El doctor Daniel Sabsay es profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y director de la carrera de posgrado de Derecho Constitucional en la misma universidad. En las últimas semanas sus declaraciones han sido motivo de infinitos comentarios y discusiones, en particular acerca de la posibilidad de que la Presidenta no fuera abogada.
—¿Ha tenido alguna novedad al respecto?
—No. No he tenido ninguna novedad. Realmente me sorprende que no haya aparecido el diploma de la señora presidenta. Sería tan fácil taparme la boca. Yo desearía fervientemente que lo tenga, pero cada vez tengo más dudas al respecto. Sobre todo a medida que pasa el tiempo.
—Estamos viviendo un momento jurídico particularmente interesante. Por ejemplo, doctor Sabsay, ¿cómo vería la posibilidad de ampliar la Corte Suprema de Justicia?
—Yo soy reacio, por el país en el que vivimos, a que se modifique el número de miembros de la Corte Suprema –aclara Sabsay–. Y le explico por qué: más allá de lo que pueda ser mejor técnicamente, sabemos que siempre los poderes políticos tienden a intentar poner trampas. Es decir, en este caso, ampliar para hacer una Corte a medida, que fue lo que hizo Menem. Entonces, por el momento, hasta que no haya una mínima transparencia en la misma honestidad pública yo no quiero que se modifique nada de la Corte. Que queden los cinco miembros actuales; que se renueven naturalmente y que la Corte se renueve con las próximas autoridades porque se va a renovar el consenso. Falta muy poco. Es más: Zaffaroni se va recién después del 31 de diciembre. Después viene la feria judicial. O sea que, realmente, el problema empieza en febrero. La mayoría de la Corte se conforma con tres miembros. Van a ser cuatro, y si no se logran los tres votos se nombra a un conjuez que se sortea entre los presidentes de las cámaras federales y nacionales.
—¿Y qué ocurre en caso de que no se logren los votos necesarios?
—Se sortean los presidentes, se pone al que falta y, si no se logran esos tres votos, que hasta ahora se han logrado siempre, bueno… ahí se va a lograr. Mire, no hay que forzar a un gobierno que ya se modificará dentro de pocos meses y a un Senado que también se va a modificar en pocos meses. Entonces, no forcemos una designación. Es innecesario hacerlo antes del 10 de diciembre de 2015.
—La partida del doctor Zaffaroni es una pérdida muy sensible para el Gobierno, ¿no es cierto?
—¡Sin ninguna duda! –exclama Sabsay enfáticamente– El doctor Zaffaroni ha sido un miembro de la Corte Suprema capturado. Se lo veía íntimo del vicepresidente Boudou, a quien recibía en su casa. Además, siempre fue funcional al Ejecutivo y de manera ostensible. La carta de renuncia del doctor Zaffaroni parece realmente, a través de sus finos adjetivos, la de un lacayo a su monarca. Por ejemplo, expresiones como “… quedo absolutamente a su buena disposición…”. En fin, yo no podría hacerlo tan barroco. O sea que esto sólo muestra la actitud de alguien que, personalmente, me ha desilusionado muchísimo. Cuando fue candidato a la Corte yo apoyé al doctor Zaffaroni y sentí que si se lo impugnaba era por un tema ideológico, aun cuando teníamos posiciones ideológicas diferentes. No me parecía justo que hubiera un control ideológico, pero lo que yo no me imaginaba era que iba a ser un juez tan poco independiente y que, además, se descubriera que en ocho de sus departamentos había prostíbulos y que no se lo investigara.
—¿Cómo quedó finalmente ese tema? Se trataba de una terrible acusación, ¿cuál fue la respuesta?
—No se investigó nada, y no fue sólo una acusación. Es una demostración. La Alameda demostró que siete u ocho (creo que eran ocho) departamentos de propiedad del doctor Zaffaroni se utilizaban como prostíbulos. Esto quedó totalmente demostrado. El doctor Zaffaroni dijo que él no se había ocupado del tema porque se lo administraba la persona que vive con él, y así quedaron las cosas. Imagínese usted, en primer lugar, es imposible que alguien que recibe entre cinco y ocho veces más valores por sus alquileres no advierta que algo raro está ocurriendo. Y, en segundo lugar, es mucho más difícil pensar que la persona con que uno vive no comente algo al respecto. En tercer lugar, desde el punto de vista de la responsabilidad civil, todas las personas adultas y capaces estamos obligadas por el destino de nuestros bienes. Por lo tanto, aun cuando no hubiéramos tenido la certeza, aun cuando no nos hubiéramos ocupado de nuestros bienes, hemos omitido una obligación sumamente importante que encubre delitos.
—¿Exactamente en qué términos?
—Es cierto que quien se prostituye, si es mayor de edad, no comete delito, pero casi siempre se dan dos delitos: el “rufianismo”, es decir, la persona que explota a otra, el proxeneta. Y la trata de personas. Casi siempre estos delitos están ligados. Se ha demostrado que la gran mayoría de las personas que se prostituyen lo hacen contra su voluntad, forzadas por mafias horrorosas que les quitan los documentos, las drogan. Un drama atroz. Entonces, que un ministro de la Corte o cualquier juez resulte propietario de prostíbulos, y que esto pase como un hecho cualquiera, está mostrando el estado en el que se encuentran nuestras instituciones.
