A Oscar lo tenían cercado el miedo y la preocupación. Hacía unos meses que habían sacado al agente que llevaba años parado en la esquina de su negocio y la zona se había puesto pesada. Saavedra nunca había sido un barrio tranquilo, pero en el último tiempo habían asaltado a la mayoría de sus vecinos, en la avenida Balbín. Unos días antes, ahí nomás, le habían hecho una salidera bancaria a su esposa. Y ahora estaba esperando que en cualquier momento entraran a robar a su casa de empanadas.
Iba a hacer lo que fuera para que eso no ocurriera.
Fue un par de veces a la comisaría que le tocaba, la 49ª, y pidió hablar con el nuevo jefe, José Antonio Carranza, que había asumido hacía apenas unos meses, en enero de 2008. Pero nunca le permitieron verlo. Siempre lo recibía uno de los subcomisarios, que le decía que lo entendía, que la zona estaba brava y que no se salvaba nadie, pero que ellos estaban cortos de personal. Si quería, le sugería, podía gestionar la contratación de un servicio de policía adicional –el sistema oficial de la Federal para pagar por seguridad extra–, aunque le aclaraba que era un trámite muy burocrático, lento y caro. Y que encima no estaba seguro de si la seccional podría cubrirlo.
Oscar no paraba de preocuparse. Los robos seguían y él empezó a ver movimientos extraños frente a su local. Luego contaría que era “gente rara”, que pasaba por delante de su negocio o se paraba en la vereda de enfrente y se quedaba mirándolo. Volvió a la comisaría, pero siguió sin respuestas.
Un día se le apareció por el local un hombre que se presentó como Jorge Altuna y dijo ser el chofer del comisario Carranza. El aprovechó para transmitirle sus reclamos y el desconocido se limitó a repetirle que estaban cortos de personal, antes de pedirle unas empanadas para su jefe.
La escena se repetiría varias noches, hasta que Altuna entró en confianza y le dijo a Oscar cómo funcionaba la cosa: si ponía entre 700 y 800 pesos por mes, podía tener un policía parado en la puerta todo el día. El se encargaría de pasar mensualmente a cobrarle y ya no tendría ningún problema, aunque con el tiempo terminaría aumentándole la cuota a mil pesos. (...)
El dueño de la distribuidora de alimentos, en cambio, entraría al sistema por propia voluntad. “Es un folclore del argentino”, explicaría luego, tras contar que hacía pagos de este tipo a la Policía desde “hacía 35 años”. Al principio ponía unos 1.500 pesos mensuales, pero una noche se le metieron en el galpón por los techos, le desactivaron la alarma e intentaron violentarle la caja fuerte. “Era alguien que sabía la movida”, concluiría tiempo después. Ante el intento de robo, habló con el subcomisario de la 49ª y solicitó que le ampliaran la custodia personalizada a las 24 horas. Desde entonces, cada vez que Jorge se daba una vuelta a principio de mes en su Ford EcoSport negra, se llevaba 3 mil.
En la cuadra de Constituyentes al 5900, en tanto, el dueño del taller de GNC, el de la pinturería y la empleada del Pago Fácil resolvieron hacer una vaquita y poner entre todos para tener un policía a disposición. Sin embargo, el servicio compartido no les resultaría tan efectivo: los robos siguieron.
Otros pagaban con mercaderías y favores. El hotel alojamiento de la calle Miller entregaba vales canjeables por turnos en sus habitaciones, que los policías a veces usaban y otras cambiaban por dinero. Juan Carlos, dueño de una casa de ropa que había sido captado por Jorge luego de ir a quejarse varias veces a la comisaría por los robos sufridos, solía entregar mercadería a cambio del servicio que le daban. El chofer se la llevaba “para el comisario”, y de vez en cuando se quedaba con algunas prendas de más. “A veces me debían ellos… y otras les debía yo”, recordaría el comerciante. Claudia, de la agencia de turismo, había entrado al sistema porque quería proteger a los clientes que iban a pagarle los viajes en efectivo. Ella no sólo abonaba un canon mensual: en una oportunidad, tuvo que venderle al comisario Carranza un viaje a Brasil “al costo”.
La mecánica de la recaudación ilegal de la comisaría empezaría a quedar en evidencia a mediados de 2009, cuando un cabo de la 49ª se presentó ante el fiscal José María Campagnoli y denunció lo que ocurría. Más allá de su honestidad, tenía una motivación: como otros subordinados de Carranza, debía cubrir los puestos en los negocios que pagaban sin recibir un solo centavo a cambio.
El cabo explicó que, en la jerga policial, a los comercios que pagan para tener protección se los llama “quintas”. Contó que Altuna se encargaba de recaudar y que, si algún comerciante se negaba a abonar, “luego podía soportar un robo u otro hecho delictivo”. Dijo que la diferencia entre este sistema y el servicio de policía adicional que ofrecía legalmente la Federal era que, en el primer caso, el dinero recaudado iba al “bolsillo del jefe de la dependencia”, mientras que en el segundo la plata se repartía entre la institución y el agente que cubría el puesto haciendo horas extras. ¿Por qué ningún policía se había atrevido a denunciarlo antes? “Porque cagaban a tiros a su familia”, respondió.
