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DOMINGO / LIBRO / El dinero negro en la década kirchnerista
domingo 23 septiembre, 2018

Modelo de corrupción

En El mecanismo, Daniel Santoro revela los negocios por los que Julio De Vido está sometido a cinco procesamientos, y las pistas de una trama que escala hasta Néstor y Cristina. Un fragmento de la investigación describe la matriz de corrupción en los contratos energéticos durante el gobierno de los Kirchner y plantea dudas sobre si Mauricio Macri desarmará el esquema que se montó en esos años.

Daniel Santoro

. Foto: Nacho Palacios

Los distintos gerentes de Odebrecht que pasaron por Argentina entre 2003 y 2015 se sorprendían por la cantidad de librerías que hay en Buenos Aires, el asado, el vino malbec y “la voracidad de dinero que tienen los funcionarios, empresarios y sindicalistas argentinos”. Tenían el “lomo duro” por haber pagado antes sobornos en la Venezuela de Hugo Chávez o el Brasil de Lula da Silva por contratos de obras públicas, pero nunca esperaban encontrar un país “donde les pedían coima desde funcionarios del gobierno nacional, gobernadores, intendentes y sindicalistas”, contó un ex gerente argentino que trabajó años con los brasileños.
La ventaja era que Odebrecht tenía, entonces, un sofisticado “mecanismo” que en la Argentina terminó mejor aceitado y facilitado por empresarios argentinos. Luiz Maneri, uno de los dos gerentes generales que tenía Odebrecht Argentina y desde cuyo despacho, en un edificio del barrio Catalinas, se aprecia una imponente panorámica de Puerto Madero, contó a la Suprema Corte de Justicia de Brasil que apenas desembarcó en Buenos Aires se enteró de que para hacer negocios con el gobierno K “era imprescindible asociarse con empresarios locales” que debían aparecer como subcontratistas de las obras.
Maneri aseguró que uno de los pedidos de coimas lo hizo “el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y dueño de la constructora Esuco, Carlos Wagner”. Llamativamente, Wagner también está siendo investigado en la ruta del dinero K por sus negocios con Lázaro Báez. Puntualizó que por los contratos con Aysa “un depósito de pago de coimas por 7,6 millones de dólares se hizo a Raúl Biancuzzo (de Aysa)” y otro de “6,45 millones a Jorge Rodríguez”. El alto hombre de color explicó que los pagos ilegales fueron hechos a través de transferencias internacionales, sin dar más detalles.
Sin embargo, ya se sabe en la Justicia argentina que entre 2012 y 2014 unos 11 millones de dólares de coimas sobre un total de, por lo menos, 35 millones que la brasileña Odebrecht pagó a cambio de obtener contratos en la Argentina fueron enviados, a través de un sofisticado mecanismo financiero internacional, a una cuenta de la empresa fantasma uruguaya Sabrimol Trading.
Según la Oficina Anticorrupción, Sabrimol es controlada por el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez. La orden de los pagos de sobornos la ejecutaba el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht ante un pedido de los gerentes instalados en las sucursales. Este nombre parece haber salido del libro La estructura ausente de Umberto Eco, pero seguramente los ingenieros de la constructora brasileña no leyeron al lingüista y escritor italiano.
La ruta de este dinero negro, una vez aprobada por Operaciones Estructuradas, empezaba con transferencias que realizaban “doleiros”, como se les dice a los cambistas en Brasil.
Uno de ellos, Olivio Rodríguez Junior, mandó –desde los bancos Meinl de Antigua y Credicorp de Panamá– esos 11 millones usando cuentas a nombre de cinco empresas offshore, entre ellas Klienfeld. Toda esta plata terminó en la cuenta de Sabrimol en el Banco Itaú de Montevideo, donde el dinero era retirado en efectivo, la mejor manera de esconder quién era el destinatario final. En diálogo con este autor, Rodríguez dijo que esa cuenta no le pertenece a él, sino a sus ex abogados y contadores uruguayos, y negó haber cobrado coimas.
