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DOMINGO / LIBRO
domingo 3 noviembre, 2019

Espinas en la transición

Vilma Ibarra: de destrozar a CFK al equipo de Alberto F.

Vilma Ibarra

Aliadas. Con la presidenta en el festejo final, y con su delegada para las negociaciones del traspaso del poder. Foto: cedoc
domingo 3 noviembre, 2019

Durante el conflicto con los sectores agropecuarios y luego de la alusión a los “generales multimediáticos”, Cristina comenzó a realizar las primeras rondas de conversaciones para analizar el dictado de una nueva Ley de Radiodifusión que reemplazara a la ley 22.285 que regía desde la época de la dictadura.

El entonces secretario de Medios, José “Pepe” Albistur, había empezado los primeros contactos a principios de abril y simultáneamente se había anunciado, además, la renuncia del titular del Comfer, Julio Bárbaro, que fue reemplazado por Gabriel Mariotto.

La primera actividad vinculada a la Ley de Radiodifusión asentada en la agenda presidencial es de fecha 16 de abril de 2008, cuando Cristina recibió a la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que nucleaba a organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y pequeñas y medianas empresas de medios de comunicación.  Esta organización venía trabajando desde 2003 para lograr la sanción de una nueva ley con estándares democráticos y había incorporado sus principales propuestas en los llamados Puntos Básicos por el Derecho a la Comunicación.

Sus integrantes habían sido sumamente críticos de la prórroga de licencias dispuesta por el gobierno de Néstor Kirchner, primero, y de la autorización de la fusión de Cablevisión y Multicanal, después. Tampoco habían tenido contacto formal con el Gobierno que no los había tenido en cuenta hasta que, en el marco del conflicto con el sector agropecuario, fueron convocados para participar en el estudio de una nueva ley.

Pese a que Pepe Albistur, Gabriel Mariotto y la propia Cristina afirmaban que tenían decidido avanzar con ese proyecto, las suspicacias y desconfianzas de estas organizaciones nucleadas en la Coalición eran muchas porque veían posible que el Gobierno utilizara el anuncio de una nueva Ley de Medios para presionar al Grupo Clarín a que modificara su línea editorial, pero que finalmente todo terminara en una negociación.

Gabriel Mariotto, a una semana de asumir su cargo, dijo que “la voluntad de la Presidenta de la Nación es avanzar sobre una nueva ley para desconcentrar el mercado”. Estas palabras resultaban alentadoras para para quienes venían impulsando los 21 Puntos, aunque todavía recordaban que la fusión de Cablevisión y Multicanal dispuesta en el gobierno de Néstor Kirchner había ido, precisamente, en sentido contrario. En la misma entrevista Mariotto dejó en claro la necesidad política del Gobierno al afirmar que “una nueva Ley de Radiodifusión es la madre de todas las batallas”.

Antes de la reunión mantenida el día 16 de abril con la Coalición por una Radiodifusión Democrática no está registrada ninguna otra actividad presidencial vinculada al tema de los medios de comunicación. El mismo Albistur reconoció ese día que el encuentro tenía el objetivo de “empezar a dialogar sobre esta nueva Ley de Radiodifusión”. Otras reuniones sobre el mismo tema tuvieron lugar los días 22, 25 y 29 de abril y luego durante el mes de mayo. En una sucesión ininterrumpida de intervenciones públicas, Cristina comenzó a hacer referencia al diario Clarín, como en otra época lo hacía con La Nación, pero sin aludirlo por su nombre, sino como “el diario de mayor tirada de nuestro país”.

Durante un acto en la Casa Rosada sobre Ciencia y Tecnología que tuvo lugar en mayo, la Presidenta hizo referencia a las inversiones en el área y mencionó logros importantes, para luego señalar: “Son buenas noticias que, por supuesto, no aparecerán publicadas, mañana, en ningún diario… buenas noticias para los argentinos, para la ciencia, para la tecnología, que obviamente serán prolijamente ocultadas y desinformadas a la población […] muchas veces nos encontramos con que no solamente se publican cosas que están mal, sino cosas que no son verdad y entonces ahí estamos ingresando en otro terreno, por ejemplo, en el día de ayer domingo… un diario, el de más importante tirada en la  República Argentina, colocó en su portada, en letras tipo catástrofe, que la educación privada iba a sufrir aumentos que llegaban hasta el 45 por ciento…”.