Campagnoli –el mismo fiscal al que el kirchnerismo intentaría destituir cinco años más tarde– inició una investigación que determinaría que en la jurisdicción de la comisaría 49ª había al menos 29 “quintas”, con las que se recaudaban unos 120 mil pesos al mes. Supermercados chinos, restaurantes, parrillas y locales de computación abonaban sin quejarse para tener en la puerta un policía que, a diferencia de lo que ocurre en las tareas de vigilancia normales, no recorría la cuadra sino que se quedaba clavado en el lugar. El único puesto que no era pago, determinaría el fiscal, era el de Arias y Machain: la esquina donde estaba la sede de su propia oficina.
Todas las “quintas” serían fotografiadas por los investigadores con su respectivo uniformado ubicado en el frente. Pero también surgiría una cantidad increíble de pruebas de las escuchas telefónicas que se harían a los policías, provocadas en gran medida porque el servicio que daban era malo. Altuna –que usaba un celular registrado a nombre del comisario Carranza– se pasaba jornada tras jornada hablando por teléfono para correr los policías de un lado a otro, mientras los comerciantes lo llamaban para quejarse porque les habían sacado el suyo, no había llegado a tiempo o se había ido para otro negocio. “El poli se le corre para el lado del chino y ella quiere que esté en la puerta, fijate”, le avisaba a un oficial. (...)
El punto crítico llegó cuando se rebelaron los comerciantes que no pagaban. Los dueños de un locutorio de la avenida Crisólogo Larralde, que habían llegado a sufrir cincuenta asaltos en dos años, un día se cansaron y pusieron un pasacalles: “Gracias Seccional 49ª, sufrimos cincuenta robos”. Un subcomisario fue a verlos, les exigió que lo sacaran y les puso un agente en la cuadra. Duró una semana allí.
Pero el sistema de recaudación no terminaba con las “quintas”. La cúpula de la comisaría manejaba otro que tenía que ver con cobrar a cambio de dar “habilitaciones”: permitirles a ciertas personas que hicieran negocios ilegales en su jurisdicción.
Uno de los negocios que tenían los policías en este rubro tenía que ver con los “manteros” que vendían discos compactos y DVDs truchos. En las escuchas, los investigadores detectaron cientos de conversaciones entre un peruano apodado “Bigote” e integrantes de la brigada de la comisaría 49ª, que le marcaban dónde y cuándo poner sus puestos. Los más importantes estaban en la plazoleta de García del Río y Balbín; junto a la puerta del supermercado Vea de la calle Manzanares; en la vereda del shopping Dot; en Balbín y Manzanares; en las inmediaciones del supermercado Coto de la avenida Balbín; en Balbín y Mariano Acha, y en la entrada del supermercado de Capdevila al 3000. Todos eran manejados por familiares y amigos de Bigote, que los iban moviendo según las indicaciones policiales, siempre a cambio de un pago de entre 100 y 200 pesos semanales por punto de venta.
“Me debés el cinchado”, le reclamaban los policías a Bigote por teléfono. “A partir de ahora paso los jueves”, le decía uno. “Vos antes me dabas cincuenta, y ahora armás todos los días”, le reclamaba otro. “Ahí ya tuviste quilombo, loco. Armá poquito y al costado como yo te digo, no como dicen ustedes”, le indicaba un tercero, mientras discutían cómo manejar los pedidos de la Fiscalía contravencional de la zona para que labraran actas a los puesteros.
La “habilitación” también era pagada por el dueño de un puesto de choripanes de colectora de General Paz y Balbín, que no tenía ningún permiso municipal ni sanitario. También les cobraban a los que abrían las puertas de los taxis en la entrada del shopping Dot. Y a los “trapitos” que acomodaban autos en la zona del mismo centro comercial, sobre las calles Deheza, Goyeneche y Holmberg. Un policía llegó a revelar en la causa que uno de los subcomisarios lo había reprendido por haberles labrado multas a coches estacionados por allí.
En el mismo shopping trabajaba para los policías una mujer llamada “Estela”, de profesión “mechera”: se dedicaba a meterse en negocios simulando ser una clienta para hurtar lo que estuviera a mano, escondiéndolo bajo la ropa o dentro de alguna bolsa. Los pagos que hacía a los integrantes de la comisaría eran, muchas veces, en mercadería robada. Así, quedó grabada hablando con un integrante de la brigada sobre unos anteojos que quería el comisario. “¿A tu jefe le gustarán los lentes de sol? Son lentes de sol piolas, de 500, de 600”, le proponía ella. “El usa medio oscuros”, le aclaraba el sargento, antes de arreglar para encontrarse más tarde en el Dot y garantizarle: “Si pasa algo, yo me voy para allá y evito que te lleven”. Días después, la mujer le ofrecería otros productos, al tiempo que le pedía que ayudara a una colega que había caído presa en otra seccional: “Vamos al shopping y te hacemos dos regalitos. ¡Por favor! […]. Un sweater de hilo rayadito de la Zara…”. La contraoferta del policía sería que le pagara “con su amor”, pero Estela le frenaría el carro: “¿Te imaginás? Lo único que me falta: ¡poliladron!”.
