, decidió confesar ante el juez federal Jorge Ballestero. Su indagatoria duró seis meses por la cantidad de documentación que explicaba y los datos aportados. Pese a la información proporcionada no logró obtener ningún beneficio a causa de la inexistencia de la normativa. Fue condenado y sumó acusaciones en nueve expedientes más que se tramitaron en el fuero penal económico. Algunos lo consideran un “arrepentido”; otros solo creen que se trata de un acusado que explicó en detalle toda la maniobra que ya se investigaba y que salpicó a importantes funcionarios del gabinete menemista. En la actualidad, vive en Europa. Su vida cambió radicalmente, y dice que todo se debió a su proceso de arrepentimiento. Vive del arte colaborativo, debutó como director de cine y asegura que vive con 30 euros en el bolsillo, lejos de los trajes Armani y la costosa vida que supo llevar.
El gobierno de Fernando de la Rúa sufrió un cimbronazo cuando desde el corazón del Congreso un testigo clave denunció lo que después en la Justicia se conoció como los sobornos en el Senado. El radical Mario Pontaquarto, quien entonces llevaba 19 años como secretario administrativo del Parlamento, reveló primero toda la maniobra ante un medio de comunicación con el que pactó un acuerdo económico para sacar a su familia del país, y después ante la Justicia. Allí contó el presunto pago de coimas por 5 millones de dólares aportados por la SIDE para que se aprobara la ley de flexibilización laboral.
La estructura denunciada incluía desde senadores propios y ajenos hasta el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) y al ministro de Trabajo sin dejar exento a la máxima investidura del país. Tres jueces pasaron por la causa y, debido a la inexistencia de una ley que contemplara la figura del imputado colaborador, sus dichos fueron desacreditados diez años después, cuando el Tribunal Oral que los juzgó absolvió a todos los acusados “por considerar que no era posible probar ningún delito”.
Lejos de la política, Pontaquarto buscó reconstruir su vida familiar. Ya no guarda relación con el partido radical, que le dio origen a su vida partidaria. Fue testigo protegido durante muchos años, ya que temía represalias por su confesión. Asegura que se “liberó”, que se sacó “una mochila de encima”, pero admite haber “perdido todo”.
La negociación como parte de la vida cotidiana se volvía, en la Justicia, algo inviable, ya que no se contaba con un instrumento legal. En el marco de una causa de corrupción, los jueces contaban con pocas herramientas para aplicar en aquellos casos en los que alguien, buscando evitar la cárcel y obtener una condena menor a la que le correspondía, se ofrecía a aportar información clave para la causa. Esto se vio en el caso Skanska, la primera gran denuncia por corrupción que impactó en el gobierno kirchnerista.
En 2005, Adrián “Pichi” López –apoderado de la empresa Infinity Group (una usina de facturas truchas)– buscó, ante el juez en lo penal económico Javier López Biscayart, mejorar su situación procesal. Estaba imputado por asociación ilícita y se encontraba detenido. La única instancia fue confesar durante la indagatoria y aún explicando la maniobra terminó condenado a seis de prisión, pero hoy se encuentra prófugo. Sin embargo, en uno de esos hechos típicos de nuestro país, hace poco tiempo se cruzó en pleno microcentro porteño con uno de sus abogados. Se saludaron con sorpresa, se aseguraron que ambos se encontraban bien y, sin intercambiar más información, se despidieron. Continúa prófugo y posiblemente aún en Buenos Aires.
Así planteada, la historia de los arrepentidos pareciera exponer un inicio fallido: ¿surge la ley como un canje y no como una política criminal del Estado? Entonces nos encontramos con un testimonio como el del valijero Leonardo Fariña. Su confesión duró más de 14 horas y le aportó al juez Sebastián Casanello información determinante en la causa conocida como la ruta del dinero K. Si bien una parte de sus dichos fue desechada por el propio magistrado, ya que resultó imposible corroborar su veracidad, el aporte de Fariña expuso una estructura de lavado de dinero que impactó en el corazón del kirchnerismo. El principal acusado era Lázaro Báez, el socio comercial y amigo de Néstor y Cristina Kirchner, señalado como el testaferro del exmatrimonio presidencial.
En abril de 2016, Fariña declaró como arrepentido bajo la vieja ley, que preveía la colaboración con la justicia en un universo restringido de delitos, como por ejemplo el de lavado de dinero. Seis meses después, el Congreso de la Nación sancionó la Ley del Imputado Colaborador (N° 27.304). Cuando el expediente que acusó a Báez de haber lavado 60 millones de dólares en tres años estaba por ser elevado a juicio oral, Fariña pidió obtener los beneficios de la nueva normativa, después de dar datos de movimientos bancarios, lugares de reuniones y nombres de financieras. El caudal de información lo condujo a convertirse en un testigo protegido. Hoy estudia abogacía, ya no sale de noche y tiene solo dos amigos que hizo en prisión. Cena con ellos todos los jueves. Vive custodiado y aún no logra recomponer el vínculo con su hijo de 11 años.