Cristina se ocupó de explicar la situación del sector y de desmentir la noticia, pero nuevamente dejó en claro que, más allá de las acusaciones a los medios en general, la batalla principal era con Clarín. (...)

 

Todas las voces todas

Después de la derrota, el enojo quedó pegado en la piel y en el aire que se respiraba, pero el desconcierto inicial, poco a poco, fue dejando lugar a la política. Cristina y Néstor aseguraban que lo sucedido durante el conflicto con las entidades rurales se explicaba, en gran parte, por el rol que habían jugado los medios de comunicación, poniendo especial énfasis en el Grupo Clarín, principalmente con TN, Canal 13 y Radio Mitre.

El balance político para el Gobierno mostraba numerosas pérdidas: se había alejado una figura relevante hasta ese momento como era el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, que había sido la cara visible y el vocero de las decisiones desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner. Unos meses antes ya había renunciado el firmante de la Resolución 125, el ex ministro de Economía, Martín Lousteau, y también habían tomado distancia varios diputados y senadores, entre los que se encontraban ex gobernadores como Felipe Solá, Rubén Marín y Carlos Reutemann. Todos ellos habían negado su voto al Gobierno y se habían mostrado favorables a las demandas del sector agropecuario.

La imagen de Cristina en las encuestas mostraba un marcado retroceso y el Grupo Clarín, que había transitado el gobierno de Néstor Kirchner y el proceso electoral de Cristina con un trato cuidadoso y condescendiente, había producido un giro vertiginoso en su línea editorial hacia una virulenta oposición que los ataques verbales de Cristina y Néstor exacerbaban.

Si bien es cierto que las numerosas reuniones para discutir los contenidos de una nueva Ley de Radiodifusión se iniciaron a los pocos días del conflicto con las entidades rurales, ese debate se mantuvo abierto durante más de un año y también se mantuvo en suspenso la remisión de la ley respectiva al Congreso, lo que solo se efectivizó luego de la derrota electoral del oficialismo en 2009.

El Gobierno siempre dijo públicamente que ese año transcurrido entre el inicio de la discusión y el envío del proyecto al Parlamento se justificó por la necesidad de garantizar un debate público, federal y participativo de los contenidos de una ley tan importante para la sociedad. Podría tratarse de un argumento sólido si el Gobierno hubiese tenido la misma actitud dialoguista para aplicar políticas públicas en temas de importancia institucional y social. Pero no lo hizo con la reforma judicial ni con el llamado “Memorándum de entendimiento” con Irán, ni con otras leyes de gran trascendencia para los argentinos, que fueron adoptadas sin buscar consensos previos y por la sola decisión de los votos oficialistas.

Finalmente Cristina presentó la “propuesta” para el proyecto de Ley de Radiodifusión en el Teatro Argentino de La Plata, el 18 de marzo de 2009, tres meses antes de las elecciones legislativas, sin enviar el proyecto al Parlamento, y dijo entonces que era necesario que se realizara un amplio debate social. Es posible que, luego de la derrota electoral de 2009, simbolizada principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde Francisco De Narváez se impuso por un escaso margen a la candidatura de Néstor Kirchner, el Gobierno haya evaluado que el único camino que podía recorrer era obtener la sanción de la ley y quitarle al Grupo Clarín una tajada importante de poder y de capacidad de incidir en la opinión pública.

En cualquiera de los casos, el proyecto de Ley de Medios Audiovisuales fue enviado el Parlamento en agosto de 2009, dos meses después de la derrota electoral oficialista. Con la discusión pública sobre la Ley de Medios, el Gobierno logró poner en duda el status de veracidad e independencia que gran parte de la sociedad le reconocía hasta entonces a la palabra publicada. La información escrita en un diario o difundida por una emisora de radio o un canal de TV perdió, desde ese debate, el carácter indubitable del que gozaba y ya no fue considerada como un producto “objetivo” del periodista o del medio. Los ciudadanos se encontraron ante el desafío de interpretar las noticias y la información en forma más contextualizada. Esto fue un aspecto muy positivo y constituye, a mi juicio, una conquista para el pensamiento crítico, a la vez que disminuye el enorme poder de los propietarios de los grandes medios de comunicación.

Pero la Ley de Medios, que había tenido su génesis en el brutal enfrentamiento entre el Gobierno y el Grupo Clarín no pudo desprenderse de esa marca de nacimiento que determinó, en gran parte, su derrotero.