Se trata de solo 11 de los 35 millones que Marcelo “el Príncipe” Odebrecht –a quien tras una delación premiada se le redujo la pena de 19 a 10 años y con carácter de prisión domiciliaria en Brasil– admitió ante la Justicia de Estados Unidos que pagó en la Argentina gobernada por Néstor y Cristina. El Príncipe ahora es como la mancha contagiosa para los argentinos, pero antes del escándalo fue recibido por Cristina Kirchner en 2013 con todos los honores en la Casa Rosada y luego fue el principal orador de una conferencia de IDEA. “Un conocido banquero que ayudó a sacar y ocultar la plata de los kirchneristas le decía a Marcelo que quería que lo ayudara a ingresar con negocios al club de los latinoamericanos con mil millones de dólares”, contó el ex asesor de Odebrecht. A ese club pertenece, por ejemplo, el mexicano Carlos Slim, dueño de Telmex. Sin dar el nombre, recordó que “mientras Marcelo estaba en Buenos Aires el banquero argentino lo seguía como una sombra por todas partes”.
“En esa época, Odebrecht, Camargo Correa y otras empresas brasileñas eran las únicas que venían con plata propia a invertir en la Argentina. Venían con créditos blandos del Banco Nacional de Desarrollo (Bndes), y los empresarios y banqueros argentinos querían morder en todos sus negocios”, contó el ex empleado de Odebrecht. Hasta ahora, la cuenta de Sabrimol es la pista más firme para comprobar quiénes cobraron esa plata negra distribuida a través del perfeccionado “mecanismo” de Odebrecht, una de las empresas brasileñas involucradas en el caso Lava Jato. Este escándalo, iniciado en marzo de 2014, puso en marcha el proceso de investigación que cambió la historia de la lucha contra la corrupción en Brasil y, también, afectó al resto de América Latina. Petrobras, la mayor empresa estatal brasileña, ocupó el centro de la causa que investigó el juez federal de Curitiba, Sergio Moro, y que tiene más de 160 arrepentidos, 185 sentencias para 124 procesados con penas de prisión domiciliaria o en suspenso que, sumadas, alcanzan cerca de 2 mil años de cárcel y el encarcelamiento del ex presidente Lula da Silva, empresarios y otros dirigentes políticos. La Justicia brasileña, además, logró recuperar mil millones de dólares de los corruptos y cobrar otros 2.500 millones en multas a las empresas.
Sin embargo, la negativa del gobierno y la Justicia argentinos, hasta ahora, a firmar un acuerdo de cooperación con Odebrecht para intercambiar los nombres de los corruptos por inmunidad penal, civil y administrativa para sus ex directivos en la Argentina ha sido el obstáculo más grande para que las confesiones de los directivos de la brasileña se incorporen a las causas judiciales argentinas. Ante la Justicia de Brasil, el ex directivo de Odebrecht Argentina y arrepentido Flavio Faria –uno de los que influía sobre el Departamento de Operaciones Estructuradas– explicó que mientras Néstor Kirchner estuvo vivo las coimas “fluían” con facilidad, pero tras su deceso en octubre de 2010 hubo dificultades y fue necesario negociar con intermediarios, como el ex de Susana Giménez Jorge “Corcho” Rodríguez.
No obstante, ya se sabe que una parte de los pagos de coimas se hicieron en casi cuarenta transferencias realizadas en dos años y cinco meses entre 2012 y 2014, según una presentación de la titular de la OA, Laura Alonso, ante el juez federal Sebastián Casanello. Este magistrado investiga el capítulo de los negocios de Odebrecht en Argentina dedicado a obras de la empresa estatal de aguas y cloacas Aysa. La OA pidió que estos datos fueran enviados a las otras causas en que se investiga a Odebrecht, como el soterramiento del Sarmiento y la ampliación de gasoductos, porque “el mecanismo” funcionó para la mayoría de los contratos. Las obras que construyó el gigante brasileño en Argentina en total son: Central Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú (1989), Autopista