Algo distinto ocurrió con Alejandro Vandenbroele –acusado de ser testaferro de Amado Boudou–, quien pidió declarar bajo la figura del imputado colaborador el 15 de noviembre de 2017, cuando el juicio por la compraventa de la ex Calcográfica Ciccone había empezado un mes y medio atrás. La discusión jurídica se entabló en torno a la fecha. La normativa contempla la aceptación de la confesión hasta el inicio del debate oral.
Vandenbroele lo hizo después, pero como existían otras causas relacionadas con la causa madre que aún se estaban investigando, su confesión fue homologada y utilizada.
Así, casi un año después, el Tribunal Oral Federal 4 condenó al ex vicepresidente por cohecho y negociaciones incompatibles y lo detuvo en ese mismo acto. La confesión del arrepentido fue utilizada por las querellas y la fiscalía a la hora de solicitar las penas. El acuerdo con el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello favoreció a Vandenbroele con la reducción de la pena. Pero los debates sobre el uso del testimonio de este imputado colaborador, y además testigo protegido, expusieron los grandes vacíos legales de este sistema y la diversidad de interpretaciones que habilita la normativa. En la actualidad, lejos de los negocios en la City, Vandenbroele busca imprimir normalidad a su vida, viviendo en un pequeño pueblo mendocino y recorriendo rutinariamente el camino que separa su casa de la de sus hijos.
Estos personajes hicieron mella en las estructuras de poder y desafiaron el sistema judicial cuando fueron en busca de nuevas pruebas y de poner en vigencia una legislación que, hasta hoy, no quedó exenta de la grieta política y social que vive la Argentina. Entonces, las voces se contraponen radicalmente al momento de valorar el uso y los beneficios de la Ley 27.304.
El fútbol también tiene su capítulo. En mayo de 2015 estalló el escándalo conocido como el Fifagate, un caso que se tramitaba en la justicia norteamericana. Mientras se celebraba en Suiza el congreso de la FIFA para la renovación de sus autoridades, siete dirigentes fueron detenidos, por orden de la Justicia de Estados Unidos, en el lujoso hotel en que se hospedaban. Se los acusaba de fraude, crimen organizado y lavado de dinero. Entre los implicados se encontraba Alejandro Burzaco, un hombre millonario y poderoso ante la organización del fútbol mundial. Era el accionista y CEO de Torneos y Competencias, la productora y comercializadora de eventos deportivos más grande de América Latina.
Permaneció 13 días prófugo en Europa, en compañía de su abogado Mariano Mendilaharzu, quien le sugirió desde el primer momento que se entregara en Estados Unidos, dada la posibilidad de acogerse a la Ley de Delación Premiada que ese país tiene desde 1978. El empresario estuvo siempre monitoreado con tobillera electrónica y se reunía tres veces por semana con el fiscal del caso y personal del FBI. En esos encuentros, dio detalles de las maniobras que eran investigadas, y sus aportes permitieron armar con más exactitud el rompecabezas del mayor escándalo de corrupción en el fútbol mundial, donde Estados Unidos guardaba sus propios intereses. Pese a que vive en Nueva York, su vida está restringida y a la espera de una condena. Su familia lo visita esporádicamente, y sus amigos del poder ya no están.
Argentina, un país futbolero por excelencia, no quedó exenta de casos de corrupción en este deporte. El 18 de diciembre de 2018, Pablo “Bebote” Alvarez –ex jefe de la barra brava de Independiente– declaró seis horas ante el fiscal federal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera y pidió ser arrepentido bajo la actual ley. En esa extensa confesión, expuso diferentes maniobras de fraude hacia la sede encabezadas por Hugo y Pablo Moyano, presidente y vicepresidente del club. Habló de acuerdos económicos para financiar a la barra brava, de extorsiones a directores técnicos, al plantel y a jugadores del equipo, de negocios de las empresas del clan Moyano con Independiente, de listados de socios que nunca abonaron sus cuotas, pero que figuraban como tal, entre otras cosas.
Esta confesión plantea otra discusión en torno a la ley del arrepentido. La justicia de la provincia de Buenos Aires interpreta que la normativa no aplica a su jurisdicción porque se trata de una norma nacional. Entonces, la jueza Brenda Madrid aplicó sobre el pedido del ex barra brava una convención que figura en el Código Penal según la cual se toman como válidos sus dichos, pero el beneficio recién lo obtendrá en caso de recibir una condena ante un juicio oral.