Desde diversas vertientes oficialistas cada vez más cercanas al núcleo central del Gobierno, se fue abriendo paso una actitud hostil, de acusación y señalamiento a determinados periodistas según fuera el medio de comunicación en el que trabajaban. Poco a poco se fue creando la imagen de un “enemigo” que resultó funcional a la necesidad de externalizar determinadas culpas y de evitar dar explicaciones frente a incómodas acusaciones. Toda crítica y toda denuncia fue prolijamente desechada, invocando que se trataba de un producto de campañas de desprestigio orquestadas por ese “enemigo”.

Las fundamentadas y documentadas acusaciones sobre Amado Boudou en el affaire de Ciccone Calcográfica fueron respondidas por el funcionario y por quienes se solidarizan con él, invocando ese argumento; y lo mismo sucedió con las investigaciones sobre Lázaro Báez, principal beneficiario de los contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz y de no muy claras relaciones comerciales con el poder gubernamental. Poco a poco, los números sobre la inflación, la defraudación montada sobre el programa de viviendas Sueños Compartidos, el valor del dólar y cada resolución judicial adversa al Gobierno, fue sospechada de ser parte de la conspiración orquestada desde los medios hegemónicos.

Al mismo tiempo se construyó una red de medios públicos y privados cuya línea editorial responde con fidelidad al Gobierno, que se ocupó y se ocupa de dar difusión al discurso oficialista con muy escasos matices y con una profusa publicidad dedicada a enaltecer la figura de Cristina. Allí se utiliza una parte sustancial del espacio publicitario para defender las políticas del Gobierno, para atacar a opositores, para publicitar los programas de televisión de periodistas militantes del oficialismo y allí también acuden los funcionarios públicos que quieren desmentir alguna acusación, ante periodistas complacientes que no suelen incomodarlos con sus preguntas.

En estas emisoras y canales no se escuchan críticas al gobierno nacional y apenas se refleja en forma superficial y con escasísimo interés, alguna denuncia de mucho impacto público contra algún funcionario, que resulte imposible de obviar.

Los noticieros de la TV pública omitieron, por ejemplo, toda información sobre la marcha opositora del 8 de noviembre de 2012, que fue multitudinaria y convocó a miles de personas en numerosas ciudades del país. También lo hizo la Presidenta, quien, al día siguiente de esa protesta, dijo que en esa semana habían ocurrido dos hechos importantes y mencionó la reelección de Barack Obama y el Congreso del Partido Comunista Chino. Sus palabras pretendieron ser irónicas, pero solo arrojaban a la indiferencia y el ninguneo a los miles de personas que se habían lanzado a las calles a protestar y que, más allá de cualquier opinión crítica, incluida la mía, habían logrado un hecho político masivo, de amplia extensión territorial, que la Presidenta de la Nación no debía despreciar. No es excusa válida para justificar este tratamiento de los medios públicos alegar que las fuerzas de la oposición ya tienen suficientes espacios a los cuales acudir, como Clarín, La Nación, PERFIL, TN o Canal 13, entre otros que, efectivamente, siguen una línea editorial crítica al oficialismo.

El sistema de medios públicos no tiene como función ponerse a disposición del Gobierno, cualquiera sea éste, en las disputas políticas y electorales con la oposición ni tampoco equilibrar las audiencias que los medios privados, por muy críticos que sean, hayan logrado. Ese sistema está concebido para difundir información de interés público y para garantizar el acceso a una programación plural, cuyos contenidos atiendan a nuestra diversidad cultural y ayuden a fortalecer los valores democráticos sin atarse a los números del rating. Al menos, esto es lo que había prometido Cristina al presentar el proyecto de Ley de Medios Audiovisuales, al afirmar que lo que esperaba como resultado de esa ley era que “[…] cada uno aprenda a pensar por sí mismo y decida pensar, no como le marcan desde una radio, desde un canal, sino que, precisamente, pueda acceder a toda la información, a todas las voces… para que entonces, ese ciudadano pueda decidir a qué dios le quiere rezar, a qué partido puede ingresar, quién es el que no le gusta, quién es la que le gusta; en definitiva, yo creo que solamente podemos formar ciudadanos libres si esos ciudadanos tienen la posibilidad de formar su propio pensamiento”. Nótese el cambio de género que seguramente le dictó el inconsciente, al expresar las alternativas entre las cuales la gente puede elegir: “Quién es el que no le gusta, quién es la que le gusta”.