—En este momento también hay diferentes discusiones: por ejemplo, acerca de la reforma al Código Procesal Penal. Justamente el ex ministro de Justicia León Arslanian defiende la reforma pero, eso sí, pide eliminar la figura de “conmoción social”.
—Yo no coincido con lo que dice el doctor Arslanian, a quien respeto, por una cuestión muy sencilla: una de las claves de la reforma es algo que, en abstracto, es bueno. Me refiero a dividir los roles del que investiga con aquel que juzga. Es decir, que no se superpongan en la misma persona, que es el magistrado, porque eso le quita imparcialidad. El fiscal entonces va a investigar y el magistrado va a juzgar. Para que eso pueda darse tiene que haber un ministerio público fiscal independiente, imparcial y absolutamente fuera de toda presión. En particular cuando se trata de delitos de corrupción. Allí está la trampa: lo que tenemos como ministerio público fiscal encabezado por la doctora Gils Carbó es el encubrimiento permanente. Es todo lo contrario de lo que implica la independencia. Ella incumple la ley todos los días porque les imparte órdenes a los fiscales acerca de cómo deben actuar; qué deben investigar o no, lo cual está expresamente prohibido por el marco jurídico, que exige lo contrario. Entonces ya esto solo me lleva a estar en contra de la reforma porque les está concediendo un enorme poder a los fiscales. Y si los fiscales son “mandaderos” del Poder Ejecutivo estamos en el peor de los mundos.
—¿El Código Procesal Penal le parece criticable en todos sus puntos?
—En abstracto, es bueno. El problema está en las circunstancias. No va a haber independencia. Ya vemos lo que ocurre con aquellos que llevan a cabo el rol de fiscales. Por ejemplo, el caso Campagnoli: fue el único fiscal que se animó a investigar la ruta del dinero y la mafia de Lázaro Báez, ¿no es cierto? Y bueno, ¡ya sabemos cómo terminó! No pudieron echar a Campagnoli porque hubo una presión social muy grande, y esto demuestra la importancia de que los ciudadanos salgamos a la calle y exijamos. Pero todos los demás ¡no investigaron nada! Semejante bochorno cuando la investigación ya estaba prácticamente sobre la mesa desde que se investigara en el programa de Lanata. O sea que no quedaba mucho por investigar: lo que había que hacer era, simplemente, seguir esos hilos ya investigados por grandes periodistas como Wiñazki, como Geuna, etc.
—¿Cómo queda entonces la situación de un fiscal a quien le haya pasado lo mismo que a Campagnoli, al que, además, le han desmembrado el equipo?
—Evidentemente, esto último lo pone en una situación de extrema debilidad porque es un equipo que Campagnoli formó, integró, y con el que trabajó durante años. Entonces esto está hecho a propósito. Es un poco como cortarle las manos. Igualmente es un hombre muy avezado que va a seguir investigando. Estoy convencido de esto. Además, los hechos demuestran la honestidad de Campagnoli porque lo que hicieron con él es de una perversidad que no tiene antecedentes. No sólo lo suspendieron sino que le rebajaron el sueldo. Esto nunca había ocurrido: un señor viudo, con cinco hijos, y honesto, por añadidura. Sé, positivamente, que no llegaba a fin de mes.
—¿No hubo ningún atisbo de marcha atrás?
—Lo que ocurre es que, como no tuvieron la grandeza de retirar el juzgamiento, dejaron que se extinguiera la acción. Recuerde que hay un plazo durante el cual, si no se impulsa la acción, se cierra el juicio. Lo hicieron así para que, de este modo, no se viera la barbaridad que habían cometido. Ni siquiera tuvieron la grandeza de reconocerla. Además, defeccionó gente de ellos. Fíjese que, aun teniendo gente tan comprada, le faltaron votos.
—Doctor Sabsay, ¿y qué opina acerca del proyecto de ley para regular las telecomunicaciones?
—Me parece gravísimo porque está armado, precisamente, contra el Grupo Clarín. Además, crea el peor monopolio que puede existir: beneficia a todas las telefónicas. Pueden tener canales de aire, cosa que ya no existe en el mundo. ¡Si hay empresas poderosas son justamente las telefónicas! Eso sí es un verdadero monopolio. Es terminar con la libertad de información. Bueno, ya está ocurriendo, por ejemplo, con Telefe: nunca se animaron a sacársela a Telefónica. La Ley de Medios lo prohibía. Entonces, ahora la reforman diciendo que se puede. Pero ¿qué es Telefe? Un híbrido.
—Legalmente ¿cómo ve el sendero por el que transita una ley aprobada, como la Ley de Medios, y luego reformada?