Acceso Oeste (1996), ampliación de los gasoductos Libertador General San Martín y Neuba II (2005), ampliación de la capacidad de transporte firme de gas (2007), sistema de potabilización del área norte (2008), primera planta de reformado catalítico continuo del país (2009), plan de acción para la certificación en seguridad, medio ambiente, y salud de Petrobras (2010), proyecto Potasio Río Colorado (2010), soterramiento del Ferrocarril Sarmiento (2011) y ampliación de la capacidad de transmisión eléctrica de la provincia de Buenos Aires (2015). Solo entre 2005 y 2014 Odebrecht obtuvo contratos en la Argentina por 278 millones de dólares.
¿Cómo se pagaban las coimas que salían de los sobreprecios?
La multinacional brasileña usaba una sigla encriptada llamada “DGI” –nada que ver con el organismo recaudador de impuestos de la Argentina– para encubrir el pago de coimas en sus documentos internos. Las “propinas” en América Latina y Africa llegaron a un total de 788 millones de dólares.
Entonces, todo papel que tuviera la sigla “DGI” en la jerga interna de Odebrecht significaba que en ese contrato se había pagado un soborno o asumido un compromiso de financiar una campaña política. Por ejemplo, en un correo electrónico fechado en junio de 2010 y secuestrado por la Justicia de Brasil se habla de una reunión para debatir el pago de un supuesto soborno con Javier Sánchez Caballero, directivo de Iecsa, la empresa que hasta 2017 era del primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra. El ejecutivo de Odebrecht, Mauricio Couri Ribeiro, anotó “DGI - Contacto directo” en el mail. Voceros de Iecsa dijeron a este autor que “todas las reuniones que mantuvieron los directivos de la empresa fueron para hablar de cuestiones técnicas” y negaron haber participado del pago de sobornos. Sin embargo, en su confesión ante la Suprema Corte del Brasil, Maneri aseguró que Sánchez Caballero le pidió coimas para funcionarios argentinos por “2,9 millones de dólares” para la obra del soterramiento, un contrato de nada más y nada menos que de 3 mil millones de dólares.
Según publicó el diario O Estado de São Paulo, en otro mensaje titulado “Reunión - Sarmiento”, Couri Ribeiro relata tres valores de DGI (coimas) por un total de 20 millones de dólares. En la causa del Lava Jato en Brasil, el ejecutivo de Odebrecht ya aparece mencionado por un intercambio de mails con Manuel Vázquez, el asesor y testaferro del ex secretario de Transporte K Ricardo Jaime. En esos mails, aportados por la diputada Graciela Ocaña a la Justicia argentina, Vázquez le pide a Couri Ribeiro que le destrabe un pago sospechoso de 80 mil dólares. Se trataría de una coima por la monumental obra del Sarmiento. “Estimado Mauricio, en el extracto de la cuenta no existe ese depósito. Todo este proceso me parece vergonzoso”, le escribió indignado, como si estuviera pidiendo un pago legal, Manuel Vázquez a Couri Ribeiro, quien luego le agilizó el desembolso. El entonces subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Economía, Juan Carlos Barboza, el funcionario que recibió a Couri Ribeiro en 2008, afirmó que en esos encuentros se habló sobre el financiamiento de la obra y dijo que “nunca le ofrecieron coimas”.
Pero confirmó que uno de los más interesados en el soterramiento “era Manuel Vázquez”, el asesor de Jaime involucrado en otras causas, como la compra de un Lear Jet y un yate para el ex secretario de Transporte.
Ese mail está en la causa del soterramiento, pero hasta ahora solo se tienen pruebas oficiales de aquellos pagos realizados entre 2012 y 2014 en el caso Aysa. Alonso y el director de investigaciones de la OA, Ignacio Irigaray, afirmaron que estiman que la plata negra retirada del Itaú de Montevideo en efectivo luego era cargada en aviones de Corcho Rodríguez que aterrizaban en el aeropuerto de San Fernando para ser entregada supuestamente a los funcionarios K que habían autorizado los pagos a Odebrecht (...)