Meses más tarde reafirmaba esos objetivos al decir que la ley buscaba: “consagrar esa pluralidad, estos principios de que todos puedan ser escuchados, que la voz de todos y de todas pueda ser escuchada, la de los que nos gustan y la de los que no nos gustan; la de los que nos conviene y la de los que no nos convienen a cada uno de nosotros”.

Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago Cristina ha hecho muchos reclamos a los medios de comunicación y en particular a Clarín, para que no omitieran información acerca de las obras y los buenos resultados de la gestión de gobierno y que, en suma, no editaran la información con la intención de dañar su imagen. Convencida de que sería ninguneada por los medios, Cristina decía que “las buenas noticias serán prolijamente desinformadas”.

En 2010, luego de aprobada la Ley de Medios y cuando el enfrentamiento con el Grupo Clarín estaba en uno de sus momentos más ríspidos, Cristina relató lo que le había sucedido días atrás. Contó: “Ante una pregunta de un periodista del monopolio contesté, pero la parte en la que hice alusión al lavado de dinero de los accionistas de Clarín, eso por TN no salió, eso lo censuraron, los grandes líderes de la libertad de prensa. Seguramente tienen un curioso concepto de lo que es la libertad de prensa”.

Más allá de las referencias irónicas, el reclamo parece justo. Lo que le quita valor a sus palabras y siembra la sospecha sobre sus intenciones es que esto no se refleja en el sistema de medios públicos, donde se omiten o minimizan las denuncias que incomodan al oficialismo y se destacan solo determinadas voces y ciertas noticias en beneficio del Gobierno. Luego de transcurridos más de cinco años desde la sanción de la Ley de Medios, el sistema público que gestiona el Gobierno no parece haberse encaminado hacia esos objetivos declamados de escuchar todas las voces “la de los que nos conviene y la de los que no nos conviene”, como había prometido Cristina. Se trataba de una oportunidad única para que, con la nueva ley de la democracia, se iniciara un proceso de desconcentración de los medios evitando que el dominio del mercado quedara en manos de pocos y poderosos grupos económicos y se democratizara el acceso a los mismos abriendo las puertas a la pluralidad tantas veces enunciada.

Las dos tareas siguen pendientes.

 

“La libertad de poder expresarse sin que nadie te haga nada”

A Cristina le gusta afirmar en sus discursos que nunca se ejerció el derecho a la libertad de prensa con más libertad que en el período de su gobierno y reduce la argumentación a la evidencia de constatar que las graves imputaciones y descalificaciones que muchas veces se hacen sobre su persona no han sido objeto de ninguna represalia. Así, ha dicho por ejemplo: “Además de tener democracia. Además de tener esta maravilla que es la libertad de poder expresarse sin que nadie te haga nada, tenemos también la maravillosa ocasión de comparar, de recordar y de elegir qué Argentina y qué vida queremos tener”.

En otra oportunidad dijo que no se recordaba: “otra etapa de nuestra vida institucional donde haya habido tanta libertad para todos, para los de abajo, para los del medio, para los de arriba, para que cada uno pueda decir y hacer algunas veces cosas que no debieran ni decir ni hacer, pero tener el derecho a hacerlas y decirlas y que nadie por ello los castigue”.

Frente a un grupo de militantes, en el patio Malvinas Argentinas de la Casa de Gobierno, Cristina aludía a lo maravilloso que es hablar sin violencia “y que nadie te dé un palo en la cabeza”.

Todas estas alusiones expresan una concepción pequeña del derecho a la libertad de expresión que parece agotar su contenido en la falta de represión por parte del poder público ante las críticas al poder. Parece sugerir que si nadie encarcela o reprime al crítico, al muy crítico, aun al que calumnia u ofende, entonces podemos afirmar que hay libertad de prensa y que allí se agota el contenido de este derecho.

Pero la democracia moderna reclama del Estado mucho más que tolerancia; exige la sanción de leyes contra los monopolios u oligopolios en el control de los medios de comunicación y también la sanción de leyes a favor del acceso a la información; una política efectiva de prevención para evitar ataques e intimidaciones a periodistas; equidad y transparencia en la asignación de la publicidad oficial y políticas públicas para garantizar pluralidad y para evitar cualquier presión directa o indirecta sobre la labor de los comunicadores sociales, entre otras medidas.