—No hay ningún tipo de seguridad jurídica, y la van adaptando no para los intereses generales sino para las situaciones que presenta cada caso. De este modo persiguen a grupos y personas. Los amenazan, los extorsionan. Esto demuestra que la Ley de Medios en su primera parte es pura poesía hablando de que las pequeñas ONG deben tener sus medios, las comunidades aborígenes, ídem, que el pluralismo, etc. En fin, ¡todas mentiras! ¡Ni uno les dieron! Lograron, eso sí, más del 80% para ellos. Entonces, ésta es la gran realidad. Ese es el gran objetivo: dominar los medios. Por algo son tan amigos de Putin. Incluso, Putin mata a los periodistas que no le gustan. No sólo tiene todos los medios... Recuerde usted que Putin era el director de la KGB, así es que su nombre está unido al Gulag.
—Nos remontamos a Stalin.
—Claro, pero como es más joven no se advierte tanto su estricta observancia stalinista. Y lo demuestra, ¿cuál es la diferencia?
—En cuanto a las relaciones internacionales también tenemos actitudes que llaman particularmente la atención. Mientras comentamos una durísima carta al presidente Obama con respecto al nombramiento de una funcionaria de su administración, la señora Soderberg, anudamos lazos con Ahmadinejad que niega el Holocausto. Creo que, incluso, usted se lo hizo notar al canciller Timerman.
—Desde ya: una verdadera traición. No sólo por tratarse de un canciller de un país democrático sino porque en el caso del canciller Timerman se suma su condición de judío. Que un judío se siente a negociar con un tipo que niega el Holocausto y dice que hay que borrar de la faz de la Tierra al Estado de Israel realmente es un hecho indigno.
—Pero ¿cómo se explica esta inclinación hacia aquellos que niegan el Holocausto?
—A mí me sorprende muchísimo, porque tal como lo dije en Mar del Plata, en el coloquio de IDEA, como matriz, el sistema impuesto por el chavismo, y que el kirchnerismo ha seguido claramente, es una matriz propia del nazismo y también del stalinismo. Es decir, el discurso amigo-enemigo de Goebbels. La total destrucción de la separación de poderes y la utilización del Parlamento simplemente como “levantamanos”, el fin de la libertad de expresión, la destrucción de la independencia de la Justicia, los batallones militantes que se introducen en las escuelas o inciden sobre la educación de nuestros niños, la existencia de otros grupos armados como el de Milagro Sala que, curiosamente, utiliza el mismo saludo que el saludo nazi con la mano derecha en alto, y tenemos las filmaciones, indica que hay un ADN con cosas muy comunes. Esto es cierto y el tema es la magnitud. No digo de ninguna manera que tenga la misma magnitud, pero es el huevo de la serpiente. Millones de espectadores hemos visto la película de Bergman: empieza como un huevo de serpiente que va enroscándose. Cuando uno quiere acordar ya tiene la soga al cuello. Son procesos que llevan tiempos distintos. La sociedad argentina pudo resistir ciertas cosas: por ejemplo, cuando la sociedad sale a la calle para impedir la re-reelección; cuando frena la llamada “democratización de la Justicia” que, en realidad, es la dominación de la Justicia; cuando evita que se saque a Campagnoli, y esperemos que haga otro tanto con los jueces de los jubilados, doctores Herrero y Fernández, dos ilustres jueces que son camaristas federales de la previsión social.
—¿Y de qué se los acusa?
—Ellos, aplicando los casos Badaro I y II de la Corte Suprema, han hecho lugar a medidas cautelares interpuestas por jubilados muy mayores para que se les hagan los ajustes correspondientes de modo de no morir sin percibir los haberes que se les deben. Como estos dos jueces son de los pocos que hicieron lugar a estas cautelares, y de este modo obligaban a la Anses a pagar, los están sometiendo a un juicio político con el fin de echarlos. Justamente el jueves pasado nos reunimos frente a la Magistratura, de la misma manera en que se hizo frente al jurado que quería enjuiciar a Campagnoli, para pedir claramente que no se cumpla semejante atrocidad.
—¿Hay sordera en el oficialismo acerca de este tema?
—Sí, es una gran necedad, pero no van a juntar los votos. Sobre todo si la gente se mueve como lo ha hecho.
—Por último, esta medida que suspende la adecuación forzosa hasta que se defina la cautelar principal, ¿qué alcance va a tener?
—Por ahora paraliza la posibilidad de la adecuación forzosa hasta que no haya una sentencia sobre el fondo de la cuestión. Pueden pasar muchos meses.
—¿Y cuál puede ser el futuro de jueces como el que usted llama “el juez del anillo” (Oyarbide) en el próximo gobierno elegido en 2015?
—Yo espero que se lo remueva. Pero no sólo a él sino que hay que investigar a muchos por haber actuado abiertamente a favor del Gobierno, a favor de la corrupción, deteniendo juicios adrede esperando que prescribieran las acciones precisamente para que no se juzguen. Lo mismo que pasó con la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner en la que el doctor Oyarbide actuó en forma “exprés”, no tuvo en cuenta la mayor parte de la prueba y nadie apeló. Los fiscales están obligados a apelar. Y había dos fiscales: el fiscal de la causa y el fiscal de Investigaciones Administrativas, ya se había ido el doctor Garrido, que deberán ser juzgados porque no cumplieron con su deber.