En 2018, la figura del arrepentido se convirtió en la vedete de los tribunales federales. Por los pasillos de Comodoro Py, se vio algo inédito: los principales referentes del empresariado argentino negociando para obtener un beneficio, esencialmente la libertad, y a cambio admitían haber sido parte de un sistema corrupto. Este mecanismo alcanzó a ex funcionarios kirchneristas que sorpresivamente dieron validez al relato que comenzó con ocho cuadernos.
El primer imputado colaborador de la causa conocida como los cuadernos de las coimas fue el remisero Oscar Centeno, aquel que como chofer de Roberto Baratta –mano derecha de Julio de Vido– detalló la entrega de dinero por parte de distintos empresarios a funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal, algo que el juez Claudio Bonadio calificó como una “maquinaria de corrupción que a nivel nacional se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Kirchner permaneciendo enquistada en nuestro país sin solución de continuidad durante más de 12 años”.
La causa tuvo otros protagonistas. Abogados de los más renombrados estudios se agolpaban en la puerta del cuarto piso, donde se encuentra el juzgado de Bonadio, quien en poco tiempo se convirtió en el juez más odiado por muchos y más valorado por otros. Las largas esperas permitieron reunir, en aquel estrecho pasillo en el que la incertidumbre era el común denominador, a letrados que buscaban la excarcelación con quienes, en una jugada anticipada, pedían que sus clientes no fueran presos.
Observábamos que las escaleras que unen el cuarto piso con el quinto funcionaban como un código inherente a la causa. Entonces sucedía lo siguiente: el imputado que subía los 25 escalones hacia la fiscalía de Carlos Stornelli prontamente se convertiría en un colaborador de la Justicia. Comenzaba así la cuenta regresiva para su liberación, y comenzaban los debates más descarnados sobre la ley que los convertía en arrepentidos. Algunas de las voces más representativas de la causa que buscamos reconstruir son las de Oscar Centeno, Juan Carlos de Goycochea, Juan Chediack, Angelo Calcaterra, Claudio Uberti, Ernesto Clarens, José López, Carlos Gellert, Víctor Manzanares, el fiscal Carlos Stornelli, el juez Claudio Bonadio y el empresario que no se arrepintió, Gerardo Ferreyra.
Fuera de este expediente, un caso resonó en los Tribunales de Comodoro Py. Impensado por el vínculo que tuvo con Ricardo Jaime, el ex secretario de Transporte kirchnerista Manuel Vázquez fue el primer caso que, como un juego de palabras, se convirtió en el “arrepentido que se arrepintió de arrepentirse”. Acusado de corrupción en una causa vinculada a Odebrecht, la firma brasileña protagonista del Lava Jato, el señalado testaferro de Jaime se presentó ante el fiscal Franco Picardi y contó cómo se recibían las coimas en la oficina de la Secretaría de Transporte, implicando también a Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Suministró más detalles de montos y de cómo funcionaba la estructura delictiva. Esta confesión fue en febrero. Vázquez buscaba mejorar su situación y la de su familia, mientras el juez Marcelo Martínez De Giorgi debía resolver la situación procesal de todos los imputados. Ahora bien, la resolución del magistrado se conoció el 16 de abril, cuando aún no se había celebrado la audiencia de homologación que se requiere para que un acusado sea considerado oficialmente como arrepentido.El juez dictó la falta de mérito para los empresarios y para los hijos del presunto testaferro de Jaime.
Entonces, el 23 de mayo el ex secretario, que se encontraba en prisión domiciliaria denunció que su abogada lo había llevado bajo presión ante la fiscalía y nombró un nuevo abogado, no sin antes “arrepentirse de haberse arrepentido”. Todo su relato fue desestimado. Sin embargo, el fiscal Picardi ya había corroborado, previo a esa audiencia, muchos de los hechos.
Ante estos casos las voces a favor y en contra de la ley son muchas. Algunos creen que el Estado se sienta en una mesa a negociar con aquellos que violaron la ley que ese Estado obliga a cumplir, y otros consideran que Argentina necesitaba esta herramienta y que si bien su texto es perfectible, aplauden su implementación. La pregunta que queda latente, sin embargo, es si la ley del arrepentido plantea más interrogantes que soluciones.
Ficha técnica
- Título: Los arrepentidos
- Autoras: Lucía Salinas y Lourdes Marchese
- Editorial: Galerna
- Género: Investigación
- Primera edición: Diciembre de 2019
- Páginas: 184
Datos sobre las autoras
- Lourdes Marchese, es periodista, abogada y mediadora. En 2002 trabajó en el estudio jurídico Vecchi y asociados, con la causa por el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas.
- Lucía Salinas es Licenciada en Comunicación Social con orientación en periodismo y es autora del libro Quién es Lázaro Báez. Fue corresponsal de los diarios Crítica de la Argentina, Buenos Aires Económico y PERFIL.