También Cristina ha dejado traslucir que el periodismo como tal distorsiona la realidad y que sería deseable una comunicación “sin intermediarios” Cuando mantuvo la videoconferencia con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, anunciando la incorporación del Canal de Televisión RT ruso a la televisión digital argentina, se mostró complacida de poder lograr la comunicación “entre ambos pueblos sin intermediarios”.. Esta idea la repitió en cuatro oportunidades insistiendo en que ello permitiría “un acceso a la formación y a la información, a la identidad, a las noticias que se producen en el mundo, en nuestras sociedades, sin intermediarios que nos muestren o nos quieran mostrar las cosas de una manera diferente”. Luego dijo que así los ciudadanos globales podrían tomar “contacto directo de las noticias” y que eso también permitiría que “los argentinos podamos conocer a la verdadera Rusia y a todos los rusos que puedan conocer a la verdadera Argentina, no a la que nos quieren mostrar desde algunos medios de comunicación”.

Si bien toda la videoconferencia es más rica en sus expresiones y conceptos, los párrafos transcriptos reflejan los puntos centrales que tanto el presidente Putin como la presidenta argentina pretendieron destacar.

Se hace necesario interpretar la referencia a la “comunicación entre ambos pueblos sin intermediarios” porque salta a la vista que su sentido no puede ser literal. Los “pueblos” como tales no se encuentran físicamente, ni concurren a la TV y además, hablan distintos idiomas. Tampoco hay una “verdadera Argentina” porque las miradas sobre ella son disímiles, múltiples y diversas.

Lo que aparece en esta conferencia es, precisamente, la negación de ese pluralismo y de esas miradas diversas. Cristina lo dice con todas las letras: quiere evitar “intermediarios que nos muestren o nos quieran mostrar las cosas de una manera diferente”. Pero la libertad de expresión, precisamente, se alimenta de esa pluralidad y por eso se hace necesario garantizar que las distintas miradas, que ven de manera diferente las cosas, tengan posibilidad de acceder a los medios de comunicación y expresarse. Cuanta mayor pluralidad hay, mayor acceso a las diferentes miradas tiene un ciudadano y mayores posiblidades de formar su propio criterio en libertad. Al hablar de la “verdadera Argentina” hace referencia a un modo de ver al país al que le otorga el status de verdadero, que es el de ella y el de su gobierno; por lo tanto descalifica a quienes quieren “mostrar las cosas de una manera diferente” porque encarnan, a su juicio, el status de la falsedad. Así como suele identificar sus propios objetivos y sus propios sueños con los de la democracia, también suele identificarse con la idea misma de país. Lo ha expresado muchas veces, como en aquella oportunidad en que les pedía a los militantes que la escuchaban en los patios de la Casa Rosada que cambiaran la consigna “si la tocan a Cristina qué kilombo se va a armar” por otra que dijera “si tocan a la Argentina qué kilombo se va a armar”, dejando entrever que los ataques que ella recibía no eran contra su persona o su gobierno, sino contra la Argentina.

La búsqueda de acceder a la información “sin intermediarios” también merece una reflexión. Solo quien es testigo de un hecho que constituye una noticia la conoce sin intermediación; pero en un mundo comunicacionalmente inabarcable como el que nos toca casi toda la información llega a través de intermediarios. Esa función la cumplen principalmente los distintos medios de comunicación, entre ellos también las redes sociales.

Por eso, para lograr un debate amplio y democrático se necesita garantizar la existencia de pluralidad de voces. La pluralidad en el acceso a los medios de comunicación es la mejor alternativa democrática al discurso único y al Estado autoritario. Se necesita, por lo tanto, que sean muchos los que comuniquen y muestren las cosas “de una manera diferente”; exactamente al revés de lo que dijo Cristina.

 

Datos sobre la autora

Es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Su trayectoria recoge experiencias tanto en el ámbito público como en el privado.

Fue legisladora de la Ciudad, senadora y diputada nacional.

Durante su paso por la cámara Baja, tuvo un rol clave en la sanción del matrimonio igualitario, como presidenta de la comisión de Legislación General.

Finalizó su mandato en 2011 y desde entonces se desempeña como abogada en la esfera privada.


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