Otra cuenta oculta en Uruguay sin investigar
Paralelamente, este autor descubrió que los ex abogados uruguayos del Corcho Rodríguez comparten una cuenta en Uruguay con el ex director de Infraestructura de la sucursal de Odebrecht en Argentina, Rodney Rodrígues Carvalho, que podría ayudar a reconstruir este “mecanismo” de pago de coimas.
Se trata de la caja de ahorro en dólares número 8370926 del Banco Itaú de Montevideo que, hasta ahora, no había sido detectada por la Justicia argentina. Además del directivo de la constructora brasileña, figuran como titulares el ex abogado del Corcho Carlos Dentone, y su ex escribano, Martín Molinolo. Esta cuenta fue reportada en Montevideo en la causa por lavado de dinero del caso Odebrecht que investigan la jueza y el fiscal contra el crimen organizado de Uruguay, Beatriz Larrieu y Luis Pacheco. Es como si después de que el Corcho los presentara, los brasileños y uruguayos armaran su propia ruta del dinero. El juez Casanello está investigando esta segunda cuenta aparecida en el Itaú de Montevideo y revelada por este autor.
En declaraciones ante la Justicia uruguaya, Dentone negó que haya pagado coimas y dijo que los giros de la cuenta de Sabrimol tienen que ver con su “actividad laboral y comercial” en la zona franca del puerto de Montevideo. También aseguró que hizo pagos para “los estudios de viabilidad del proyecto de construir un estadio Arena” en San Isidro, Buenos Aires, que impulsaba Corcho Rodríguez con el apoyo del banco norteamericano Goldman Sachs. Dentone también afirmó que en 2012 hubo cambios en su estudio y Molinolo fue reemplazado por Pablo Correa. Ante el Banco Itaú se declaró que los beneficiarios finales de Sabrimol, según dice la nota, son “Dentone (33%), Pablo Correa (33%), Molinolo (50%) y Osvaldo Gandini (33%)”. Otra fina pantalla que encubre a quienes cobraron los 35 millones de dólares, cuyas primeras grietas permitieron al juez Casanello llamar a indagatoria, también en la causa Aysa, a De Vido y Baratta. (...)
Pero Sabrimol no es la única pista de este “mecanismo” de pago de coimas. Carlos Alexander de Sousa Rocha, investigado por la Justicia como uno de los valijeros del Lava Jato, entró a la Argentina treinta veces entre 2007 y 2012 y no solo siete, como se creía hasta ahora. Y todas sus entradas fueron por dos o tres días como máximo. Las diputadas de Cambiemos Elisa Carrió y Paula Oliveto habían denunciado que De Sousa Rocha, sindicado como el supuesto portador de valijas con dólares en efectivo para pagar coimas a funcionarios argentinos, había ingresado siete veces al país.
Sin embargo, fuentes policiales explicaron que, en realidad, ingresó treinta. Sucede que siete veces ingresó y llenó él mismo las boletas de registro de entrada, pero las otras estaban firmadas por un remisero que lo ponía como pasajero, lo que dificultaba su identificación. En la Justicia se presume que sería uno de los valijeros del Lava Jato que traía los sobornos al contado.
Voceros de la empresa Odebrecht afirmaron que el brasileño Carlos Alexander de Sousa Rocha “no tiene relaciones” con la firma y que puede ser que en las denuncias se hayan confundido con un empleado con un nombre parecido. Fuentes judiciales relacionaron a De Sousa Rocha no con Odebrecht, sino con otra empresa brasileña, OAS, también involucrada en el Lava Jato, y con negocios en Argentina. En fuentes judiciales se sospecha que ingresaba por esa vía terrestre para supuestamente traer bolsos con plata y que así se pagaran parte de las coimas a funcionarios argentinos entre 2008 y 2015. Los pagos en efectivo no dejan obviamente registros bancarios y por eso son preferidos para ocultar coimas Los treinta ingresos y sus respectivas salidas fueron a través del Puente Tancredo Neves, que une Foz de Iguazú, Brasil, con Puerto Iguazú, Argentina, con excepción de una vez, que entró por el aeropuerto internacional de Ezeiza. Desde 2017, Carrió apunta a los movimientos de De Souza Rocha, alias “Ceará”, vinculado a otro compatriota, el cambista Alberto Youssef, otro que se acogió al régimen de delación premiada ante la Justicia del Brasil y en la serie de TV El mecanismo aparece con el seudónimo de Roberto Ibrahim. (...)
Investigado, imputado o procesado, De Vido es una figurita repetida en todas las causas abiertas por los contratos con Odebrecht. En 2018, el juez Daniel Rafecas procesó por negociaciones incompatibles con la función pública a De Vido, junto a Daniel Cameron (ex secretario de Energía) y a los ex subsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles Bautista Marcheschi y Cristián Alberto Folgar Batista, respectivamente, en la causa por la ampliación de los gasoductos. Este delito, previsto en el art. 265 del Código penal, implica penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Este procesamiento se dictó antes de que se conocieran los videos de las confesiones de los arrepentidos de Odebrech (62) en los cuales Marcio Faria –uno de los dos gerentes de la brasileña en la Argentina– contó que los contratos y las coimas “fluían normalmente” en la Argentina hasta la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010. Faria le contó a la Suprema Corte de Justicia de Brasil –que debe homologar los acuerdos firmados por los jueces de instrucción y graba las confesiones– que cuando falleció Néstor dio la orden de suspender el pago de “propinas” (coimas) a la espera de ver qué pasaba en el gobierno de Cristina Kirchner. Sucedió que entonces, desde el Ministerio de Planificación, empezaron a retrasar los pagos a Odebrecht y otras trabas burocráticas. Entonces, su subordinado Flavio Bento Faría le contó que se le había presentado Jorge “Corcho” Rodríguez como el contacto con el gobierno argentino. El ex de Susana Giménez se constituyó en un “facilitador” entre la empresa y el Gobierno K y a partir de entonces “se reanudó el pago de coimas” y no hubo más problemas con los contratos. Entre 2007 y 2014, dijo que por los gasoductos “pagamos 25 millones de dólares en coimas”. Maneri precisó que constató la relación entre Rodríguez y Baratta, quien se encargaba de “definir la prioridades de pago” de las obras públicas. Y que Rodney Rodrígues le dijo que el Corcho quería “una participación” por el destrabe de cada factura que el Gobierno le pagara a Odebrecht.


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