Había más. La otra modalidad de recaudación que descubriría Campagnoli –que logró sumar al expediente las declaraciones de un total de tres policías “arrepentidos”– era la que se conoce en la jerga como el “corte de boleto”: liberar a cambio de dinero a alguien que fue sorprendido en pleno delito o que cayó preso por casualidad y tenía pedido de captura en alguna causa. A través de las escuchas, el fiscal se enteró de que un hombre buscado por la Justicia –alguien que “estaba sucio”, según los involucrados– había sido demorado en un control vehicular que la comisaría había hecho sobre la General Paz el 5 de octubre de 2009 y documentó cómo los policías estaban hablando con su abogado para dejarlo ir a cambio de dinero, cosa que concretarían tras acordar “darle una punta (un porcentaje) al jefe”. Luego, uno de los agentes arrepentidos contó cómo él y un compañero habían detectado una camioneta Fiat Fiorino que llevaba carne, pollo y cerdo sin refrigeración alguna, sin remitos, sin licencia sanitaria y con un conductor que tenía el registro vencido desde hacía dos años. A pesar de que éste les había ofrecido 500 pesos y les había advertido que tenía “un arreglo” con la brigada de otra seccional, la 42ª, lo llevaron demorado hasta la comisaría. Allí, explicó, el oficial principal los había recibido con un mensaje algo desalentador: “Gastaron tinta al pedo. Ya me llamó el principal de la brigada de la 42ª”. La mercadería había quedado seis horas al sol hasta que fue al lugar otra camioneta del mismo frigorífico y se la llevó sin ningún inconveniente.
Los métodos de recaudación, determinó la investigación, se completaban con una última variante: la de las “paradas fantasmas”. La cúpula de la comisaría registraba en los libros la designación de distintos agentes para cumplir horas extras en diferentes esquinas de la jurisdicción a las que, por supuesto, no acudía nadie. Así, facturaban legalmente por trabajos que nunca se hacían.
La causa se convertiría en un verdadero muestrario de cómo hacen caja negra las comisarías porteñas. En octubre de 2009, en medio de una ola de inseguridad en el barrio de Saavedra, Campagnoli pidió la detención del comisario Carranza, de uno de sus subcomisarios y de otros siete policías. Altuna encajaba en esa condición a pesar de que había sido pasado a disponibilidad a fines de 2008 al ser acusado por robo en otra causa, en la que terminaría sobreseído. Pero el jefe de la 49ª igual había decidido mantenerlo trabajando para él en el rol de “chofer”, el mote con el que habitualmente se designa en la Federal a los hombres de máxima confianza de los oficiales superiores.
“La prueba ha acreditado que, en algún momento, entre su asunción como jefe de la comisaría 49ª , el 14 de enero de 2008, y el inicio de esta investigación, Carranza se ha erigido en cabecilla de una verdadera banda dedicada al enriquecimiento de sus integrantes a partir de planes delictivos que el comisario y sus hombres, con funciones preestablecidas y específicas, ponían en marcha tan pronto como verificaban las circunstancias favorables para ello”, describió el fiscal.
La Federal, otra vez, reaccionó tarde. Recién separó de sus puestos a los involucrados en enero de 2010, cuando un juez los citó a indagatoria. (...)
Para que el comisario y sus subordinados fueran detenidos hubo que esperar hasta septiembre de 2010, cuando la Cámara del Crimen apuntó que no podían estar libres ante el riesgo de que presionaran a los testigos, entre los que se contaban los tres policías que habían contado las operatorias por dentro. Cinco meses más tarde Campagnoli elevó el caso a juicio, en un escrito en el que usó una cita en latín extractada de una sátira romana: “Sed quis custodiet ipsos custodes?” (“¿Quién custodia a los custodios?”).
En el juicio, realizado en octubre de 2012 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 –José Martínez Sobrino, María del Carmen Roqueta y Julio Panelo–, sólo se darían por probados algunos de los hechos investigados por el fiscal. Pero alcanzaría para que Carranza resultara condenado a diez años de prisión por “asociación ilícita”; Altuna, a ocho años; uno de sus subcomisarios, a seis años y medio; y otros seis policías, a penas que arrancaban en los tres años y cuatro meses de cárcel.
“Ha sido en buena medida condicionante de que pudieran desarrollarse las ilícitas actividades citadas por parte de los venales policías el estado de inseguridad reinante en grandes sectores de la sociedad de esta Capital ante los numerosos ilícitos que se vienen produciendo en estas últimas décadas, que afectan la vida, la integridad física y el patrimonio de sus habitantes”, destacaron los jueces en la sentencia.
La inseguridad también podía ser un buen negocio. Casi tanto como la prostitución.
